Investigan a dos empresas tucumanas por la explotación laboral en Salta

La lucha contra la explotación laboral tuvo un fuerte operativo en el sur de la provincia de Salta, en el que las autoridades lograron liberar a 66 peones rurales que se desempeñaban en condiciones inhumanas en establecimientos dedicados a la producción cítrica. Dos empresas están en la mira y uno de los responsables permanece detenido.

La División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, junto con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desplegaron dos acciones relámpago y simultáneas en las localidades de El Galpón y Metán. Allí, constataron la presencia de los trabajadores de origen formoseño que habían denunciado los abusos.

A pesar de los sometimientos, los peones habían logrado informar que se encontraban confinados en las producciones, sin el pago de los jornales, trabajando a destajo y en pésimas condiciones habitacionales. “Vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, relataron desde la Policía de Salta.

Según trascendió en los medios locales, una de las empresas que estaría bajo el accionar judicial es la contratista Padilla Citrus, propiedad del empresario Pablo Padilla, con sede en San Miguel de Tucumán e instalaciones en ambas provincias, y oficinas en Europa y sudeste asiático. La otra es Dynamic Agroservices, dedicada a la mano de obra agrícola, y también domiciliada en la capital tucumana.

Cabe destacar que en El Galpón fueron rescatados 21 trabajadores de la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa, y en Metán fueron unos 45, reclutados entre la comunidad wichi y dirigidos a estas fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.

Además, el Ministerio de Seguridad y Justicia salteño remarcó que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. Allí se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal.