Un caso de persecución gremial salpica al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y genera un manto de incertidumbre entre los trabajadores viales de la provincia.
Es que el mandatario provincial desconoce al histórico sindicato de trabajadores viales y se apoya en un gremio recientemente creado para aplicar un polémico convenio «antiobrero».
La denuncia fue efectuada por el Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza (SITRAVI), entidad gremial de primer grado con personería gremial desde 1972 y el de mayor representación sindical en la actividad.
Según relataron desde SITRAVI a Mundo Gremial, hoy en Mendoza existe una connivencia entre Cornejo y los integrantes de la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT VIAL) para avanzar contra las derechos de los viales mendocinos.
«El gobernador nos apartó de la mesa de negociación y ahora discute condiciones laborales con un sindicato sin personería, que armó la FAT Vial en perjuicio de los trabajadores viales», contó Claudio Díaz, secretario general del SITRAVI.
El gremio que menciona el dirigente es el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Mendoza (SOEVI), fundado en 2011, que encabeza Ricardo Peña, «un títere de los funcionarios provinciales que en connivencia con la administración Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza (DPV) buscan desestabilizar a nuestra organización», agregó Díaz.
La creación del SOEVI tuvo una intención concreta: ser el instrumento para aplicar en territorio mendocino un nuevo convenio colectivo de trabajo en reemplazo del celebrado por el SITRAVI en 1989, hoy desconocido por Cornejo.
El convenio que pretenden instrumentar es el CCT 572/09 que «pretende avasallar derechos conquistas y usado para arreglar con el gobernador las políticas antilaborales contra los trabajadores», denunciaron.
«Por decisión de la gestión política ejercida desde el Gobierno de Mendoza, han tomado la decisión de reconocer un sindicato sin personería gremial, con intereses personales y económicos, y que no cuenta con la representación correspondiente ni el cupo de afiliados representativo en lo que respecta a la planta efectiva de trabajadores dependientes de la DPV», añadieron en diálogo con Mundo Gremial.
El SITRAVI judicializó la situación, y amparado por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fallo de la Cámara del Trabajo, continúa con la lucha por la aplicación de su convenio colectivo.
Pero el ataque a la organización no terminó ahí. El año pasado, el gremio que conduce Díaz realizó una elección de autoridades, con aval y reconocimiento del ministerio de Producción y Trabajo.
Y a pesar del cumplimiento de todos los pasos legales requeridos, en la actualidad, tanto el secretario general como el resto de comisión directiva, se encuentran con licencias gremiales sin goce de haberes, lo que implica en primer lugar que la Administración de la DPV resolvió de manera arbitraria el no reconocimiento de la institución gremial como de sus autoridades electas democráticamente por la mayoría de los trabajadores de la actividad.
«Para nuestro caso en particular en muy evidente que el gobierno de Mendoza se encuentra muy interesado en aplicar un convenio nacional 572/09 en virtud de que el mismo fue redactado entre gallos y medias noches, quienes a espalda de las entidades de primer grado redactaron un convenio absolutamente perjudicial para los trabajadores», concluyeron.
Dato: el sindicato ya realizó siete demandas por persecución gremial contra distintos delegados y miembros de comisión directiva, las cuales resultaron favorables para la organización sindical ocasionándole al Estado provincial un perjuicio económico de 400.000 pesos ya que los funcionarios no se hicieron cargo de las costas y honorarios de los juicios.
