Desde el Gobierno aseguran que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la Costa Atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajos directos e indirectos y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales, con lo cual «desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy».
Así lo sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, días después de conocerse el fallo judicial que suspendió el proyecto de explotación petrolera offshore a unos 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.
Al respecto, Kulfas expresó también que «si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy».
El funcionario puntualizó que la posición del Gobierno «no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo», y destacó que por primera vez en los estudios de factibilidad participó el Ministerio de Ambiente.
En ese sentido, remarcó que «todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales», y enfatizó que el desarrollo offshore estará localizado «a 300 kilómetros de la costa».
Sobre eso, ejemplificó: «Es como creer que algo que pase en la ciudad de Buenos Aires podría impactar a Chascomús», al tiempo que puso de manifiesto el interés que despertó la iniciativa en la propia comunidad marplatense, en función de los recursos y fuentes de trabajo que podría significar para la zona.
En ese marco, relativizó la validez de las acusaciones sobre los impactos ambientales al destacar los adelantos tecnológicos de los últimos años y explicó que la mayoría de los desastres ecológicos relacionados con los hidrocarburos no se da en las plataformas marítimas sino en los buques.
Por su parte, el presidente del directorio de YPF-Tecnología (Y-TEC), Roberto Salvarezza, sostuvo que «estamos en una situación de debate sobre producción y desarrollo que parece confrontar con el ambientalismo»; y aseguró que «es una falsa opción».
Señaló que, si bien el país posee un «compromiso internacional» y «metas de reducción de dióxido de carbono» a través de la ratificación del Acuerdo de París, la forma de llegar a ellas «es una decisión que la tienen que tomar los argentinos».
«Estamos en una etapa de transición energética donde los combustibles fósiles van a seguir siendo utilizados por todos los países durante décadas», justificó Salvarezza. En ese sentido pidió diferenciar «el ambientalismo de países como Alemania del de Argentina».
«Lo que hacen (las organizaciones ambientalistas) es en pos de metas ambientales que tal vez en otros países están perfectamente justificadas y acá hay que ponerlas y sopesarlas con las necesidades locales que tiene nuestro país», expresó el también investigador del Conicet, quien reiteró que se trata de una etapa exploratoria y no de explotación del proyecto.
El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.
El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.
Sin embargo, el viernes último, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.
