Gremio intentó impugnar concursos laborales en el Puerto de Buenos Aires y la Justicia lo rechazó

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n°25 desestimó la presentación de impugnaciones de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos de Argentina (APDFA), contra los concursos laborales de 300 trabajadores en la Administración General de Puertos.

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La presentación se realizó a partir de la regularización de 300 trabajadores durante el año 2023, que desempeñaban tareas sin cargo formal en la empresa estatal que administra el Puerto de Buenos Aires y la Hidrovía.

La interna gremial llevó a que la conducción nacional de APDFA, encabezada por Adrián Silva, intentara impedir las designaciones con el acompañamiento de la Unión Ferroviaria, lo que puso en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores impugnados.

En esa línea, entre los argumentos de los gremios para trabar las designaciones, se sostuvo que en los requisitos para acceder a los cargos, “se establecía que el personal debe tener secundario complejo , y cuestiones no objetivas como ‘empatía’ o ‘buena predisposición”, habían objetado.

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El fallo, por su parte entendió que no se verificaron “los presupuestos a los que se encuentra condicionada la procedencia de una medida que se requirió con carácter cautelar” y que el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, “autoriza a dictar medidas cautelares genéricas cuando el derecho del reclamante pudiere sufrir un perjuicio inminente e irreparable”, lo que tampoco se comprobó en este caso.

A su vez, el tribunal sostuvo que “en este singular caso concreto, no se verificarían sumariamente los presupuestos legales de los artículos 195 y 230 del CPCCN y los pertinentes de la ley 26.854, como para viabilizar la petición cautelar” de la APDFA.

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Con este argumento, el fallo aclara que “la complejidad de la materia debatida exige el análisis de distintas y disímiles resoluciones, el grado de avance de los concursos llamados y su compatibilidad con diferentes capítulos de, como mínimo, dos convenciones colectivas y sus anexos” y añadió que el caso, además, “presenta aristas complejas que requieren un mayor debate y prueba”, que serían “irreconciliables en el ámbito del marco cautelar”, solicitado por los gremios.