Las sesiones parlamentarias de este lunes, última semana de la Conferencia Internacional del Trabajo anual, tuvieron un condimento geopolítico que logra dejar entrever cuál es el estado del mundo laboral en varias partes del planeta.
En el caso de la región latinoamericana, dos ponencias en la sesión de la tarde puntualizaron sobre ello. Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) observó con buenos ojos la creación de una coalición mundial por la justicia social en el marco multilateral.
“No entendemos los conflictos armados como enfrentamiento entre buenos y malos, sino que podemos ver los intereses que los mueven y sabemos que no son ajenos”, destacó. Durante la sesión parlamentaria de la mañana, las delegaciones de Rusia, China, Cuba, Venezuela e Irán pidieron réplica y se manifestaron en contra de las sugerencias que sometió a votación la OIT para el ámbito laboral en Beralus.
Las delegaciones mencionadas destacaron que la OIT no debe ser una plataforma para actuar contra otros Estados ni intervenir en sus asuntos internos y se opusieron a las sanciones que puedan generarse contra Belarus. Por la tarde, Fuentes recogió el guante y habló del Fondo Monetario Internacional y subrayó que los programas económicos que propone el organismo de crédito internacional provocan graves conflictos en el mundo laboral de los trabajadores y trabajadoras de los países deudores.
Citó el informe que elaboró la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas titulado índice global de derechos y detalló que en el 92 por ciento de los países relevados se vulnera el derecho de huelga, cuatro puntos por encima del 88 por ciento en 2021. Además, en el 88 por ciento se impidió el registro de sindicatos y en el 76 por ciento se vulneró el derecho a la negociación colectiva.
Matías Cremonte, presidente la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) destacó que “el solo hecho de trabajar por cuenta ajena debe garantizar dignidad”, en relación a la situación actual del mundo laboral en la región, la informalidad y el cuenta propismo. El representante sindical mencionó que luego de la pandemia se generó una “fuerte recomposición de una tasa de ganancia empresaria” pero eso no se vio traducido de igual forma en el poder adquisitivo de los salarios.
Cremonte puntualizó en la necesidad de pensar y construir un “mundo de trabajo con equidad de género, sin violencias ni discriminación” e invitó a pensar en contra-reformas que busquen volver a garantizarle fuerza y capacidad negociadora a los sindicatos como así también generar ámbitos laborales de mayor dignidad. En la historia argentina, la palabra reforma en el ámbito público está vinculada a la pérdida de derechos. Sin embargo, por la situación actual de crisis múltiple que atraviesa el mundo, varios países encaran reformas laborales, como es el caso de Colombia, que buscan revertir esta situación de desigualdad.
“No podemos seguir afirmando que el trabajo no es una mercancía. Pues lo es, y se paga por debajo de su valor”, sostuvo el representante y dijo que la crisis del trabajo no tiene que ver con la industrialización sino con la falta de derechos laborales.
Desterritorialización de la vida del trabajador
En la sesión plenaria de la mañana, Luis Miguel De Camps García, ministro de Trabajo de la República Dominicana, realizó un llamado de alerta a la OIT ante la necesidad de atender la regulación internacional del trabajo des-localizado, un concepto que hasta ahora no había sido utilizado por otra delegación. «No nos referimos aquí a la economía de plataforma, sin o a aquellas relaciones laborales transfronterizas que a través de los avances de la comunicación han hecho posible la ejecución del trabajo des-localizado».
Algo parecido sostuvo la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Cerna Lesly Sarahí, quien propuso que la mirada internacional sobre el trabajo comience a trabajar en «un abordaje mucho más humano, solidario y cercano a las prioridades en materia de empleo, seguridad social y trabajo decente».
Sobre la des-territorialización, y por primera vez, luego de 80 años de celebración internacional del trabajo, el español será un idioma oficial de la OIT y los informes que allí se expresen deberán ser traducidos en este sentido, al igual que el francés y el español. El proyecto fue fuertemente acompañado por las delegaciones, representantes de trabajadores y trabajadoras de habla hispana. La medida contribuirá a una mejor democratización de la palabra y ayudará a que las discusiones en acerca de la redacción de las recomendaciones tenga igualdad de condiciones para los países que practican esa lengua.
