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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La pelea por los afiliados, también en las obras sociales

A las reyertas intragremios por los encuadramientos sindicales se le suma la denuncia que la obra social de Pasteleros hizo en la Superintendencia de Servicios de Salud porque le sacan afiliados que derivan a otras prestadoras de salud.

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Una hemorragia silenciosa sufre la obra social del sindicato de Pasteleros, Elevar: bajo la premisa de mejoras en la prestación del servicio de salud, promotores que se hacen pasar por trabajadores de esa prestadora de salud se apersonan en los lugares de trabajo obteniendo los datos de filiación de los asociados a Pasteleros y los cambian de obra social. Desde el 24 de octubre -fecha en que las autoridades se presentaron ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para denunciar el hecho delictivo- al día de hoy unas 100 personas sufrieron esta estafa.

Paréntesis: es harto conocido la pelea entre los gremios por encuadramientos sindicales para ver qué trabajadores corresponden a cada sindicato: basta recordar lo que pasó el año pasado entre Mercado Libre y la Asociación Bancaria: Sergio Palazzo quería que los empleados de esta fintech quedaran bajo tutela de su gremio por prestar servicios financieros. Los Moyano también pelean por lo que consideran suyo: los trabajadores del centro logístico que manejan los clarcks. Para Marcos Galperín deberían encuadrarse en la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.

Claro está que los afiliados a los que cooptan son personas jóvenes que no representan mayores gastos a la estructura de salud de la obra social. En todos esos casos, los damnificados se presentaron de manera individual ante la Superintendencia para pedir que sean reempadronados en Elevar, pero no tuvieron éxito. A raíz de esto, Elevar encabezó una pedido colectivo ante la SSS para que los restituyan a la brevedad. A cinco meses de ese trámite, cambio de gobierno de por medio, lo único que recogieron de parte del organismo es una respuesta de consuelo: les reconocieron que hay «una inmensa cantidad de denuncias al respecto». A Mundo Gremial no le ofrecieron respuesta alguna ante la consulta.

«Esto genera un doble perjuicio para el damnificado«, introduce el tema Lorenzo Benítez, titular de Elevar. Explica: «Por un lado aquella persona que estuviera bajo un tratamiento con cierto profesional de repente se queda sin esa prestación porque cuando se va a presentar se entera que fue dado de baja. Por otro lado, este estafa conlleva que siempre le hacen pagar un adicional mensual que ronda entre los 3.000 y los 5.0000 pesos». Completa: «Entendemos que encontrar a quienes delinquen sea una tarea más compleja y que lleve su tiempo, pero también entendemos que debe haber una celeridad en el proceso de que vuelvan nuestros afiliados y hasta ahora no ha pasado».

De acuerdo a lo explorado por las autoridades de Elevar muchos damnificados terminan en obras sociales del sector marítimo; pero no le encuentran explicación ni correlación para que quienes eran sus afiliados terminen en ese sector. En tanto, conocedores del sector explican: «Existen grupos económicos atrás de esto que redistribuyen a los afiliados en obras sociales; pero tampoco podemos descartar alguna connivencia de algún sector de la Superintendencia».

Mundo Gremial consultó con un sindicato de porte mediano que en el pasado sufrió este tipo de estafas y la respuesta de su secretario general fue: «Nosotros para mitigar ese ardid hicimos convenios, siempre con la obra social como prestadora de origen, con Osde, Galeno y Medicus; cosa de que cubrir todo el espectro».

Por otro lado, un ex superintendente de Salud consultado por Mundo Gremial aportó el siguiente panorama: «Es habitual el traspaso de afilados de una obra social a otra; y eso conlleva plazos de tiempo que retrasan que la información esté, diríamos online, entonces esos desfasajes temporales no permite tener información actualizada para actuar con rapidez». Frente a la consulta de si sabía de este hecho delictivo comentó que «no».

Todo esto se da en el marco del principio de acuerdo entre el Gobierno y los gremios para liberar fondos de obras sociales; un reclamo histórico sindical.

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