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La CGT publicó un duro balance de la gestión de Milei: «17 meses perdiendo derechos»

La CGT expuso un informe sobre la gestión del gobierno de Javier Milei, que da cuenta de la pérdida de más de 185 mil trabajos formales, el aumento de la informalidad y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

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A 17 meses de la asunción de Javier Milei, la CGT denunció el deterioro en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores argentinos. La central un balance crítico que expone la pérdida de más de 185.000 empleos formales, el crecimiento de la informalidad y el retroceso en el poder adquisitivo.

«17 Meses Perdiendo Derechos», resume la central y resalta que, desde la llegada de Milei al poder, los salarios de los trabajadores han sufrido un constante deterioro, y su capacidad de compra se vió significativamente reducida.

Una de las principales críticas apunta a la política del Gobierno Nacional de utilizar los salarios como «ancla» para controlar la inflación. La entidad gremial denuncia que el Ejecutivo se niega «sistemáticamente», a homologar paritarias que superen las proyecciones inflacionarias o el techo salarial impuesto en las negociaciones colectivas, lo que generó un estancamiento salarial en un contexto de alta inflación.

La CGT estimó la caída del poder adquisitivo de los trabajadores en alrededor de un 6% en estos 17 meses. Además, se denuncia una pérdida de 185.000 puestos de trabajo formales, mientras que el empleo informal creció en 404.000 trabajadores, lo que implica una precarización laboral con la pérdida de derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas.

La central alertó que, actualmente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se encuentra en $308.200, mientras que la jubilación mínima apenas llega al $296.481,74.

También subraya que el consumo en supermercado cayó en torno al 8%, y que los trabajadores destinan más del 65% de su salario a compras de supermercado. «Precios por ascensor y los salarios se quedaron sin escalera», describió la CGT, que insistió en que el bienestar de las familias no puede ser una variable de ajuste.

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