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Fallos laborales

La Justicia dejó sin efecto los sumarios masivos contra directores de escuelas bonaerenses

Un tribunal de Trabajo ordenó al gobierno a anular “en forma inmediata” los sumarios administrativos contra directivos por no abrir edificios escolares durante un paro.

Mundo Gremial

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La Justicia dejó sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios que el gobierno de María Eugenia Vidal aplicó contra directores o personal a cargo de establecimientos por no abrir los edificios escolares durante jornadas de paro.

Así lo determinó el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, que ordena a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a anular “en forma inmediata” la medida en perjuicio de los docentes.

Los directores y personal a cargo de 300 escuelas fueron sumariados por “no cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de turnos los días 5 y 6 de marzo y 5 de abril de 2018” durante los paros convocados por los gremios de la actividad.

El fallo de la justicia, resuelto por los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, responde a un “amparo sindical” y “querella por práctica desleal” iniciado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) contra la DGCyE.

Este jueves, los gremios docentes del Frente de Unidad Sindical se manifestaron frente al ministerio de Educación provincial para rechazar la medida contra los docentes y denunciar “persecución y aprietes” con el objetivo de amedrentar a los maestros en la lucha por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

EL FALLO COMPLETO DE LA JUSTICIA

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Fallos laborales

Madrid: Repartidores de plataforma digital “son empleados y no autónomos”

Lo estableció la Justicia madrileña en un caso que marca precedente. El fallo condena a la empresa Deliveroo – Roofoods Spain.

Mundo Gremial

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El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

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Fallos laborales

La Cámara del Trabajo consideró “injustificado” un despido por la crisis

La decisión se apoyó en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y desatendió los extremos invocados para subsumir el despido en los lineamientos del artículo 247 del citado cuerpo legal.

Mundo Gremial

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La Cámara del Trabajo falló a favor de un trabajador y consideró injustificado el desempleo del mismo por parte de una empresa, que fundamentó su decisión en las dificultades económicas por la crisis de la actividad agropecuaria y agroexportadora que atravesó el país. Así, la Justicia admitió el reclamo de las indemnizaciones correspondientes.

“La situación no le es imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no hay ni culpa ni negligencia empresaria”, señalaron los magistrados y destacaron que “se respetó el orden de antigüedad y perdurabilidad” establecidos por la ley. “De faltar alguno de estos requisitos, como resulta de las constancias de autos, el despido no puede justificarse en base a la causal prevista por el art. 247 de la L.C.T.”

Desde la Cámara del Trabajo confirmaron la resolución de primera instancia, la cual establecía el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido. La decisión se apoyó en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y desatendió los extremos invocados para subsumir el despido en los lineamientos del artículo 247 del citado cuerpo legal, informó DiarioJudicial.com.

Hicieron hincapié en que las manifestaciones efectuadas por la demandada respecto a las dificultades económicas por la crisis de “la actividad agropecuaria y agroexportadora” que atravesó el país “no resultan suficientes –por sí mismas- para acreditar los extremos a los que hace referencia la norma citada, ya que ésta es una situación que puede obedecer a distintas causas, de las cuales no cabe descartar la errónea conducción económica de la empresa. Desde esa perspectiva, es el empresario quien debe asumir el riesgo empresario como contrapartida del lucro o beneficio que obtiene”.

“En tal sentido, las objeciones formuladas en torno a la omisión del auto de apertura a prueba del libramiento de oficio a la institución bancaria que la recurrente afirma haber ofrecido en forma subsidiaria no pueden prosperar puesto que la providencia no mereció objeción alguna de la parte interesada, lo cual importó la convalidación de los actos probatorios producidos en el trámite de la causa por defecto en su producción o por omisión de alguna de ellas, operándose la preclusión del derecho del interesado a efectuar el planteo” justificó el Tribunal.

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Fallos laborales

La Corte falló contra el plus indemnizatorio por accidentes en viajes al trabajo

Fue resuelto por mayoría con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti lo hizo en disidencia.

Mundo Gremial

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a dos aseguradoras y resolvió que el plus que la ley otorga a los empleados que sufren accidentes laborales, no se extiende a los casos de los que se producen en el trayecto del lugar de trabajo a sus casas o viceversa.

Remarcó que cuando el daño se produce en el lugar de trabajo “las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad”.

Así, el máximo tribunal reafirmó por mayoría la inaplicabilidad del artículo 3° de la ley 26.773, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo, a los casos de accidentes en el trayecto entre el trabajo y el domicilio del empleado (in itínere).

Dicho artículo establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20% del monto resarcitorio cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el empleado mientras se encuentre a disposición del empleador.

El artículo de la ley en conflicto

La decisión fue adoptada por los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti en las causas “Pezzarini” y “Martínez”, donde se produjeron sendos accidentes in itínere. Para resolver de esta forma, la Corte siguió la línea jurisprudencial de los fallos “Espósito” (Fallos 339:781) y “Páez Alfonzo”, ateniéndose a la literalidad del artículo en examen.

En el precedente “Páez Alfonzo”, del 27 de septiembre de este año, la Corte ya había establecido que la intensificación de la responsabilidad de las ART en los casos previstos en el mencionado artículo 3° está dada porque cuando el accidente se produce en el lugar de trabajo, las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad.

En ese precedente, se revocó un fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por entender que, contrariamente a lo afirmado por ese tribunal, la redacción del art. 3 de la Ley 26.773 no es confusa en absoluto ya que de su sola lectura se concluye que la intención del legislador ha sido circunscribir el plus indemnizatorio solamente para los accidentes laborales ocurridos en el lugar donde el trabajador cumple con sus tareas

En las disidencias de los casos resueltos, el ministro Rosatti se remitió a su voto en “Páez Alfonzo”. Allí entendió que ese adicional había sido previsto por el legislador para los casos en que el daño se produjera en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador.

Interpretó que el uso de la conjunción disyuntiva “o” (en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador) da cuenta de dos supuestos diferentes, ambos alcanzados por la norma: el primero, en el establecimiento laboral; el segundo, fuera de él mientras el dependiente no está disponiendo de su tiempo sino desplegando una actividad en razón del contrato de trabajo.

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