Estatales de Córdoba cerraron acuerdos paritarios con el gobierno de Llaryora

El Gobierno de la provincia de Córdoba firmó un nuevo acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que se suma a los ya alcanzados con el gremio de los jerárquicos (UPS) la semana pasada y con los docentes (UEPC) en marzo, dejando como único frente de conflicto entre los estatales provinciales la situación con los empleados judiciales.

El acuerdo con el SEP, que encabeza Sergio Castro, garantiza aumentos salariales en sintonía con la inflación y se extenderá hasta abril del próximo año. Según fuentes gremiales, el SEP, que es el segundo gremio más numeroso entre los estatales después de la UEPC, se aseguró con este acuerdo un aumento del 1,7% por encima de la inflación a finales de año.

Con el salario de mayo, que se percibirá en los primeros días de junio, los empleados de la administración pública y del sector de la salud recibirán los aumentos correspondientes a la inflación de marzo (2,8%) y abril (2,5%), lo que se traduce en un incremento salarial del 5,3% remunerativo en el próximo recibo de sueldo. A partir del mes siguiente, el aumento salarial se regirá por la cláusula gatillo, atada a la inflación que mide la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.

Un elemento decisivo para la concreción del acuerdo con el SEP fue el anuncio del gobernador, Martín Llaryora, sobre la reglamentación de la nueva Ley de Salud (10.889). Esta medida implicará un aumento importante para los Equipos de Salud de los hospitales públicos, que han mantenido un estado de asamblea permanente durante varias semanas.

Más allá del anuncio, en los salarios de mayo, los profesionales de la Salud recibirán el mismo aumento que el resto de los empleados públicos (5,3%), ya que la aplicación de la nueva normativa sanitaria aún no está terminada. Para su implementación, se deberá conformar una mesa de trabajo que abordará la ley sancionada en 2023, tras el prolongado conflicto hospitalario de 2022. Llaryora comunicó al SEP que cumplirá su promesa de campaña de reglamentar esta ley.

A pesar de estos avances, existe la incógnita sobre la situación en los hospitales, ya que la aplicación de la norma demorará, y otros gremios no reconocidos por la Provincia para discutir salarios, así como los autoconvocados, amenazan con continuar las protestas.

El único gremio estatal de la provincia con el que el Ejecutivo mantiene un conflicto abierto es la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj). Tras un paro de 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, el secretario de Trabajo provincial, Omar Sereno, convocó a una mesa de diálogo al gremio y a representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este encuentro se realizará el próximo lunes a las 11 en la Secretaría de Trabajo provincial. Cabe destacar que Sereno no tiene la facultad de dictar una conciliación obligatoria, ya que no hay una discusión paritaria en el Poder Judicial de Córdoba.

El conflicto judicial presenta algunas particularidades. Si bien los jueces y funcionarios judiciales provinciales tienen sus salarios equiparados en un 90% con los federales desde 2012, los empleados judiciales provinciales no gozan de esa equiparación, aunque sí reciben los aumentos que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde hace unos años, el gremio judicial provincial, encabezado por Federico Cortelletti, reclama esta equiparación salarial al gobierno cordobés.

Recientemente, el Tribunal Superior oficializó una reestructuración del escalafón de los empleados, lo que significó un aumento promedio del 10% para los judiciales provinciales. Si bien el gremio aceptó estos cambios, los consideró «insuficientes» y ratificó su reclamo de equiparación con los tribunales federales. Fuentes oficiales estiman que esta equiparación implicaría un aporte extra de unos 1.500 millones de pesos mensuales por parte del Gobierno provincial, una cifra que desde el Centro Cívico consideran «imposible» de asumir.

Con este marco, la asamblea extraordinaria del gremio judicial, realizada este viernes, acordó participar en la mesa de diálogo con el TSJ, pero ratificó el estado de alerta y movilización. 

En los próximos días, se espera que el resto de los gremios con menor cantidad de afiliados, como el sindicato de Músicos, Gráficos, Casinos, Viales, Lotería, Atsa y legislativos, entre otros, también alcancen un acuerdo paritario con el gobierno provincial.