Cuando se renuevan las autoridades por la elección de un nuevo presidente, este suele enviar al Congreso de la Nación un paquete de medidas para darle un primer envión a su flamante mandato.
Dicho paquete suele denominarse “ley ómnibus”, y que según la definición de Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se trata de una ley que regula materias múltiples, en principio conexas con la política económica, pero impropias del contenido de una ley presupuestaria, exclusivamente. Es decir, se trata de un tipo de norma que regula materias que, por su contenido, deberían estar en leyes separadas o que, referentes a un mismo contenido, tienen como finalidad ratificar decretos-leyes separadamente publicados. Este tipo de iniciativas, generalmente, contemplan como núcleo fundamental de su reforma materias de política económica.
Antecedentes
El 8 de julio de 1989, en el marco del descalabro económico y social (hiperinflación incluida) que dejaba el gobierno de Raúl Alfonsín, asumía de forma adelantada la presidencia Carlos Saúl Menem.
El 24 de julio, apenas dieciséis días después, la mesa de entradas del Senado de la Nación le asignó el número 60-66-67/89 al paquete de medidas enviado por el riojano.
Si bien por un tema protocolar fue enviado a comisiones, la ausencia de tiempo para trabajar y emitir dictamen obligó a tratar el proyecto sobre tablas, por lo cual requirió de una mayoría especial para su aprobación.
Las leyes ómnibus de Menem fueron sancionadas el 17 de agosto y el 1 de septiembre de 1989, y se les asignó el número 23.696 y 23.697, respectivamente.
Por su parte, Mauricio Macri aplicó un modus operandi similar en 2019. El 20 de diciembre presentó por mesa de entradas su batería de medidas (el proyecto 150/19 tiene 58 hojas), la cual fue tratada sobre tablas y aprobada el 21 de diciembre, solo veinticuatro horas después. La Ley 27.541 fue promulgada mediante el Decreto 58/19.
Lo que viene
La plataforma de “La Libertad Avanza” presentada en la Cámara Electoral propone, en relación al mundo del trabajo y bajo el título “REFORMA LABORAL”, las siguientes propuestas:
- Promocionar una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad.
- Reducir las cargas patronales que gravan el trabajo
- Promover la libertad de afiliación sindical
- Promover la limitación temporal de los mandatos sindicales.
- Reducir los impuestos al trabajador.
- Recuperar, con inversión privada, las escuelas de artes y oficios.
- Crear una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado.
- Reemplazar la actual Ley de Riesgos del Trabajo, sin efecto retroactivo, por una legislación acorde al contexto internacional.
- Recuperación y jerarquización de la carrera administrativa estatal.
- Achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser.
Queda en evidencia que los autodenominados libertarios tienen la intención de atacar, fundamentalmente, la regulación protectoria de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y las bases del modelo sindical argentino instituído a través de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.
Es una incógnita cuántos de estos objetivos serán incluidos en el primer paquete de medidas que envíe el presidente Javier Milei al Congreso. Pero es importante recordar que tanto la cámara alta como la baja quedaron conformadas según los resultados de la elección general y no del balotaje.
Seguramente, las medidas que atenten contra los trabajadores encontrarán resistencia en diputados y un verdadero obstáculo en senadores. Pero si el movimiento obrero organizado no desarrolla un plan de acción que vaya mucho más allá de lo defensivo, difícilmente la legislación peronista sobreviva a los embates del tándem Macri/Milei.
