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La CTA-Autónoma pidió al Senado rechazar el proyecto de Ley Anti Mafias: «Es una reforma ilegal del estado de sitio»

La central obrera que conduce Hugo «Cachorro» Godoy, en cojunto de organizaciones de Derechos Humanos, le solicitaron a los senadores nacionales rechazar el proyecto de Ley Anti Mafias impulsado por el gobierno de Javier Milei.

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La CTA-Autónoma realizó una presentación, junto a organismos de Derechos Humanos, ante la Cámara de Senadores de la Nación para solicitar el rechazó al proyecto de Ley Integral del Crimen Organizado, conocida como Ley Anti Mafias, que ya tuvo tratamiento informativo en el plenario conjunto de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el pasado 6 noviembre

La presentación sostiene que el proyecto “está plagado de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales básicos, a los que debe someterse la legislación penal de nuestro país por imperativo constitucional”, como “el principio de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor (derecho penal de acto), al atribuir sanción penal a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho”, explica el documento.

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En ese sentido el escrito dencia que el proyecto “además de estas cuestiones muy graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción -entre otros-, el proyecto se explaya sobre otros aspectos más preocupantes que se vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”, advierte la misiva.

Asimismo, plantea que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo está plagada de “inconstitucionalidad” y de “inconvencionalidad”, ya que pretende instaurar “una reforma ilegal del estado de sitio constitucional”, señala el documento.

En esa línea, sostiene que la figura denominada “Zona de investigación especial” que daría atributos discrecionales a las fuerzas de seguridad como la detención de personas sin orden judicial, “reemplazando la exigencia legal de ‘sospecha de comisión de un delito’ de los códigos procesales del país por el ligero motivo de ‘averiguación’ por plazo de hasta 30 días (art. 6)”, indica el pedido de rechazo.

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Con este marco, el reclamo sostiene que el proyecto de ley implica una “supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales” y que genera un “conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades”, insiste el documento.

Para concluir, la central obrera y los organismos caracterizaron al proyecto “en el marco de toda una serie de respuestas represivas que desde el decreto 70/23 y la denominada ley Bases, el gobierno ha venido impulsando”, enfatizaron.

El escrito lleva la firma del secretario general de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, del Premio Nobel de la Paz y presidente honorario de SERPAJ, Adolfo Peréz Esquivel, la copresidenta del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas y vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas, Claudia V.Rocca, y de la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Iris Avellaneda.

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Además, el pedido cuenta con la adhesión del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, del exJuez español, Baltazar Garzón, y del presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa.

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