A la 1.20 horas de este viernes la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de cupo laboral travesti trans, que establece la contratación por parte del Estado de al menos el 1% de la plantilla total de la administración pública en todas las modalidades regulares.
La iniciativa recibió 207 votos a favor, 11 en contra y solo 7 abstenciones. Tanto los votos en contra como las abstenciones fueron en su mayoría de funcionario del PRO.
El proyecto, además, recibió un fuerte apoyo de diputados de extracción sindical, de hecho 11 congresales votaron por la afirmativa.
El diputado del Frente de Todos y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, afirmó que “esta es una deuda de la democracia con un colectivo históricamente discriminado en el acceso al trabajo” y pidió dejar de “invisibilizar la diversidad”.
La diputada del Frente de Todos y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, precisó en su discurso que “lo que incluye a una sociedad por excelencia es el trabajo, y de eso estamos hablando en esta cámara. Este proyecto no es más que una respuesta legislativa a un sueño colectivo”.
En tanto, el dirigente gremial de La Bancaria (AB), Carlos Cisneros, celebró el poder otorgarle “media sanción a una demanda histórica”, por lo que celebramos esta victoria del colectivo trans.
“Cómo no darle cupo a un grupo excluido, no podemos exigirle meritocracia a quienes están aislados. Esta ley nos incumbe a todos y todas, el cupo laboral trans es justicia social”, detalló el dirigente.
Otros dirigentes que también votaron a favor de la ley fueron: Walter Correa (secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores); Patricia Mounier (secretaria de Derechos Humanos de SADOP Nacional); Claudia Ormaechea (secretaria de género de La Bancaria); Pablo Ansaloni (UATRE); Carlos Ponce (CGT San Luis); Facundo Moyano; Pablo Carro (CTA de los trabajadores); y María Rosa Marínez (CFT).
El proyecto no establece requisito de terminalidad educativa para el ingreso y permanencia en el empleo “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades”.
La iniciativa además aclara que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
