CGT
La CGT repudió el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti: «Afecta las tareas de investigación histórica»
La secretaría de Derechos Humanos de la CGT repudió el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el predio de la ex ESMA y se solidarizó con los trabajadores despedidos por la secretaría de DD.HH de la Nación, que encabeza Alberto Baños.
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y advirtió por el ataque del gobierno nacional a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El gobierno de Javier Milei, a través de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Alberto Baños, ordenó el cierre del Centro Cultural, lo que provocó una movilización de organizaciones, organismos, referentes y militantes de los derechos humanos que “abrazaron” el lugar en respaldo a sus trabajadores.
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La secretaría de Derechos Humanos de la entidad gremial, emitió un comunicado firmado por los co-secretarios Julio Piumato (UEJN) y Maia Volcovinsky (UEJN) , donde se remarca el rechazo a “los despidos y la suspensión masiva de trabajadores y trabajadoras dependientes de esa secretaría”, subraya el texto en referencia a la secretaría que encabeza Baños.
El documento alerta sobre el ataque del Poder Ejecutivo a las políticas de derechos humanos construidas “a lo largo de cuatro décadas de democracia” y recordó que estás son “reconocidas mundialmente” por la comunidad internacional.
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Con este marco, la secretaría de DDHH de la CGT sostiene que el cierre del Centro Cultural que funciona en el predio de la ex ESMA, “afecta las tareas de investigación histórica” en materia judicial sobre los delitos perpetrados durante la dictadura militar y que, a su vez, vulnera “la transmisión de la memoria y la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional”, resalta el texto.
Finalmente, la CGT manifestó su solidaridad con los trabajadores despedidos de la secretaría nacional y adelantó que se plegará a “la lucha de los organismos de derechos humanos para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos y sociales”, concluye el comunicado.