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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Esa peligrosa idea de no incluir la cláusula gatillo

Mundo Gremial

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Por Leandro Moro, economista, columnista de Mundo Gremial.

En plena negociación paritaria suenan numerosas voces del gobierno y sectores empresarios proclamando a la clausula gatillo como una de las principales fuentes de la elevada inflación reinante. Sin embargo es importante repasar algunos conceptos para entender tanto las fuentes inflacionarias como los riesgos de no atar los salarios al IPC.

Comúnmente suele decirse que la inflación es el resultado de la puja distributiva entre trabajadores y empresarios, sin embargo este escenario no podría generarse sin un desajuste previo. ¿Qué genera entonces la inflación? Básicamente la inflación es la pérdida sistemática de valor relativo de la moneda respecto del resto de los bienes y servicios de la economía. Ahora bien, como en todo mercado el valor del dinero vendrá dado por las fuerzas de la oferta y de la demanda. Si cae la demanda de dinero, porque por ejemplo, hay menos confianza en la moneda, entonces cae el valor del peso, y hay más inflación. Por el otro lado, el de la oferta, supongamos que el Banco Central emite descontroladamente para cambiarle los dólares que el tesoro ingresa por toma de deuda externa, la cantidad de dinero aumenta por arriba de lo que la gente desea para realizar sus transacciones y consecuentemente el peso termina perdiendo valor, en este caso por la sobreabundancia.

En este esquema, sin un desequilibrio en el mercado de dinero, la famosa puja distributiva entre capitalistas y trabajadores no tendría lugar, al menos no en la magnitud que podemos observar hoy día en Argentina.

Teniendo en cuenta esta definición, pensar que la inflación es el resultado del aumento de los salarios, es un error técnico gravísimo. De hecho, que los salarios aumenten es, en sintonía con lo enunciado en el párrafo anterior, el resultado puro del ajuste de los mismos a la depreciación de una moneda mal administrada y no al revés. Sostener esto es además de un error técnico, una falta a la honestidad, dado que varios funcionarios del gobierno actual, sostenían lo opuesto durante la campaña.

Por otro lado, el riesgo macroeconómico es de una implicancia fenomenal. Una inflación descontrolada frente a un aumento de sueldos con un tope bajo, derivaría en una caída abrupta del nivel del salario real. Las consecuencias inmediatas son el aumento de la pobreza y de la indigencia. Además en términos macroeconómicos el resultado es el de la caída del consumo. Por lo tanto es importantísimo destacar que el ímpetu de los empresarios por no dar aumentos acordes a la inflación, a la postre generará una caída abrupta de las ventas, lo que conllevará a la quiebra de numerosas firmas.

En consecuencia, la mala política económica, la mala política monetaria y el mal diagnóstico de la misma, terminará por ajustar por el lado del salario de los trabajadores, lo que no solo no corregirá el problema inflacionario, sino que además generará el efecto opuesto al buscado.
La lucha contra la inflación tiene dos ejes claves que la fundamentan, el cuidado de los más vulnerables y la estabilidad macroeconómica, los cuales, como se argumento en la presente, estarán cada vez más lejos de conseguirse si no se incorpora la cláusula gatillo en la negociación paritaria.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Argentina, en el laberinto borgiano

Por Nicolas Alberio, Columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Como es sabido, los laberintos ocupan un lugar trascendental en la obra del maestro Jorge Luis Borges. Centenares de pasillos se desarrollan de un lado a otro, pero nunca conducen a la salida. La sensación de sentirse perdido, de no encontrar la solución, grafican de forma espeluznante el presente de nuestro país.

Todo laberinto, supone una serie de lugares uniformes, de encrucijadas siempre iguales, de sendas que se bifurcan monótonamente. A veces aparece algún signo distinto y el que lo sigue descubre luego que está otra vez en el punto de partida donde se perdió.

Como en los magníficos cuentos de Borges, el país se encuentra inmerso en un laberinto. La descomposición social, el deterioro de las condiciones laborales y la calidad de vida, se acrecientan año a año. Ya no sirve de justificación la herencia recibida, muy compleja claro está, o la crisis mundial que se nos cae encima.

Argentina se encuentra empantanada, y por más esfuerzos que se hagan nos hundimos sin más remedio.

Mientras el poder adquisitivo de los trabajadores cae de forma incesante con las paritarias que no superan a la inflación, la suba del transporte, de los alimentos y los servicios públicos, somos espectadores de un grupo minúsculo que cuenta de a millones el dinero de todos y que hasta lo registran en cuadernos. Mientras aumentan las suspensiones en las fábricas y los despidos se suman de a miles, observamos como la especulación financiara incrementa exponencialmente su patrimonio renovando Lebacs a una tasa del 45%.

Estamos a mediados de agosto y la paritaria docente aún no se resolvió. Dos personas mueren en una escuela por un escape de gas. Centenares de chicos piden monedas en los semáforos. Las malas noticias se suman y se suman, pero no pasa nada. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a vivir mal, y ya nos parece hasta habitual. Hemos naturalizado la decadencia y ya nada nos sorprende.

El gobierno nacional no logra encontrarle el agujero al mate, como se dice en el campo. La crisis económica se agrava con el correr de los días. No alcanzó con pagarle a los Fondos Buitres para que viniera la lluvia de inversiones. La inflación no fue un tema que se resolvía en dos meses y el “segundo semestre” nunca llega.

Rememorando a la famosa 3G de River, el mejor equipo de los últimos 50 años, no gana, no gusta y no golea.

Del otro lado de la grieta, el kirchnerismo critica a la gestión nacional, con razón muchas veces, pero sin pergaminos para poder mostrar. El periodo de mayor crecimiento nacional, con el precio de los commodities por las nubes, concluyó en una inflación intensa, un déficit gemelo sin precedentes y una caída en picada de la economía.

Como tercer factor de poder, el peronismo no kirchnerista, encarnado en figuras como Pichetto, Massa o Urtubey, no propone una solución de fondo a la crisis. No encuentran el discurso y sus figuras más emblemáticas no logran convencer al electorado.

Desde la calle Azopardo, el sindicalismo observa el panorama sin saber bien qué hacer. Por un lado, las bases le reclaman una postura mucho más radicalizada con el gobierno, en sintonía con lo que sostiene el camionero Moyano. Les exigen una posición más activa frente a la caída de las condiciones de los trabajadores, pero en la CGT saben que profundizar un plan de acción puede hacer volar por los aires al gobierno nacional y todo proceso de crisis institucional implica mayores calamidades para sus representados.

Ante este panorama, la inacción fue la medida que adoptó el Triunvirato. Critican cada tanto en los medios alguna medida o la gestión en general. Emiten un comunicado. Pero no mucho más, por las dudas.

Aunque nos cueste reconocerlo, Argentina dejó de ser el faro de Latinoamérica y deambula desde hace años de un lado a otro por los pasillos de un laberinto del que no podemos salir.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Sindicalización policial: juridicidad y decisión política

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial,

Mundo Gremial

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Los trágicos fallecimientos de dos policías mujeres en la Provincia de Buenos Aires, asesinadas; y un caso menor respecto a esas muertes, de un policía sanjuanino que luego de diez años fue sobreseído en un proceso penal, pero sigue exonerado y sin percepción de salarios; me motivaron a expresarme sobre la cuestión mal saldada -para mi opinión- de No sindicalización de la Policía. La sindicalización frustrada no es la panacea, pero es una herramienta paliativa para procurar una mejor condición de vida y laboral.

He sostenido en oportunidades anteriores sobre esta temática que: Obviamente el de los policías es un trabajo humano, con peculiaridades, pero trabajo humano al fin. Cuando se presentan problemas salariales y de condiciones de vida y laborales de los policías, son conflictos colectivos de trabajo. La falta de organizaciones sindicales no permite encauzar democrática, pacífica y eficazmente, esas problemáticas; y deja a quienes trabajan de policías, en el brete de soportar o acuartelarse. Se los obliga a ponerse al margen de la Ley, como en las retrógradas épocas en que la actividad sindical era un delito (delito de coalición en el Derecho Francés).

Esas muertes por ser ellas policías; este calvario quedando en la calle, sin trabajo, salario ni seguridad social; con el estigma adicional de ser un policía exonerado. Son problemas de la vida y del trabajo de los policías. Son cuestiones sindicales.

Entonces considerando que: en nuestro Estado de Derecho la institución jurídica pergeñada específicamente para atenderlas es el Sindicato (art. 3º, Ley 23551), a partir de la realidad histórico sociológica de la agremiación; que cuando nuestra Constitución Nacional garantiza al trabajo en sus diversas formas la organización sindical libre y democrática; y a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje y el derecho de huelga (art. 14 bis, CN). Atendiendo también a que: según fuentes jurisprudenciales internacionales, el reconocimiento legal de los Sindicatos y de la actividad sindical de este colectivo de trabajadores, ya se ha obtenido en Israel, Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Suecia, España, Francia, Portugal, Malta, Irlanda, Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa. Deduciendo de esos precedentes internacionales, que no se excluye de los citados derechos y garantías sindicales a los policías, tuve la esperanza que la CSJN, al resolver sobre el rechazo del Poder Ejecutivo Nacional al pedido de otorgamiento de inscripción sindical a favor del SIPOBA, iba a habilitar la Sindicalización Policial en Buenos Aires; con ciertas limitaciones especiales en el giro de la actividad sindical. Verbigracia: restringir y hasta prohibir el derecho a huelga.

Pero no. La CSJN, en “Recurso de Hecho: Sindicato Policial Buenos Aires. c. Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”; de fecha 11-04-17, confirmó por mayoría que se rechazara el pedido de inscripción sindical solicitado.

Haré una suscinta exposición de las razones de la Corte, para evaluar el estado de situación y hacer algún análisis propositivo, a partir de los lineamientos del Tribunal Cimero.

Sostuvo conceptualmente la Corte en voto mayoritario:
Que lo que debía indagarse era si los policías tenían derecho a constituirse en Sindicato, a la luz de las prescripciones del artículo 14 bis de la CN; comenzando por aseverar que esa norma constitucional no implica un derecho incondicionado para todos los trabajadores; es más, que a algún colectivo de trabajadores se lo ha privado de el, como es el caso de los policías. Agregó la Corte que los Convencionales del 57 dejaron en claro que los policías no podían hacer huelga y de ello coligió la Corte, que no tenían derechos sindicales. Abundó en que a esa fecha histórica el contexto internacional estaba en línea con esta conclusión de ella; que adolece de una cierta imprecisión según mi opinión.

A partir de esta vidriosa conclusión, sobre que no reconocer el derecho de huelga a los policías, implica necesariamente que no tienen derechos sindicales; colige luego que no pueden constituir sindicatos.
Observo un simplismo en el razonamiento; dado que la huelga es una de las actividades sindicales posibles. Es la última y más grave medida. Se deprecia el sentido y función del reclamo sindical, la negociación colectiva de trabajo, la conciliación y el arbitraje; que también están estipulados en el hoy viejo artículo 14 bis.

Es más; si la Ley Sindical Argentina asevera en su artículo 5º inciso d. que una asociación sindical tiene derecho a realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores, el exceso de sinonimia del Tribunal Cimero, entre huelga y actividad sindical, linda con lo no razonable, máxime si recordamos que estamos en el ámbito de los Derechos Humanos Fundamentales: fundar sindicatos y afiliarse a ellos. (Convenciones sobre Derechos Humanos, art. 75 inciso 22, CN)

Avanzando para construir su decisión institucional, la Corte sostiene que tampoco es cierto que no existan normas de derecho positivo vigente que estipularan esta restricción a los policías, relativa a los derechos sindicales. Ejemplifica y bien; que la ley 21965 prohibió a la Policía Federal toda actividad gremial. Agregando que cuando se aprueba el Convenio OIT Nº 154 sobre Negociación Colectiva para el Sector Público, en el Mensaje al Congreso expresamente se aclara que este derecho no alcanza a las fuerzas armadas y de seguridad.

Es decir -deduce-, que en diversas oportunidades que el Congreso de la Nación tuvo, siempre impidió reconocer derechos sindicales a los policías. Agrega que ante una Queja de los policías a la OIT, esta recomendó considerar que la Argentina no estaba violando derechos y garantías sindicales de los policías. Esta es la línea argumental dura de la Corte.

Luego de este análisis histórico de la cuestión pivoteando sobre el artículo 14 bis de la CN, comienza un análisis posterior y superior, a la luz de la Constitución Reformada de 1994, particularmente desde la trascendente norma del artículo 75 inciso 22 y las implicancias del Derecho Convencional. Que -en mi opinión- a tenor del Derecho y Control de Convencionalidad, la doctrina sobre Derechos Humanos Fundamentales (progresividad, pro homine y evolución dinámica, nunca a la baja, de estos derechos); es donde hoy nos debiéramos parar ante el dilema.

Asevera finalmente y en ese sentido:
Que el derecho de los policías a sindicalizarse está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador. Aclaro yo que esta reconocido de modo expreso; no obstante que en cada uno de esos instrumentos se prevén limitaciones o restricciones a los derechos sindicales de los policías.
El texto más restrictivo a mi entender es el del artículo 16.3. de la CADH, que expresa que las limitaciones al derecho de sindicalización (derecho de asociación con fines laborales), sólo se pueden disponer por ley; y luego cuando refiere a la policía, postula restricciones que pueden llegar hasta la privación de tal derecho.

Concluye que ahora, con la Reforma del 94, el derecho de sindicalización de la policía sí existe, pero está sujeto a las restricciones o a la prohibición de la ley interna. Y ejemplifica que hay países donde la sindicalización de la policía opera con restricciones o en otros casos está prohibida.

Textualmente expresa que: “…En definitiva, es constitucionalmente admisible la restricción o la prohibición de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de policía provinciales si ella es dispuesta por una ley local…”; como ocurre en el caso del SIPOBA. (Considerando 21 del Fallo)

Sin desconocer razón formal a la Corte; no merece el tino discutir sobre las leyes locales como la de la Provincia de Buenos Aires. Está demasiado dicho que la cuestión sindical es una materia privativa del Congreso de la Nación; es más, algunos doctrinarios estiman que esta rama del Derecho de Trabajo integra materialmente el Código de Trabajo y Seguridad Social. Máxime en atención a donde quiero arribar.

Valiéndose de sustentable argumentación, aduce que nunca se planteo la inconstitucionalidad del derecho positivo argentino que prohíbe o excluye a la actividad sindical en parte o en todo, respecto de los policías.
Como fuere; no es serio sostener que el fallo de la Corte y su sentido no es una opción razonablemente posible. Pero el objeto de estas simples disquisiciones es que -para mi- no está saldada la cuestión en términos de justicia material, ni de conveniencia política.

Si fundar sindicatos y afiliarse es un derecho de los policías, conforme con los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, de rango constitucional hoy; pero que puede restringirse y hasta prohibirse solo por ley; obviamente que nada prohíbe que también pueden hacerse efectivos dichos derechos convencionales regulándolos por ley. Y esta es la cuestión hoy. Avalado también por el Derecho Comparado en la materia.

Parto de los hechos: la falta de balas, del combustible del patrullero, los magros salarios, los adicionales policiales (horas extras excesivas), un régimen disciplinario prusiano, insuficiencia de profesionalización, carencia o menor tecnología respecto de los delincuentes; y cuantas más debilidades señalarían los especialistas de la materia. El silencio que impone el Jefe a los subordinados, para que los problemas sindicales no se expliciten como problemas. Las malas condiciones de vida y laborales de los policías, que no se pueden manifestar porque falta una institución que impersonalice el reclamo, para que la demanda no sea una insubordinación, una falta disciplinaria del policía que reclama o un acuartelamiento.

Todo ello y cuanto más, hoy no tiene encausamiento jurídico institucional; por ello la válvula de escape no es el accionar sindical lícito, sino un acuartelamiento cada tanto y la próxima veremos. Se los está corriendo del Estado de Derecho, con un delito de coalición selectivo a la francesa. Pidiendo disculpas por la mala palabra, están excluidos.
La corrupción policial de la que tanto se habla: ¿Cómo hacen uno, dos o varios policías honestos para denunciar la cuestión y propender a la depuración? Un sindicato bien podría ser el instrumento eficiente para esta lucha, partiendo de una realidad en la que quiero creer: la mayoría de los policías son honestos. El problema son las manzanas podridas, pero no se las puede combatir “cuerpo a cuerpo”, sino desde una institución que impersonaliza al policía o policías que denuncian. Una institución que proteja a la actividad sindical lícita y a las personas físicas que la realicen. (tutela sindical)

Creo que ante un dilema que nos persigue desde hace muchos años (la cuestión policial, la maldita policía, etc.), bien vale la pena arriesgar y hacer algo distinto, novedoso. Si algo no funciona, no podemos seguir eternamente haciendo las mismas cosas.

Por este breve listado de razones es que propicio la sindicalización de la policía. Reconozco que hay una cuestión de alta juridicidad, como surge de lo dicho por la Corte. También hay una estigmatización mediática y conveniente al poder real, de lo sindical y los sindicalistas. Pero; sobre todo existe una cuestión política, de conveniencia o inconveniencia; sin desconocer que también es de naturaleza política mantener el estado de situación; es decir, no permitir la sindicalización. En suma: no hacer nada.

Estimo que, tal como lo expresó la Corte, hoy existe el derecho de los policías a sindicalizarse y a afiliarse al sindicato (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador). También con similar rango convencional, se puede restringir y hasta prohibir tales derechos, pero esa limitación de los Derechos Humanos Fundamentales de los policías, a fundar un sindicato y a afiliarse al mismo; sólo se puede hacer por ley formal.

Es decir que; si el Congreso de la Nación Argentina dicta una ley especial o incorpora a la Ley 23551 el modo, formas y restricciones con que los policías de la Argentina van a ejercer su derecho a constituir sindicatos y a afiliarse; ello es totalmente constitucional.

Como colofón propicio el dictado de una Ley Especial, por la peculiaridad del trabajo humano de los policías. Porque ante tanta actividad gremial policial (praxis acumulada), se la podría construir como a las buenas leyes: desde abajo hacia arriba. Y en materia de organización sindical, sería conveniente para este colectivo de trabajadores, que se organicen en uniones sindicales aglutinadas por el mismo Patrón. Es decir, deberían haber tantos sindicatos de policías como Provincias, además uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro por la Policía Federal. Luego, el conjunto de estos sindicatos se podrían aglutinar en una Federación Única de Sindicatos de Policías de la República Argentina. Obviamente se deberían reglamentar aspectos fundamentales de la actividad sindical regulada por la ley especial; por los altos bienes jurídicos en juego, expidiéndose expresamente la ley, sobre los tópicos constitucionales fundamentales: reclamo sindical (derecho de petición), concertación de convenios colectivos de trabajo, la conciliación el arbitraje, la huelga. Y más; partiendo del paradigma, de que un sindicato puede realizar toda actividad lícita en defensa del interés de los trabajadores (Ley 23551, art. 5 inciso d.).

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Docentes y conciliación obligatoria: ¿ignorancia o mala intención?

Especialistas en derecho laboral criticaron el contenido de la conciliación obligatoria y sus efectos. Algunos se animan a configurar la situación en el delito de “abuso de autoridad”.

Mundo Gremial

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La conciliación obligatoria que aplicó el gobierno bonaerense en el conflicto docente no sólo despertó la polémica con el sindicato SUTEBA de Roberto Baradel, sino también en el ámbito del derecho laboral. Son muchos los abogados laboralistas que criticaron su contenido y sus efectos, y hasta algunos se animan a configurar la situación en el delito de “abuso de autoridad”.

La medida fue dictada el 27 de julio por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que lidera Marcelo Villegas, en el marco del conflicto que mantiene el gobierno con los sindicatos docentes. La Disposición Nº 26/2018 (Expte. 21559-71/18), contiene en su considerando la competencia legal que habilita su dictado (Ley Nº 10149) y los fundamentos fácticos y jurídicos para tomar intervención, lo cual es formalmente correcto.

Ahora bien, en el desarrollo de su contenido -señalan especialistas a Mundo Gremial- acontece algo realmente llamativo respecto de la denominada “colisión de normas” (párrafo 11 de la disposición), en donde la cartera laboral, en una clara y manifiesta extralimitación de sus poderes determina el prevalecimiento de una norma constitucional por sobre otra, competencia exclusiva y excluyente del poder judicial.

“Esta torpeza en el desarrollo de la función pública, no solo vislumbra la parcialidad manifiesta que la ley expresamente le prohíbe a la autoridad laboral sino que hasta podría configurar el delito de abuso de autoridad”, sostuvo a este medio un abogado calificado en la materia.

Sin embargo, lo más relevante del acto administrativo ocurre respecto de sus efectos, que no son otros que los propios del instituto de la Conciliación Obligatoria, enmarcados en la Ley 14250 en el ámbito nacional y la Ley 10149 en el ámbito provincial.

En este sentido, aseguran que son tan relevantes las omisiones y errores cometidos que lo hacen nulo de nulidad absoluta, es decir, insalvables, por alterar la esencia misma del instituto que se pretende implementar, asemejándose más a un dictamen solicitado por la Dirección General de Cultura y Educación a la Asesoría General de Gobierno que a la implementación del único instituto legal de resolución obligatoria de conflictos, cuyo eje fundamental es la imposición de obligaciones a todas las partes sometidas.

Efectivamente el acto resuelve “Intimar a las partes a retrotraer la situación a la fecha anterior al inicio del presente conflicto”. De una claridad absoluta, tiene como principal efecto obligar ambas partes en conflicto. Por el contrario, y como ocurre en este caso, la instrucción de acatamiento a una sola de las partes (las entidades sindicales), es pasible del más severo reproche al punto poder configurar los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad.

No existen registros en el ámbito público y privado de lo acontecido en el dictado de esta Disposición. La pregunta es “¿se puede exigir a una parte que retrotraiga sus medidas y a la otra, por el contrario, que las sostenga?”.

Hagamos el siguiente ejercicio: en el ámbito privado, en donde la autoridad laboral exige por medio del dictado de la conciliación obligatoria a una entidad gremial que no realice o suspenda las medidas de fuerza, pero a la empresa que mantenga los despidos y no los deje sin efecto.

En el conflicto docente sucedió, los gremios estuvieron impedidos de realizar medidas, pero el Ejecutivo -por ejemplo- no tuvo que devolver los días descontados por huelgas. Peor aún, la provincia se ocupó de controlar escuela por escuela el acatamiento, pero no se realizó lo mismo en las oficinas de la Dirección de Cultura y Educación en relación con la liquidación de los haberes de los maestros.

“¿Es acaso desconocimiento de las leyes? ¿son acaso prácticas desarrolladas y consecuencias inevitables de una escuela de CEOS que actúan en base a sus usos y costumbres al margen de los institutos legales? Lo que está claro, es que no se ha adoptado la más mínima diligencia en hacer la cosas como la ley lo establece. Y ello es producto de la voracidad y de un solo fin, multar y perseguir a las organizaciones gremiales y sancionarlas sin importar el cómo”, sentenció un abogado laboralista consultado por Mundo Gremial para evaluar la situación.

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