El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enfrentará a partir del 10 de diciembre el enorme desafío político de conducir la provincia más poblada del país (17 millones de habitantes) en un contexto de crisis sostenida y con indicadores económicos, sociales y laborales alarmantes. Sus propias declaraciones reflejan el cuadro de situación: “Acarreábamos problemas estructurales no resueltos por muchísimo tiempo. Cada una de esas dificultades se agravó, se convirtió en emergencia, en urgencia. No estaba todo resuelto. Ahora está todo peor y en estado de emergencia”.
Los equipos de transición han tomado contacto con el gabinete provincial saliente hace varias semanas y todo indica que el panorama, en términos de gestión y administración no es nada alentador.
Sin embargo, poco se ha dicho respecto de algunos de los temas prioritarios y urgentes de la agenda del trabajo que deberá atender la administración provincial entrante y que pondrán a prueba las habilidades del gobernador electo como piloto de tormentas.
El primer desafío que deberá enfrentar será, apenas asuma, delinear las negociaciones paritarias del sector público, y en especial las del sector docente que actúan como un verdadero termómetro social. El inicio del ciclo lectivo 2020 sin medidas fuerza aparece en el horizonte como un objetivo posible -desde un análisis de afinidad política entre el sector sindical y el gobierno provincial- pero… ¿alcanzará con afinidad política para cerrar la paritaria docente o será necesaria una inyección económica para atender el golpeado bolsillo docente que comprometa las cuentas públicas? ¿Cuánto resistirá el erario provincial? ¿Cómo impactará el piso salarial que fije la paritaria nacional docente -cuyo regreso ya anunció el presidente electo-? ¿el heterogéneo sector gremial docente actuará en bloque o se producirán divisiones y realineamientos que comprometan los eventuales acuerdos? Por ahora son preguntas sin respuesta pero que seguramente ocupan centralidad en la agenda del gobernador y que se trasladan, con menor impacto mediático, a todos los sectores de la administración pública provincial. Salarios bajos y retrasados vs. Equilibrio fiscal: final abierto.
Otro desafío que deberá enfrentar el nuevo gobierno es el rol del estado provincial en materia de generación, promoción y protección del empleo privado. Con índices de desocupación de dos dígitos que encuentran sus picos bonaerenses en Mar del Plata (13,4%) y en el Conurbano (12,7%) -y que casi se duplican en el caso de jóvenes de 18 a 29 años-, la problemática presenta varias aristas.
Por un lado, la necesidad de evitar el agravamiento de esos indicadores “hasta que se encienda la economía” conservando los puestos de trabajo existentes, para lo cual resultará de vital importancia la articulación entre nación y provincia de programas de asistencia como el de Recuperación Productiva (RePro) -nacional- y el de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA) -provincial -. Si bien ambos programas se mantuvieron activos formalmente durante la gestión de CAMBIEMOS, su desfinanciamiento y falta de ejecución condicionaron su efectividad como herramienta defensiva del empleo.
Por el otro lado, también es claro que el llamado del gobierno nacional a un acuerdo económico y social requerirá un equivalente provincial y un monitoreo preciso para evitar que los consensos de la superestructura empresaria y sindical se vayan diluyendo en su ejecución territorial.
La cartera de trabajo provincial – que supo tener hasta 2015 presencia en casi 100 de los 135 distritos y que la gobernación de Vidal se ocupó de desmantelar- aparece como un lugar estratégico para hacer ese seguimiento e incluso para la atención y solución de los conflictos colectivos de competencia provincial, desatendidos en la gestión saliente y librados a la suerte de la justicia del trabajo, en el mejor de los casos.
Otro aspecto no menos importante de la agenda del trabajo será la revitalización de las virtualmente paralizadas áreas de inspección del trabajo provincial, fundamentales en la lucha contra el trabajo no registrado o “en negro”, el trabajo infantil, la trata con fines de explotación laboral, el trabajo esclavo, el pago de salarios “en negro” o por debajo de las escalas vigentes y las condiciones de salud y seguridad laboral. En este sentido, la gestión Vidal también deja pendiente la puesta en marcha efectiva de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo para el sector privado, cuyo marco normativo se encuentra vigente hace mas de 4 años (Ley 14226 y sus reglamentaciones) pero que fue ignorado.
Por último, en esta agenda que no taxativa ni exhaustiva, se ubica el rol que asumirá la provincia en torno a los desafíos globales del mundo del trabajo. El denominado “futuro del trabajo” -que cada día es más presente que futuro- aparece como una agenda más estratégica que urgente. Pone en tensión a los sistemas educativos en todos los ciclos pero impacta particularmente a nivel provincial en el nivel terciario no universitario y en los centros de formación profesional dependientes de la provincia. En términos inmediatos se requiere un enorme esfuerzo de articulación entre las áreas de educación y de trabajo, pero además, y ya pensando en el mediano y largo plazo, la definición de políticas educativas estratégicas, con mirada regional, inserción local y participación de los actores de la sociedad civil.
Seguramente las inminentes definiciones respecto del gabinete provincial, el mantenimiento o modificación de la jerarquía ministerial del área laboral, su organigrama y las misiones y funciones que se le asignen mediante Ley de Ministerios, serán determinantes del resultado de esta agenda, y todo ello estará atravesado por los equilibrios y consensos que establezca el gobernador electo con intendentes, sindicatos del sector público y del sector privado y cámaras empresarias.
*Ferrara es abogado laboralista y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se ha desempeñado como docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ
