Un nuevo aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón fue la excusa para que el movimiento obrero cordobés salga a las calles a reclamarle al gobierno nacional medidas contra la inflación. Otras de las consignas es la “voluntad” de “trabajar por la unidad del movimiento obrero”, el rechazo a las políticas anti-sindicales de distintas empresas, y el trabajo precario generado por los gobiernos provincial y municipales en Córdoba.
Los reclamos son varios y en todas sus escalas: al Gobierno Nacional para “controlar y limitar el accionar de los formadores de precios y para controlar la inflación en defensa del poder adquisitivo de los salarios y de los intereses de los consumidores”. Acción que desde las cúpulas cegetistas le esquivaron, al sostener que de hacerse una marcha, “¿a quién seria?”. En el caso de la central obrera cordobesa, no dudaron en reclamar la intervención estatal ante el gran contexto inflacionario, pidiendo que “adopte con urgencia las medidas necesarias”
También plantea que “entendemos que es necesario diálogo, compromiso y responsabilidad de todos los sectores -producción de materia prima, suministro de insumos, procesamiento y elaboración, distribución, logística y sistemas de comercialización-, para resolver la situación en un marco de construcción social participativa y solidaria para que el empleo y el salario no sean nuevamente la variable de ajuste”.
Luego, el reclamo disparó hacia el Gobierno Provincial y Municipal, a quienes le atribuyen las conductas y proyectos anti-sindicales y el trabajo precario. La consigna fue repudiando “todas las formas precarias de trabajo” y por “la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios”.
En su duro comunicado hicieron fuertes denuncias: el “ataque” a los convenios colectivos, la creación de cooperativas de trabajo “truchas”, o “los frecuentes intentos de impedir las elecciones de delegados”, fueron solo algunas de ellas. Advirtieron también “sobre los intentos de fraude laboral que ejecutan numerosas empresas a través de mecanismos como eliminar la relación de dependencia reemplazándola con la figura del monotributo”.
Mencionaron que “en este contexto resultan inaceptables las conductas denunciadas recurrentemente por la CGT Regional por parte de algunas empresas que despliegan actitudes anti-sindicales propias de tiempos superados” y afirma que “no puede tolerarse que en función de maximizar beneficios se pretenda avasallar derechos individuales y colectivos ganados con años de lucha y ratificados por legislaciones nacionales e internacionales vigentes”.
El Reclamo es al Estado
La CGT Regional dio su postura sobre la discusión en auge; planes y trabajo genuino. Apuntó “al negocio de tener los trabajadores en negro” que históricamente practicaron numerosas patronales privadas, cualquiera sea su figura; “monotributistas, becarios, pasantes, planes, supuestos voluntarios, etc.”, y agregaron que “no sólo condenan a los trabajadores a salarios miserables pese a cumplir jornadas normales de trabajo, sino que alientan a los empresarios privados a imitar esas conductas”
Le cuestionaron al Estado Nacional atentar contra el trabajo estable, denunciando “la utilización de formas precarias”, como también “tercerizaciones, cierres de puestos de atención presencial al ciudadano y la falta de definición o de adecuación de las estructuras orgánicas de nuevas estructuras”
Finalmente indica que “agrava la situación el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, de las Obras Sociales Sindicales lo que no sólo perjudica la propia salud de los trabajadores sino que sobrecarga a la Salud Pública”.
