La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) alertó sobre el «impacto desigual» que produciría el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) en el industria minera.
El gremio manifestó su preocupación respecto a uno de los puntos más polémicos del proyecto de Ley de Bases que comenzó a tratarse en las comisiones del Senado.
Los jerárquicos mineros expusieron acerca de los riesgos de la implementación del RIGI sobre las pequeñas y medianas empresas y proveedores locales de la industria minera en el país.
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«Observamos con preocupación cómo este régimen ayudaría de manera desproporcionada a las grandes empresas extranjeras en términos tributarios, aduaneros y cambiarios, lo cual sería un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de las Pymes y proveedores locales», destacó la ASIJEMIN.
La entidad que conduce Marcelo Mena señaló en un comunicado que desde un punto de vista jurídico, se plantean serias dudas sobre el RIGI, sugiriendo la posibilidad de que se generen enclaves federales en las provincias y se concentre el control de estas inversiones exclusivamente en manos del gobierno nacional, en detrimento de los principios de descentralización y autonomía provincial.
«La falta de regulación en términos de porcentaje de insumos y mano de obra nacional podría debilitar considerablemente la capacidad de las Pymes y proveedores locales para competir en igualdad de condiciones en el mercado minero», apuntó.
En ese marco, el sindicato entiendo «fundamental establecer un marco regulatorio equitativo que proteja los intereses de los actores locales y promueva un desarrollo sostenible en la industria minera«.
Por lo tanto, ASIJEMIN propuso una legislación de Inversión Nacional que garantizaría que estas empresas locales reciban una parte justa de los contratos y oportunidades de negocio en la industria minera, fortaleciendo así el tejido empresarial interno y generando empleo local.
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«La inversión nacional no solo beneficia a las empresas locales, sino que también impulsa el desarrollo económico en las comunidades donde se llevan a cabo las operaciones mineras. Al priorizar a los proveedores locales, se promueve la creación de cadenas de suministro regionales sólidas y se generan ingresos que contribuyen al crecimiento de las comunidades circundantes», detalló.
El gremio sostuvo que la propuesta es posible a través de facilidades de acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, transparencia en los procesos de contratación, establecimiento de reglas claras, estímulo a la innovación y la tecnología, protección de los derechos laborales y ambientales, participación en la toma de decisiones, entre otros programas de apoyo que fortalezcan su capacidad competitiva y contribuyan al crecimiento económico y social de nuestras comunidades mineras.
ASIJEMIN instó a las autoridades a tomar medidas que corrijan esta disparidad y garanticen condiciones justas para todas las empresas involucradas en la actividad minera en Argentina.