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Fallos laborales

La Justicia dejó sin efecto los sumarios masivos contra directores de escuelas bonaerenses

Un tribunal de Trabajo ordenó al gobierno a anular “en forma inmediata” los sumarios administrativos contra directivos por no abrir edificios escolares durante un paro.

Mundo Gremial

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La Justicia dejó sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios que el gobierno de María Eugenia Vidal aplicó contra directores o personal a cargo de establecimientos por no abrir los edificios escolares durante jornadas de paro.

Así lo determinó el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, que ordena a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a anular “en forma inmediata” la medida en perjuicio de los docentes.

Los directores y personal a cargo de 300 escuelas fueron sumariados por “no cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de turnos los días 5 y 6 de marzo y 5 de abril de 2018” durante los paros convocados por los gremios de la actividad.

El fallo de la justicia, resuelto por los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, responde a un “amparo sindical” y “querella por práctica desleal” iniciado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) contra la DGCyE.

Este jueves, los gremios docentes del Frente de Unidad Sindical se manifestaron frente al ministerio de Educación provincial para rechazar la medida contra los docentes y denunciar “persecución y aprietes” con el objetivo de amedrentar a los maestros en la lucha por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

EL FALLO COMPLETO DE LA JUSTICIA

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Fallos laborales

La Corte falló contra el plus indemnizatorio por accidentes en viajes al trabajo

Fue resuelto por mayoría con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti lo hizo en disidencia.

Mundo Gremial

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a dos aseguradoras y resolvió que el plus que la ley otorga a los empleados que sufren accidentes laborales, no se extiende a los casos de los que se producen en el trayecto del lugar de trabajo a sus casas o viceversa.

Remarcó que cuando el daño se produce en el lugar de trabajo “las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad”.

Así, el máximo tribunal reafirmó por mayoría la inaplicabilidad del artículo 3° de la ley 26.773, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo, a los casos de accidentes en el trayecto entre el trabajo y el domicilio del empleado (in itínere).

Dicho artículo establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20% del monto resarcitorio cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el empleado mientras se encuentre a disposición del empleador.

El artículo de la ley en conflicto

La decisión fue adoptada por los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti en las causas “Pezzarini” y “Martínez”, donde se produjeron sendos accidentes in itínere. Para resolver de esta forma, la Corte siguió la línea jurisprudencial de los fallos “Espósito” (Fallos 339:781) y “Páez Alfonzo”, ateniéndose a la literalidad del artículo en examen.

En el precedente “Páez Alfonzo”, del 27 de septiembre de este año, la Corte ya había establecido que la intensificación de la responsabilidad de las ART en los casos previstos en el mencionado artículo 3° está dada porque cuando el accidente se produce en el lugar de trabajo, las aseguradoras tienen la posibilidad de ejercer un mayor control y adoptar todo tipo de medidas tendientes a prevenir accidentes y reducir la siniestralidad.

En ese precedente, se revocó un fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por entender que, contrariamente a lo afirmado por ese tribunal, la redacción del art. 3 de la Ley 26.773 no es confusa en absoluto ya que de su sola lectura se concluye que la intención del legislador ha sido circunscribir el plus indemnizatorio solamente para los accidentes laborales ocurridos en el lugar donde el trabajador cumple con sus tareas

En las disidencias de los casos resueltos, el ministro Rosatti se remitió a su voto en “Páez Alfonzo”. Allí entendió que ese adicional había sido previsto por el legislador para los casos en que el daño se produjera en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador.

Interpretó que el uso de la conjunción disyuntiva “o” (en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encontrara a disposición del empleador) da cuenta de dos supuestos diferentes, ambos alcanzados por la norma: el primero, en el establecimiento laboral; el segundo, fuera de él mientras el dependiente no está disponiendo de su tiempo sino desplegando una actividad en razón del contrato de trabajo.

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Fallos laborales

Empresas de colectivos deberán contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30%

Así lo establece un fallo judicial tras una denuncia por “discriminación de género” contra tres firmas del sector.

Mundo Gremial

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La Justicia ordenó a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30 por ciento de la planta, y reconoció que “hubo discriminación de género” contra aquellas que buscaron trabajo como choferes, informó este miércoles la Defensoría General de la Nación (DGN).

La sentencia, dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, también instó a las “autoridades ejecutivas y legislativas” a establecer una “reglamentación específica para compensar las ilegítimas desigualdades” con el fin de revertir la discriminación por género en el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo.

“La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares”, escribió la jueza Graciela González, quien también consideró probada la exclusión de las mujeres como choferes de colectivo.

Las empresas fueron demandadas por Érica Borda a través de un recurso de amparo, y la DGN brindó patrocinio jurídico tanto en el reclamo individual como en una acción colectiva con el fin de cuestionar la “discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género”.

El Ministerio de Producción y Trabajo también fue demandado en su calidad de autoridad de aplicación, para que adopte las medidas necesarias para terminar con las “prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector”, agregó la DGN en un comunicado.

La jueza dispuso que el Ministerio de Trabajo tenga en cuenta la sentencia al momento de “renegociar” el convenio colectivo de trabajo, a fin de actualizar su contenido a las “pautas culturales actuales”.

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Fallos laborales

La Corte fijó las condiciones para que un despido sea considerado “discriminatorio” por razones sindicales

El tribunal resolvió que para despedir a un trabajador que hace reclamos gremiales en favor de sus compañeros la empresa debe demostrar que el despido no es una represalia por ese activismo sindical.

Mundo Gremial

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Con la firma de los Jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, la Corte Suprema fijó las condiciones para que un despido sea considerado discriminatorio por razones sindicales. Lo hizo en el día de hoy al revocar la sentencia dictada por la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca en la causa “Varela, José Gilberto c/Disco S.A. s/amparo sindical”.

El trabajador solicitó, con el apoyo de sus compañeros, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Dirección de Inspección Laboral y el gremio la convocatoria a elecciones de delegados gremiales. En ese contexto fue suspendido por la empresa por presuntas impuntualidades, cuestionó la sanción y fue despedido con fundamento en que la conducta era agraviante. El trabajador promovió entonces una demanda por despido discriminatorio por razones sindicales. La acción fue rechazada por la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó dicha sentencia y estableció a quién le corresponde probar el carácter discriminatorio del despido.

El Tribunal destacó, con base en el precedente “Pellicori” (Fallos: 334:1387), que quien alega la existencia de un motivo discriminatorio debe mostrar prima facie o verosímilmente que estaba llevando a cabo una actividad protegida por las normas que invoca y que la ejercía de modo regular. No cualquier actividad u opinión en el ámbito laboral es de carácter sindical o gremial. La Corte concluyó que dicho requisito fue acreditado en el caso porque, entre otras cosas, el Ministerio de Trabajo de la Nación había acogido favorablemente el pedido del actor para que se convocara a elecciones de delegados.

Por otro lado, el Tribunal señaló que, aun cuando el trabajador pruebe los extremos mencionados, el empleador puede justificar su proceder acreditando que el despido no fue discriminatorio. Cuando se trata de despido sin causa, basta que el empleador demuestre que el despido no obedeció al motivo discriminatorio reprochado. En cambio, cuando se trata de despido con causa, el empleador debe demostrar que dicha causa se ha razonablemente configurado. En el caso, la empresa no produjo prueba y se omitió establecer si la causal invocada para el despido estaba configurada o si constituía injuria suficiente.

Por su parte, en un voto concurrente, el Juez Rosatti precisó que estaba fuera de discusión que el actor desarrolló actividad sindical en procura de poder elegir a sus representantes en la empresa y que, al rechazar por carta documento una sanción disciplinaria, denunció el carácter persecutorio de la medida e intimó a la demandada a que cesara en su conducta y permitiera a los trabajadores reunirse y proceder a la elección delegado provisorio.

Tampoco se controvierte que la demandada respondió a estos requerimientos con el despido directo al considerar injuria grave los términos de la misiva. La Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca denegó la revisión de la sentencia que había rechazado la pretensión de reinstalación en su puesto del actor sosteniendo que la calidad de activista, militante, o asociado del trabajador resultaba insuficiente para reclamar la tutela de la ley 23.551 y que la ley 23.592 era inaplicable al caso, pues no se habían probado los presupuestos de hecho que ésta requería, esto es, el ejercicio de algún grado de representación por quien pretende la tutela.

Señaló, también, que el litigio se relacionaba directamente con tres libertades “esenciales del estado constitucional vigente en la República”: de reunión, de expresión y de asociación cuya limitación afecta a una cuarta, la libertad sindical, derechos todos estos que, junto con la libertad de opinión, resultan inseparables. Remarcó que sin el aseguramiento de las libertades indicadas, es poco menos que imposible que pueda ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes.

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