INFORMACIÓN GENERAL
Imputan a Venegas por el delito de coacción
El titular de la UATRE fue acusado de forzar la desafiliación de trabajadores de un gremio que compite con el suyo para ser atendidos en la obra social.
El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo «Momo» Venegas, y su obra social OSPRERA, fueron imputados por el delito de coacción por la fiscalía de instrucción y juicio Nº 6 de La Plata.
La denuncia surgió de un trabajador afiliado al Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (Satha), quien sostuvo en sede judicial que lo obligaron a renunciar a su afiliación gremial y pasarse a la Uatre como condición para ser atendido en Osprera.
El fiscal Marcelo Carlos Romero recibió las declaraciones testimoniales de cinco trabajadores que pasaron por la misma situación. En dos casos, los testigos sostuvieron que empleados de la propia Osprera redactaron por ellos las cartas de renuncia al Satha como condición para ser recibidos.
“Desafiliate a Satha o no te atendemos”. Eso fue lo que le dijeron al trabajador Juan Bautista Di Carlo en reiteradas oportunidades. Producto de esta situación, el sindicato formuló la denuncia penal el pasado 5 de julio.
“Nos empezamos a dar cuenta de esta situación porque nos llegaban telegramas de renuncia. Cuando empezamos a indagar un poco, nos enteramos de que Osprera les reclamaba su afiliación a la Uatre para ser atendidos”, narró a Página/12 Gustavo Arreseygor, titular de Satha.
El 20 de julio, los abogados del gremio ampliaron la denuncia en la cual se incorporaron más declaraciones testimoniales. Según informaron desde la fiscalía, dos de los declarantes contaron que los propios directivos de la obra social Osprera escribieron la carta de renuncia al Satha.
Pero existen más de cinco damnificados, por eso el fiscal Romero le pidió a la Departamental de Investigaciones que solicite en Satha todos los telegramas recibidos desde enero hasta el momento de la denuncia para determinar el universo total de los perjudicados por el accionar del titular de la Uatre.
“Lo que se investiga es si hubo coacción, es decir si las personas que renunciaron al sindicato (Satha) fueron amenazadas con no ser atendidas por la obra social”, indicaron desde la fiscalía de La Plata. Una vez que la Departamental de Investigaciones platense finalice con todas las medidas de prueba solicitadas, el expediente volverá a la fiscalía 6 y Romero definirá los pasos a seguir.