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Fallos laborales

La Corte ordenó incorporar sumas no remunerativas al salario de un policía

Lo hizo tras un fallo unánime en el caso Fabián Bosso, y sienta un precedente para otros 2800 casos similares pudiéndose extender al resto de los empleados públicos.

Mundo Gremial

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en un fallo unánime que las sumas no remunerativas que percibieron los trabajadores de la Policía Federal deben incorporarse al los haberes mensuales. La medida, que le exige al Estado la incorporación de esos adicionales a los haberes regulares salariales, sienta jurisprudencia para otros 2800 reclamos análogos que llegaron a la Corte y podrían extenderse al resto de los empleados públicos.

El este caso, la Corte se expidió sobre la causa presentada por Fabián Bosso, donde resolvió por unanimidad que “las sumas pagadas al personal en actividad de la Policía Federal Argentina por los suplementos ‘servicio externo uniformado’ y ‘apoyo operativo’, creados por el decreto 2140/2013 -y sus modificatorios-, deben considerarse remunerativas y bonificables y, en consecuencia, incorporarse al ‘haber mensual’”, según detalló el fallo.

En mayo pasado la Corte ya se había expedido de un modo similar en la causa Carla Sosa admitiendo “un reclamo salarial análogo del personal de las Fuerzas Armadas”.

De la resolución votada por unanimidad participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y remarcaron que “de acuerdo con la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965), toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del haber mensual”.

El fallo, por otra parte, sienta un precedente para los 2800 casos similares que fueron recibidos en la Justicia y que se presume, podría extenderse al resto de los empleados del Estado. Algunas voces avezadas en la temática entienden que este es un claro revés de la Corte hacia la administración pública dado que existen grandes posibilidades de que se inicie un efecto “cascada” con los cientos de casos presentados y sea imposible cuantificar.

 

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Fallos laborales

Fallo testigo: La Justicia protege la actividad sindical durante la cuaretena

Obligan a una entidad bancaria a garantizar el “efectivo cumplimiento de sus funciones sindicales” a un delegado de personal para dar relevar condiciones de bioseguridad.

Mundo Gremial

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La Justicia Nacional del Trabajo obligó a una entidad financiera a permitir la actividad sindical de los delegados de La Bancaria durante el aislamiento obligatorio.

La decisión fue adoptada por la jueza de primera instancia, Silvia Barrionuevo, tras la denuncia realidad por el delegado de la Asociación Bancaria en Banco Piano.

El fallo judicial, que se presenta como caso testigo en la cuarentena, ordena a la institución bancaria “se abstenga de impedir el ingreso como delegado de personal al establecimiento de la Casa Central”.

Según la magistrada, la empresa debe “garantizar (al representante gremial) el efectivo cumplimiento de sus funciones sindicales” en el relevamiento del cumplimiento de condiciones de bioseguridad del personal en el desempeño de las tareas laborales.

Banco Piano habían alegaron que sus empleados con fueros sindicales no estaban habilitados a cumplir con sus tareas de tutela al personal por no tratarse de una “actividad esencial” enla cuarentena obligatoria.

El denunciante fue Mariano Aníbal Martínez, delegado de la Asociación Bancaria en la entidad, quien denunció los incumplimientos del banco en materia de medidas preventivas y la imposibilidad de ingreso al establecimiento para exigir mayor resguardo a sus compañeros.

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Fallos laborales

Reconocen el derecho de inscripción a un gremio, más allá del número de afiliados

La Cámara Nacional del Trabajo reivindicó el derecho a la organización sindical “libre y democrática” en el marco de una causa iniciada por el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Promoción.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional del Trabajo reivindicó el derecho a la organización sindical “libre y democrática”, más allá de la cantidad de afiliados, al rechazar un recurso extraordinario contra una sentencia que ordenaba la inscripción como gremio del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Promoción (Satpro), consignaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de un expediente en el que el Ministerio de Trabajo de la Nación había presentado un recurso contra la sentencia que, según la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, le reconocía al Satpro su derecho a obtener personería gremial.

Basada en observaciones planteadas al listado de 88 afiliados presentado por el sindicato, la cartera laboral se había opuesto a la pretensión del gremio, que reclama su inscripción formal desde 2015.

En el fallo, ahora confirmado tras la desestimación del recurso extraordinario, la Sala IX de la Cámara había ponderado el derecho a la “organización sindical libre y democrática con la sola inscripción en un registro especial”, previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El tribunal recordó que el artículo 21 de la Ley 23.551 “establece los requisitos formales que debe contener la solicitud de inscripción gremial” y “no estipula cantidad alguna de afiliados, sino que sólo prevé la presentación de una lista” de los mismos.

Los camaristas Mario Fera y Alvaro Ballestrini remarcaron que del artículo 22 de la citada ley surge que, “cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa del trabajo dispondrá la inscripción en el registro especial”.

Los camaristas agregaron, en el fallo de julio último confirmado ahora, que esas normas sobre libertad y tutela sindical “no pueden ser interpretadas por la autoridad administrativa del trabajo más allá de las estrictas previsiones del legislador, so riesgo de afectar la garantía constitucional consagrada por el artículo 14 bis” y en tratados internacionales.

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Fallos laborales

Condenan al Estado por tener una empleada como “contratada” por 10 años

La denunciante trabajó mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, primero como cocinera y luego como mucama.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una trabajadora por haber encubierto durante diez años una designación permanente bajo un contrato indeterminado.

Lo hizo en el marco de la causa “Gutiérrez Elena Mercedes c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – FAA -Comando Personal- Círculo Personal Civ. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de seguridad”.

Los jueces admitieron el recurso interpuesto por la actora y reconoció su derecho a obtener una indemnización por $45.078,11.

Según publicó Diario Judicial, se juzgó al Estado Nacional por figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, teniendo especial consideración que la demandada no controvirtió la continuidad del vínculo durante diez años.

La actora narró que trabajó bajo las ordenes de la demandada como cocinera y mucama desde el 1 de diciembre de 1996, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en las sedes sitas en Mariano Acosta 2850, de esta ciudad, y General Paz 250, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.

Además, apuntó que el vínculo laboral fue mediante sucesivas suscripciones de contratos de locación de servicios, a los que calificó como fraudulentos y manifiestamente nulos, en virtud de las previsiones de los artículos 12, 13, 14, 21, 23 y concordantes de la ley de contrato de trabajo.

Entendieron los jueces que “la figura de la contratación sucesiva importa un supuesto ilegal en el actuar de la administración y la ruptura de tal continuidad da derecho a su reparación”.

Por lo antedicho, interpuso demanda contra la Fuerza Aérea Argentina – Comando de Personal – Círculo del Personal Civil (en adelante, FAA), a efectos de reclamar en concepto de indemnización por despido sin causa, el cobro de $45.078 más el reajuste por desvalorización monetaria e intereses desde que cada suma fuera adeudada y hasta la fecha de efectivo pago.

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