La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) rechazó el acuerdo firmado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), que dispuso el pago del 75 por ciento de los salarios netos durante dos meses en caso de suspensiones, y se pronunció por “una emergencia sanitaria con derechos”.

“La CTAA rechaza de forma absoluta ese acuerdo, que tiende a la negociación colectiva a la baja y sin condiciones y a producir el estado de indefensión del trabajador. Se procura universalizar una quita del 25 por ciento de los haberes, a lo que se suma un sistema de subvenciones en el que sectores de empresas concentradas transfieren el pago al erario público”, puntualizó un comunicado.

Un documento difundido hoy con la firma de los secretarios general y adjuntos de la central obrera, Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria, sostuvo que el acuerdo permite a los empresarios hacerse cargo solo de “una pequeña parte y con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales”.

“También equipara en un mismo plano a las pequeñas y medianas compañías (PYMES), que verdaderamente requieren el apoyo del Estado. La CTAA y sus gremios adheridos no son representados por la CGT y no otorgaron mandato alguno, por lo que están en libertad de acción para reclamar lo que decidan los trabajadores, quienes permitieron la asunción del actual gobierno”, aseguró.

Los dirigentes reseñaron que desde un primer momento la central obrera “se dispuso desde su autonomía a participar en las decisiones de un gobierno que intenta poner de pie al país, diezmado y afectado por las políticas de ajuste”, y dijeron que la emergencia “no es motivo suficiente para anular la consulta”.

Para el espacio gremial, los Comités de Crisis constituidos en “la lucha contra el hambre y la emergencia sanitaria deben continuar siendo la orientación para lograr consensos en la actividad productiva”, en tanto respaldó todas “las medidas que posibiliten una salida a la profunda crisis que azota a gran parte del mundo”.

“La resistencia y las movilizaciones populares impidieron que el gobierno de Mauricio Macri consumase las reformas laboral y de seguridad social. Fueron los trabajadores y el pueblo los que permitieron la derrota electoral del neoliberalismo y la asunción del presidente Alberto Fernández. La CTAA está dispuesta a continuar aportando, pero rechaza ese acuerdo salarial de la CGT”, concluyó.

Los referentes de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro y Hugo Godoy, pidieron la “urgente” convocatoria al Consejo del Salario para definir el nuevo monto del sueldo mínimo, vital y móvil.

Desde la central obrera apoyaron la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar un aumento generalizado en los salarios, pero entienden necesaria una actualización del salario mínimo.

Por eso solicitaron “la urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que deberá actualizar el monto de dicho salario utilizando como base el costo de la Canasta Básica necesaria para satisfacer las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares”.

“Defendemos que el Estado recupere un rol activo en materia salarial y de recomposición de derechos para las trabajadoras y trabajadores luego de cuatro años de neoliberalismo, dejando la situación de nuestra economía en manos de los mercados y la especulación financiera”, señalaron.

En un comunicado, subrayaron la importancia de la negociación colectiva libre: “Es una de las herramientas para comenzar a revertir el fuerte deterioro salarial que sufrimos los trabajadores y trabajadoras durante los últimos cuatro años”.

E”l resultado de estos 4 años de neoliberalismo es una catástrofe social. Por eso es urgente aplicar medidas sobre la situación de las trabajadoras y trabajadores que quedan por fuera de este aumento salarial, en particular quienes se desempeñan en el sector público por fuera de la órbita del Estado Nacional (municipales, provinciales, docentes, judiciales, salud, etc), en el ámbito rural, en casas particulares, en la economía popular, entre otros y otras. En este sentido, entendemos que el gobierno debería impulsar medidas para hacer extensivo este aumento a la totalidad de la clase trabajadora”.

La CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky acompañó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de decretar un aumento de suma fija a todos los trabajadores del ámbito privado.

Para central sindical, el incremento “marca claramente un cambio de época”.

“Es una señal positiva para los trabajadores, ya que pasamos del Estado que aplicaba su energía para reducir el costo laboral, a un Gobierno que comienza a revertir esa tendencia, a partir de la fijación por decreto de un aumento salarial para todos los trabajadores del sector privado del país”, destacó Yasky.

La conducción nacional de la CTA señaló que la decisión “significa, además, una iniciativa congruente con la decisión de comenzar a reactivar la economía a partir de devolverle poder de compra a los sectores más postergados”.

“Está claro que por tratarse de una suma fija que se incorpora al salario, es decir, que no es un bono que se paga por única vez, esto permitirá todos los meses una inyección de cientos de miles de millones de pesos, que claramente incentivarán la capacidad de consumo de los que han sido más castigados por el ajuste permanente de los últimos cuatro años”, agregaron..

En ese marco, resaltaron que el incremento salarial pretende elevar el piso de la discusión de las futuras paritarias, y que significará también “una masa de recursos monetarios que no se va a ir por la canaleta de los paraísos fiscales, afuera del país, sino que van a quedar en los comercios de cada barrio, de cada centro urbano, de cada centro poblacional, como un elemento reactivador de la economía”.

“No podemos dejar de señalar que el promedio de la pérdida en los salarios de los trabajadores a lo largo de estos cuatro años, ronda el 19,4%, pero en esa cifra promedio hay actividades laborales que cayeron por debajo de esa cifra, de manera tal que tenemos el caso de los textiles, como expresión de uno de los sectores que más perdió, en una cifra que prácticamente duplica a ese 19% de regresión salarial”, concluyeron.

Y finalizaron: “Por eso valoramos como un hecho positivo, antes de la constitución del Consejo Económico y Social, que deberá crearse por ley, para que los trabajadores, los empresarios, los distintos sectores sociales nos sentemos a discutir en una mesa el futuro de una Argentina basada en la producción, el salario digno y la justicia social, que se haya iniciado con un gesto claro del Gobierno que apunta a señalar el camino que se inicia, que es el de la recomposición gradual y progresiva del ingreso de todos los argentinos. Trabajadores en actividad, jubilados, desocupados”.