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Fallos laborales

La Justicia ordenó a Vidal seguir actualizando los salarios docentes por inflación

Así lo definió el Tribunal de Trabajo N° 4 luego de un amparo presentado por los gremios SUTEBA, FEB y UDOCBA.

Mundo Gremial

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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, deberá continuar actualizando los salarios de los docentes por inflación, según lo establece la cláusula gatillo firmada en la negociación paritaria 2017.

Así lo ordenó el Tribunal del Trabajo N° 4 que integran los jueces Rodolfo Martiarena, Soledad Moreyra y Adela Di Stefano, en respuesta al planteo que realizar los sindicatos del sector, SUTEBA, FEB y UDOCBA.

En el fallo, el Tribunal declaró la “ultraactividad” de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 “de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto nacional de estadísticas y censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018”.

“La pauta o cláusula de adecuación semestral automática, de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), establecida en el convenio colectivo salarial del año 2017 tiene una posible y debida vocación de ultractividad en los términos de los dos últimos párrafos del artículo 14 de la ley provincial 13552, y así propongo declararlo. Se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado Nacional”, expuso el juez Martiarena con adhesión de Moreyra y Di Stefano.

De esta manera, el Estado provincial deberá seguir actualizando los salarios docentes por inflación hasta tanto llegue a un nuevo acuerdo con los sindicatos que representan al colectivo de trabajadores de la educación.

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Fallos laborales

La Justicia dejó sin efecto los sumarios masivos contra directores de escuelas bonaerenses

Un tribunal de Trabajo ordenó al gobierno a anular “en forma inmediata” los sumarios administrativos contra directivos por no abrir edificios escolares durante un paro.

Mundo Gremial

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La Justicia dejó sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios que el gobierno de María Eugenia Vidal aplicó contra directores o personal a cargo de establecimientos por no abrir los edificios escolares durante jornadas de paro.

Así lo determinó el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, que ordena a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a anular “en forma inmediata” la medida en perjuicio de los docentes.

Los directores y personal a cargo de 300 escuelas fueron sumariados por “no cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de turnos los días 5 y 6 de marzo y 5 de abril de 2018” durante los paros convocados por los gremios de la actividad.

El fallo de la justicia, resuelto por los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, responde a un “amparo sindical” y “querella por práctica desleal” iniciado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) contra la DGCyE.

Este jueves, los gremios docentes del Frente de Unidad Sindical se manifestaron frente al ministerio de Educación provincial para rechazar la medida contra los docentes y denunciar “persecución y aprietes” con el objetivo de amedrentar a los maestros en la lucha por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

EL FALLO COMPLETO DE LA JUSTICIA

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Fallos laborales

La Corte falló contra el plus indemnizatorio por accidentes en viajes al trabajo

Fue resuelto por mayoría con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti lo hizo en disidencia.

Mundo Gremial

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a dos aseguradoras y resolvió que el plus que la ley otorga a los empleados que sufren accidentes laborales, no se extiende a los casos de los que se producen en el trayecto del lugar de trabajo a sus casas o viceversa.

Remarcó que cuando el daño se produce en el lugar de trabajo “las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad”.

Así, el máximo tribunal reafirmó por mayoría la inaplicabilidad del artículo 3° de la ley 26.773, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo, a los casos de accidentes en el trayecto entre el trabajo y el domicilio del empleado (in itínere).

Dicho artículo establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20% del monto resarcitorio cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el empleado mientras se encuentre a disposición del empleador.

El artículo de la ley en conflicto

La decisión fue adoptada por los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti en las causas “Pezzarini” y “Martínez”, donde se produjeron sendos accidentes in itínere. Para resolver de esta forma, la Corte siguió la línea jurisprudencial de los fallos “Espósito” (Fallos 339:781) y “Páez Alfonzo”, ateniéndose a la literalidad del artículo en examen.

En el precedente “Páez Alfonzo”, del 27 de septiembre de este año, la Corte ya había establecido que la intensificación de la responsabilidad de las ART en los casos previstos en el mencionado artículo 3° está dada porque cuando el accidente se produce en el lugar de trabajo, las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad.

En ese precedente, se revocó un fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por entender que, contrariamente a lo afirmado por ese tribunal, la redacción del art. 3 de la Ley 26.773 no es confusa en absoluto ya que de su sola lectura se concluye que la intención del legislador ha sido circunscribir el plus indemnizatorio solamente para los accidentes laborales ocurridos en el lugar donde el trabajador cumple con sus tareas

En las disidencias de los casos resueltos, el ministro Rosatti se remitió a su voto en “Páez Alfonzo”. Allí entendió que ese adicional había sido previsto por el legislador para los casos en que el daño se produjera en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador.

Interpretó que el uso de la conjunción disyuntiva “o” (en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador) da cuenta de dos supuestos diferentes, ambos alcanzados por la norma: el primero, en el establecimiento laboral; el segundo, fuera de él mientras el dependiente no está disponiendo de su tiempo sino desplegando una actividad en razón del contrato de trabajo.

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Fallos laborales

Empresas de colectivos deberán contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30%

Así lo establece un fallo judicial tras una denuncia por “discriminación de género” contra tres firmas del sector.

Mundo Gremial

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La Justicia ordenó a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30 por ciento de la planta, y reconoció que “hubo discriminación de género” contra aquellas que buscaron trabajo como choferes, informó este miércoles la Defensoría General de la Nación (DGN).

La sentencia, dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, también instó a las “autoridades ejecutivas y legislativas” a establecer una “reglamentación específica para compensar las ilegítimas desigualdades” con el fin de revertir la discriminación por género en el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo.

“La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares”, escribió la jueza Graciela González, quien también consideró probada la exclusión de las mujeres como choferes de colectivo.

Las empresas fueron demandadas por Érica Borda a través de un recurso de amparo, y la DGN brindó patrocinio jurídico tanto en el reclamo individual como en una acción colectiva con el fin de cuestionar la “discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género”.

El Ministerio de Producción y Trabajo también fue demandado en su calidad de autoridad de aplicación, para que adopte las medidas necesarias para terminar con las “prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector”, agregó la DGN en un comunicado.

La jueza dispuso que el Ministerio de Trabajo tenga en cuenta la sentencia al momento de “renegociar” el convenio colectivo de trabajo, a fin de actualizar su contenido a las “pautas culturales actuales”.

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