Fracasó la paritaria pesquera y el SOMU denuncia «intransigencia empresarial» y un intento de rebaja salarial del 44%

La reunión programada por el Ministerio de Capital Humano entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y SIMAPE, y las cámaras pesqueras de la flota Tangonera Langostinera (CAPECA, CAPIP, CEPA), finalizó sin acuerdo y los gremios denunciaron la «intransigencia empresarial» y el intento de las cámaras de bajar los valores de producción, lo que significaría una reducción salarial del 44% para los marineros.

El conflicto se agudizó con la situación en el puerto de Madryn, donde la empresa Conarpesa habría convocado a la tripulación del Buque Antonio Álvarez con la intención de que firmaran un acuerdo para reducir los valores por tonelada en un 22%. El gremio que conduce Raúl Durdos (SOMU) enfatizó en un comunicado de prensa que, dado que el salario se calcula por producción, esta rebaja implicaría una disminución del 44% en los ingresos de los marineros, algo que califican como un ataque a su «sacrificio y dignidad».

Durante la reunión paritaria, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, transmitió la existencia de una denuncia por amenazas vía WhatsApp, que incluyó la foto de un arma de fuego. Al respecto, el SOMU desvinculó completamente a su organización de este accionar, solicitando una investigación a fondo y señalando que las fotos provienen de un «face público» y que el arma pertenece a «una persona de seguridad» ajena al gremio.

El sindicato acusó a las empresas de «generar estas situaciones de enfrentamientos entre los marineros» al presionar para que se firmen acuerdos unilaterales de rebaja salarial.

Las cámaras pesqueras mantuvieron su propuesta de bajar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) en los valores de la producción, algo que el SOMU ya había declarado «inconstitucional» y que bajo ningún concepto están dispuestos a negociar. El gremio rechazó «totalmente que se puedan realizar acuerdos particulares» al considerar que «no revisten legalidad jurídica».

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano informó que el Decreto 633/18, que ofrece una exención para liquidar el 70% de los salarios brutos como «no remunerativo», solo será aplicable si lo firman el SOMU y la empresa interesada en salir a pescar. Esta condición subraya la postura del Ministerio de avalar acuerdos individuales bajo ciertas condiciones, algo que contrasta con la postura del SOMU de no ceder en la baja de los valores de producción.