Intervinieron la obra social del SOEME

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la intervención judicial de Ostep, la obra Social de los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) que conducía Marcelo Balcedo, el empresario platense detenido desde el 4 de enero en Uruguay por lavado de dinero.

Kreplak designó para la obra social a los mismos interventores del sindicato, Conrado Reinke y Antonio Mazzeo, que tras remover el actual congreso directivo, nombrarán un Director médico para llevar recomponer la obra social. Además, la Justicia ordenó que Gendarmería allane los dos domicilios que Ostep tiene en la Ciudad con el objetivo de «tomar posesión y asegurar bienes».

Reinke dijo que su tarea es «devolver normalidad y gestión transparente a una entidad sindical que como mínimo había sido confundida con intereses particulares por sobre derechos de sus afiliados».

Para lograr la máxima transparencia que puede dar un Gobierno en un proceso de intervención de un gremio, los interventores solicitaron a Pedro Furtado de Oliverira, titular de la oficina país de la Organización Internacional del Trabajo que acompañe como veedor de todas las garantías que tienen los trabajadores y las entidades sindicales. Es la primer veeduría solicitada por un interventor en 99 años de existencia del organismo.

Según informó La Nación, la intervención había sido pedida luego de una auditoría realizada por quienes conducen actualmente el Soeme y se habían detectado varias irregularidades como conflicto de intereses respecto de las autoridades de la entidad, reclamos por defectuosa y/o inexistente prestación de servicios, reclamos por falta de pago a los efectores de salud y violación del derecho fundamental a la salud y a la vida por parte de la Ostep.

El primer fundamento para la intervención judicial había surgido por la cantidad de personas que ocupan cargos en la obra social y también lo hacían dentro del sindicato antes de ser intervenido. Nueve funcionarios que habían administrado de manera fraudulenta al SOEME, dirigían hasta hoy la obra social.

Los interventores notaron que un enorme porcentaje de afiliados especialmente habitantes del conurbano bonaerense y de numerosas provincias del país como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan, entre otras, estaría sufriendo hoy la ausencia total de las prestaciones que les corresponden por su aporte.