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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Fraude versus elecciones limpias

El caso de ATE Nacional esta semana reavivó el debate sobre las elecciones y la democratización en los sindicatos. Un debate que el sindicalismo viene ganando.

Pablo Maradei

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¿Qué tienen en común los sindicatos de Comercio, SOMU, de Personal de Seguridad, de Seguros y ATE? Estos seis gremios fueron a elecciones en los últimos meses o intentaron llevarlas adelante si es que la Justicia o el ministerio de Trabajo no frenó el proceso electoral a raíz de las denuncias.

En todos ellos hubo escándalo en la previa que incluyeron acusaciones por padrones adulterados, que incluían muertos o afiliados inventados. También corrieron demandas hacia quienes conformaban la Junta Electoral. Claro está, de superar estas cuestiones y avanzar en la elección de autoridades, correrían nuevas denuncias durante la votación.

Por ejemplo, el caso de ATE esta semana: la oposición a Hugo Godoy denunció metida de votos truchos en las urnas (aseguran tener videos), robo de urnas y amedrentamiento contra fiscales que no pudieron hacer su labor. Por si todo este rosario fuera poco, agregamos folklore peronista que solemos ver: piñas, empujones y plomo que dejan heridos y a veces muertos.

En cualquier caso y como vemos, no importa la envergadura del gremio, a todos les cabe por igual la situación. Comercio es el gremio de mayor cantidad de afiliados y el de Personal de Seguridad, es un sindicato chico con una cuota sindical baja por los empobrecidos salarios que cobran sus afiliados. Pero no importa.

Ahora bien, un proceso de confrontación en las urnas debería ser algo normal en cualquier institución democrática: se presentan listas, se vota y se elige o reelige conducción. Desde una dependencia del ministerio de Producción y Trabajo que siguen estas cuestiones muy de cerca apuntan: “Diríamos que en el 100% de los casos nadie quiere perder el poder y es por eso que son moneda corriente los casos de eternización”. Claro está, del otro lado cualquier dirigente dice la de manual: “Nosotros damos la cara todos los días frente a los afiliados y eso hace a nuestro trabajo; además, cada cuatro años nos sometemos a votación”.

Tomando como punto de partida que los sindicalistas son honestos, ¿quién quisiera volver al llano si dejara la representación gremial? ¿Tomar un colectivo para volver a someterse a un régimen laboral bajo patrón? Arropen al Caballo Suárez de marinero en vez de recordarlo en fotos envuelto en sus sacos blancos de etiqueta extranjera. O imaginen a un secretario general sin chofer. Placeres del poder y del dinero.

Ahora bien, ¿las votaciones en los sindicatos son representativas? Depende: si las listas opositoras son realmente opositoras veremos que todo termina en escándalo como contamos. En cambio, y como también ocurre en política, en muchos casos son los propios oficialismos los que inventan listas opositoras fantasma que hacen el juego de dar legitimidad a un proceso electoral que no lo tiene.

Pareciera que la única forma de traspaso de poder real en un sindicato es a rey muerto, rey puesto. Y que el rey puesto sea alguien del riñón para evitar la mancha de ese dirigente solo que post mortem. Y cuando hablo de “muerto” hablo literalmente de ceder el poder ante vejez senil o mortandad.

Volvamos al SOMU: cuando Jorge Triaca era ministro de Trabajo intentó llevar transparencia a los sindicatos proponiendo elecciones a lo largo de una semana y mediante voto electrónico. De hecho, sacó una resolución en la que invitaba al resto de los sindicatos a sumarse a este método: solo lo hizo Víctor Santa María en su sindicato (encargados de edificios). Recordar que la UIF había detectado movimientos bancarios, entre Suiza y Uruguay, vinculados a cuentas que el dirigente tendría (no a su nombre). Investiga (?) el juez Claudio Bonadio.

Paradojas de la berreta política local: el que terminó enchastrado y eyectado de su cargo fue Triaca porque puso como encargada de la delegación del SOMU de San Fernando a su sirvienta. En fin… ¿quién va a hacer caso a quien no cumple con lo que propone?

Más lejos en el tiempo hay que remontarse a la Ley Mucci, propuesta por ese funcionario durante el gobierno de Ricardo Alfonsín. La Argentina salía de la Dictadura y con ese envión, y como ordenamiento de la estructura sindical y para contener la inflación, el radicalismo propuso una mayor intervención del Estado en el movimiento obrero. Le fue muy mal porque nunca se convirtió en ley.

Escribe Pedro Massano en su tesis llamada “Reorganización del Movimiento Obrero Sindicalizado en la post dictadura argentina: El caso de la Ley Mucci”.

“La mayor parte de los puntos del plan de democratización eran conocidos por la dirigencia sindical. Estos apuntaban a la reproducción como conducción, como la duración de los mandatos, la incorporación de las minorías o las elecciones de base como paso previo a la renovación de las cúpulas, varios de estos aspectos ya los había enfrentado durante la revolución libertadora. Otros, en cambio, eran novedosos, como la fiscalización de las elecciones por parte de la justicia electoral. El conjunto de la literatura “alfonsinista” concuerda en que el proyecto buscaba romper con la “oligarquización” que se había dado dentro de los sindicatos. Pero este proceso es visto como si fuera un desvío del desarrollo normal de la representación gremial, dado por el modelo consolidado a partir del peronismo. Si bien este modelo es fundamental para entender las características del sindicalismo en la argentina, pareciera que se asumía que el movimiento obrero llega a 1983 exactamente igual a como estaba en 1976”.

Sigue el siga siga… para bien o para mal según quién lo diga.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Informe OIT: Los desempleados podrían aumentar en 2,5 millones en 2020

Así lo estimó el organismo tripartito en su informe «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo–Tendencias 2020». También indicó que la falta de empleo afecta a casi 500 millones de personas en el mundo.

Mundo Gremial

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El nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo–Tendencias 2020» aseguró que “la insuficiencia de empleos remunerados afecta a casi 500 millones de personas en el orbe”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “la ausencia de trabajo decente, asociada al aumento de la desocupación y la persistencia de las desigualdades, dificulta la posibilidad de construir una vida mejor”.

“Esa realidad dificulta la construcción de una vida mejor”, indicó el informe del organismo laboral tripartito, que explicó que casi 500 millones de personas trabajan menos horas remuneradas de las que desearían o no tienen suficiente acceso al empleo asalariado.

El estudio reseñó que “el número de desempleados debería aumentar en 2,5 millones en 2020” y que “la desocupación mundial se mantuvo relativamente estable los últimos nueve años, aunque la desaceleración del crecimiento económico significa que mientras en el orbe la fuerza laboral se incrementa no se crean suficientes nuevos puestos de empleo”.

“De esa forma, no es posible absorber a quienes desean incorporarse al mercado laboral. Para millones de personas es cada vez más difícil construir vidas mejores”, afirmó el director general de la OIT, el exsindicalista británico Guy Ryder.

Ryder señaló que “la persistencia y amplitud de la exclusión y las desigualdades laborales impide hallar un empleo decente y forjar un futuro mejor, lo que constituye una conclusión extremadamente preocupante y tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social”, dijo.

El desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra se extiende más allá del desempleo a una amplia subutilización de esa mano de obra y, además del número mundial de desocupados (188 millones), 165 millones no tiene suficiente trabajo remunerado y 120 millones o abandonaron la búsqueda activa o no tiene acceso, indicó.

Más de 470 millones de personas están afectadas, en tanto el estudio analizó también las desigualdades del mercado laboral y, a partir de nuevos datos y estimaciones, evidenció que “las diferencias de ingresos son superiores, en especial en países en desarrollo”.

A nivel mundial, el sector del ingreso nacional que se destina a mano de obra (y no a otros factores de producción) disminuyó entre 2004 y 2017 de 54 a 51 por ciento, y esa caída económica significativa fue más acentuada en Europa, Asia Central y las Américas.

Informe OIT 2020 – Los Desempleados Podrían Aumentar en 2,5 Millones en 2020 by Mundo Gremial on Scribd

“La pobreza de los trabajadores, moderada o extrema, debería incrementar en 2020-21 en esos países en desarrollo, lo que tornaría más difícil concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 sobre su erradicación en el planeta en 2030. Hoy, ese flagelo (ganar menos de 3,20 dólares diarios en términos de paridad del poder adquisitivo) afecta a más de 630 millones, uno de cada cinco personas de la población económicamente activa”, puntualizó.

Otras desigualdades significativas – definidas por sexo, edad y ubicación geográfica – son factores pertinaces de los mercados laborales, lo que limita las oportunidades profesionales individuales y el crecimiento económico general, en tanto 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años “no trabaja ni estudia ni recibe formación y soporta malas condiciones laborales, lo que no es compatible con la inclusión o el desarrollo”, señaló.

Stefan Kühn, principal autor del estudio, indicó que “el fortalecimiento de las restricciones comerciales puede tener graves repercusiones, directas o indirectas, sobre el empleo”, y que “el ritmo y la forma del crecimiento económico entorpece los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo en los países de bajos ingresos”.

“Es preciso modificar el tipo de crecimiento para estimular las actividades de mayor valor agregado a través de la transformación estructural, la modernización tecnológica y la diversificación de la producción. La subutilización de la mano de obra o los empleos de baja calidad implica que las economías pierdan beneficios potenciales de talento”, afirmó

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En época de vacas flacas… que las máquinas paguen impuestos

La idea, aunque fuera de agenda mediática, es compartida por dirigentes sindicales del sector industrial. En ciertos países, frente al colapso del sistema de la seguridad social, se está debatiendo el tema.

Pablo Maradei

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Se mezcla todo en nuestro país: desempleo, sistema previsional colapsado (también en otras partes del planeta), necesidad de exportar para generar dólares genuinos, recesión con necesidad de ampliar la recaudación impositiva, y tantos otros etcéteras de una economía arruinada en continuado desde hace décadas. Los votos de los argentinos para con esas nupcias se renuevan cada diez años (?) o lo suficiente como para que cada compatriota tenga tres o cuatro dosis de debacle económica a lo largo de su vida.

En muchas industrias y desde hace décadas las máquinas reemplazaron al hombre: no es nuevo hablar de esto. Pero el proceso es imparable y no hay horizonte claro de cómo atajar o contener los avances despiadados sobre un paradigma laboral que está jaqueado continuamente. Lo último, por ejemplo, es que a través del desarrollo de inteligencia artificial se elaboró un programa que sugiere qué actores debe elegir un director según el guion.

A esta novedad se le suma otra en nuestras pampas: que las máquinas que reemplacen puestos de trabajo realizados por seres humanos paguen impuestos. Se lo comentó un secretario general del sector industrial a Mundo Gremial: “No veo mal que si una máquina reemplaza a un hombre, esa empresa deja de pagar salario e impuestos; por lo que la carga impositiva podría mantenerse, no sé si en los mismos niveles monetarios pero sí para que el sistema previsional no siga en caída libre”.

Completa la foto Rodolfo Daer, del sector alimenticio industrial, quien comparte la visión de su colega: “Ese tributo debe alcanzar no solo a robustecer el sector previsional sino también a las obras sociales”. Y agrega un eje a discutir: “La alta tasa de productividad que traen aparejadas las nuevas tecnologías abre el debate sobre un nuevo contrato laboral en el que debemos discutir reducción de días laborales y jornadas”. Brinda ejemplo: “En 1994 Terrabusi tenía dos plantas y empleaba a 7.500 trabajadores; hoy tiene una sola y trabajan 1800 personas pero elabora 11 toneladas más de galletitas que en aquel entonces”. Completa: “Esa fenomenal productividad permite que la planta trabaje todos los días y en distintos turnos lo que se puede completar con jornadas más cortas de trabajo empleando a más gente”.

Memoriosos: el tema de la reducción laboral lo planteó Nicolás Del Caño en los debates presidenciales del año pasado.

Este tema no está en la agenda pública argentina; pero sí en el mundo. Y no hablamos de sindicalistas que se ponen al frente del reclamo sino de los multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk que fueron quienes se animaron a tirar la primera piedra hace dos años en Estados Unidos.

Duda: ¿El efecto impositivo sobre las máquinas desalentaría que las fábricas se modernizaran incorporando máquinas a sus procesos productivos? ¿Ralentizaría la caída del empleo? Todo depende del resultado que aporte la conjugación que se fuera a dar entre los distintos actores económicos (empresas y sindicatos), poder político y legislativo para encarar una legislación sana, sensata y consensuada. También está el factor psicológico: qué hacer frente a los desempleados que terminan con cuadros de depresión agudos o deterioro en su salud y que seguramente recurran a sistemas de salud públicos.

En cualquier caso, y ante la parálisis veraniega, desde el sector empresario prefirieron solamente aportar con que es un “tema polémico” y que no hay una posición tomada al respecto. Se entiende: en épocas de vigencia de un Consejo Económico y Social preferible no poner temas a debate tan profundos como este.

¿Por qué la discusión se plantea ahora? Se conjugan muchos factores: un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial que necesitará trabajar y a su vez en muchos países europeos se da un envejecimiento poblacional que hace colapsar los sistemas de seguridad social. Curioso: el argentino está reventado sin tener envejecimiento poblacional. A la par: en esta 4° revolución industrial la Inteligencia Artificial y los robots suponen un tsunami a los puestos laborales existentes. ¿Esa suposición se cristalizará en realidad? ¿O será otro pliegue en la evolución?

Algunos datos que recopiló la OIT que sirve de pantallazo para hacernos una idea del futuro del trabajo: investigaciones de la Universidad de Oxford anticipan que un 47% de los empleos en Estados Unidos se encuentran en un alto riesgo de automatizarse para mediados de 2030. Para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se prevé que 57% de los empleos son susceptibles de ser automatizados. En América Latina y el Caribe alrededor de 50,6% de las actividades tienen el potencial de ser automatizadas, con lo que se verían afectados más de 100 millones de empleados.

Si aún no sabemos si la contracara a la creación de empleo es la robótica, estudios del Banco Mundial estiman que más de 200.000 robots industriales son empleados cada año y que la cifra continuará en alza. ¿Será hora de poner cartas en el asunto?

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Aumento a estatales: ¿Cuántos trabajadores quedan afuera de la medida?

Mientras los empleados de la órbita nacional recibirán el incremento, miles de trabajadores provinciales y municipales no gozarán del beneficio.

Jonatan Beltrando

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Si bien aún no es oficial, ya se conoce que los trabajadores estatales nacionales recibirán un aumento en línea con el sector privado de $4.000, que se abonará en dos cuotas. No obstante, la mayoría de las provincias no harán efectivo el incremento por lo que cientos de trabajadores quedarán al margen de la medida. ¿Cuántos trabajadores no recibirán el aumento? ¿Cuál es la situación de cada provincia? ¿Qué pasa con los municipios?

Es indudable el esfuerzo que viene realizando el gobierno de Alberto Fernández para comenzar a dinamizar la economía y fomentar el consumo, a partir del incremento salarial paulatino en el bolsillo del trabajador. No obstante, la mayor parte de los trabajadores de todas las órbitas del Estado no alcanzará el beneficio.

Al margen de que la medida, que se hará oficial en las próximas horas, fue bien recibida por los gremios estatales, se sabe que cientos de miles de trabajadores de la órbita del Estado provincial y municipal no recibirán el incremento.

Específicamente, son 198.836 los empleados del sector público nacional que recibirán el aumento (presuntamente de $4.000 a abonarse en febrero y marzo) sumado a militares y agentes de las fuerzas de seguridad, como Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, entre otros, que forman parte del sector público nacional que cuenta con 744.825 empleados.  La suma sólo representa poco más del 24% de los empleados estatales de todo el sector público del país.

Es decir, que la medida no beneficiará a los casi 3 millones de trabajadores provinciales ni a los cerca de 600 mil empleados municipales, más del 75% de los empleados a nivel nacional.

Cada provincia presenta sus particularidades, pero la mayoría ya confirmó que no podrá hacer frente al desembolso que propone el gobierno nacional ya que el gasto en salarios representa alrededor del 50% de las arcas.

En la provincia de Buenos Aires, con la reciente aprobación en la Legislatura de la Ley Impositiva 2020, el gobierno de Axel Kicillof confirmó que abonará el aumento a los estatales bonaerense, aunque aún no hay precisiones sobre la metodología con la que se aplicará la suba. Así y todo, la cifra de los trabajadores beneficiados ascendería al 40%; aún quedarían 2.381.497 trabajadores por fuera del incremento.

Córdoba, por su parte, cerró su paritaria hasta febrero próximo: acordó un aumento del 4% a fines de 2019 que se cobró en enero.

Santa Fe tampoco podrá replicar la medida nacional ya que se encuentra en una situación de pagos escalonados (entre el 3 y el 15 de este mes) y explicaron que no están en condiciones de negociar incrementos de salario.

El gobierno sanjuanino también se mostró por la negativa justificando la decisión de que cuentan con “cláusula gatillo” que se actualiza todos los meses de acuerdo a la inflación.

Desde el gobierno de Mendoza, en tanto, aclararon que no abonarán esa suma y congelarán los salarios del Ejecutivo por seis meses.

En Río Negro volverán a negociar a mediados de enero y hasta el momento no se conocerá si abonarán un adicional. De todas formas tienen previsto un aumento del 4%.

En la provincia de Chubut, un terreno que ha presentado todas las dificultades económicas durante 2019 aún adeuda el aguinaldo de diciembre y se encuentra muy lejos del incremento salarial. De hecho continúan abonando salarios de manera escalonada.

En Entre Ríos apenas dejaron traslucir la posibilidad de hacerse eco de la medida nacional, aunque aún aguardarán la confirmación del aumento para evaluar qué hacer.

Tucumán es otro de los que parecen encontrarse lejos del acatamiento, ya que eliminó por decreto la “cláusula gatillo” rubricada el año pasado y anunció un recorte general.

En contrapartida, las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes, se adelantaron a la posible determinación nacional y anunciaron aumentos y bonos especiales en los últimos días.

Según datos oficiales, el Estado argentino cuenta con 3.906.682 empleados, contemplando los trabajadores del sector público nacional, la administración nacional, las provincias y los municipios. A priori, el aumento que se espera se haga oficial prontamente, incluiría a los empleados de la administración pública nacional (198.836) y a la gran mayoría del sector público nacional (744.825).

En suma, cientos de miles de trabajadores no podrán paliar los efectos de la crisis y la marcada disminución del poder adquisitivo de los salarios y quedarán a la buena de cada una de las provincias para revertir su situación en el corto y mediano plazo.

¿Cuánto representa el aumento para un trabajador municipal y la provincia?

A modo de ejemplo, imaginamos cómo repercutiría el aumento en el salario del trabajador y cuánto debería ser el desembolso que afrontaría una provincia.

Un trabajador de la Municipalidad de San Luis recibe $30.000 neto de salario, con lo cual el incremento propuesto sería del 13,3%. Los trabajadores municipales de Villa Mercedes, en tanto, perciben $32.000 en sus haberes, con lo cual el incremento significaría una suba del 12,5%.

Para la provincia, teniendo en cuenta los 40.000 trabajadores (municipales y provinciales) que se desempeñan (aproximadamente), y que la provincia destina en salarios unos 13.700 millones de pesos , el incremento significaría un desembolso de al menos 160 millones más.

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