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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Lado B de la negociación por el Superintendente de Salud: la CGT consiguió que el Presidente avale un viejo pedido gremial

Se trata de una resolución que obliga al trabajador que se incorpora a una actividad a permanecer en la obra social de origen para evitar el traspaso de aportes a otra.

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Si la promesa presidencial se cumple, la CGT tendrá en estos días venideros una resolución del ministerio de Salud en la que se obliga al trabajador a permanecer en la obra social de origen de la actividad antes de desregular a otra por lo menos por un año. Ejemplo: si un restaurante contrata a un mozo, ese empleado no podrá derivar el aporte a otra obra social que no sea la de Gastronómicos. Aunque esa normativa es un reclamo sindical que data de años, recién se cristalizará ahora.

De esta manera, los gremios, en épocas de vacas flacas porque no se genera empleo privado y en muchos rubros hay cierres y despidos por lo que merman los afiliados, podrán apropiarse de un dinero extra en esta era de erogación de gastos por tema pandemia. Es trillado escuchar de muchos dirigentes que “el sindicato banca a la obra social por falta de fondos”.

“Lo que se busca es que la gente se afinque en esa obra social de origen para que cuando pase un año no se mueva a otra. Supongamos que durante ese primer año o bien recibió buena atención y se quede; o bien no le hizo falta usar el servicio de salud y deje de preocuparse por pasarse”, grafica un conocedor del tema salud. Completa: “A su vez, el padrón de la obra social se ve engrosado, lo que permite robustecer los giros que hace la Superintendencia por cantidad de afiliados”.

La cronología de los hechos da cuenta de que el 6 de mayo la CGT visitó al presidente Alberto Fernández en Olivos: allí estaba también la ministra de Salud, Carla Vizzotti. De ese mitin se fueron sabiendo que el Estado repartirá 11.000 millones de pesos destinados al rubro “Discapacidad”; una cuenta multimillonaria dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El crecimiento de esta caja en los últimos 5 años fue exponencial y acaso descontrolado: no solo no se controla, sino que se paga por prescripción más allá de que la persona discapacitada use o no el servicio de traslado y de terapias que tiene a disposición.

Por registros a los que accedió Mundo Gremial, en 2017 el giro mensual en aquel entonces rondaba los 300 millones de pesos y hoy estaría en los 2.500 millones al mes; es decir unos 30.000 millones anuales. En definitiva, esos 11.000 millones representan casi el 40% del gasto total.

Luego de aquel encuentro en Olivos con el Presidente tomó lugar este miércoles un cónclave reservado con el nuevo superintendente de Salud, Daniel López: allí los cegetistas le hicieron saber al funcionario que la Resolución ya contaba con la venia presidencial.

Las cartas están echadas, resta saber cuándo se cantará jaque.

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