«El ambiente en Puerto San Martín ya no es el mismo. Está todo muy tenso, y hay mucho miedo». Son palabras de un trabajador portuario, que vivió de cerca los recientes hechos de violencia en la localidad. Si bien prefirió resguardar su nombre para evitar «represalias», fue contundente en su evaluación: desde la liberación de Herme ‘Vino Caliente’ Juárez «acá todo tenemos miedo», insistió.
Es que en los últimos días se registró una serie de sucesos que despertaron las alertas de los trabajadores, y el temor, también.
Todo pasó en veinte días, ¿casualmente? desde la cuestionada decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de otorgar la libertad al exsindicalista Júarez, detenido por asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.
Juárez quedó en libertad el 4 de febrero. Al otro día, en una primera muestra de impunidad, se presentó en la Cooperativa Portuaria del Puerto y desde ahí comenzó a agitar la toma del sindicato SUPA, que condujo hasta su detención, hoy intervenido por decisión judicial.
El objetivo de «Vino Caliente» es recuperar el poder en el gremio y para eso necesita voltear a la intervención, a cargo de la tarea de normalización y de preservación de la prueba que pudiera ser de utilidad para la investigación criminal en curso.
Y en su propósito, el sindicalista activó sus hilos de poder aún intactos, y su mano comenzó a hacerse presente en la vida institucional del SUPA y sus afiliados. Todos los hechos de violencia están relacionados con Herme y su clan.
Primero fue el ataque a uno de los vehículos de traslado de trabajadores, horas después se registró la presencia de «sicarios» armados para amenazar a los choferes de los micros.
¿El motivo? La intervención cortó un negocio oscuro de Juárez con la empresa Ben Hrnos SA, que cobraba al sindicato casi 3 millones de pesos mensuales, luego de detectar irregularidades en el manejo de la sociedad entre ambos.
Los enumerados fueron algunos de los episodios de violencia suscitados en apenas 20 días, que llevaron al interventor Marcelo Urban al cortar el servicio de traslado de afiliados para preservar la integridad física de los trabajadores, situación que está pronta a resolverse por parte de la intervención.
Lo llamativo fue que la totalidad de los ataques tenían un mismo destinatario: el SUPA, y no la Cooperativa, la organización de la que dependían casi el cien por cien de los casos de corrupción investigados.
En ese punto, se despertaron las sospechas en el seno del SUPA. ¿Habrá sido un acuerdo de paz entre la actual intervención de la Cooperativa y «Vino Caliente la llave de la libertad del sindicalista?
Frente a la situación, el sindicato continúa con las denuncias por «aprietes» y para exigir el esclarecimiento de los hechos, y responsabiliza al juez González Charvay por las consecuencias de los sucesos denunciados, ya que el magistrado en sus argumentos de liberación sostuvo que «cesaron los peligros de entorpecimiento de la investigación», algo que los acontecimientos recientes lo desmienten.
