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En Entre Ríos se agitan las aguas: Granja Tres Arroyos quiere ensanchar la lista de despidos
La empresa avícola Granja Tres Arroyos despidió a 70 trabajadores y amenaza con desvincular a otros 400 empleados. Se gestan protestas.
En un contexto de bolsillos flacos, Granja Tres Arroyos abre un nuevo capítulo tensión. La principal productora avícola de Argentina, quien hace poco tiempo desvinculó a 70 trabajadores, se prepara para desvincular a otros 400; trabajadores, familiares y gremios avanzan con protestas.
Así lo advirtió el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Miguel Ángel Klenner. Mediante declaraciones radicales, pinceló el crudo escenario que transitan los empleados de la planta que opera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
«Quieren reducir la plantilla de faena de 800 a 400 empleados, precarizando el trabajo», apuntó el sindicalista, a medida que cuestionaba las decisiones que viene motorizando la empresa.
En defensa de la fuente laboral
Como resultado de esta situación, este lunes desde las 7 de la mañana, el Sindicato de la Alimentación convocó a una concentración en la planta para reclamar en Entre Ríos contra los despidos. Contaron con la presencia de trabajadores, familiares y el respaldo de la CGT.
«Frente al desguace de Tres Arroyos, nos solidarizamos con los trabajadores afectados y reclamamos medidas inmediatas para preservar los empleos y garantizar condiciones laborales dignas», rezan las líneas que publicaron desde la filial de la central obrera.
Al margen, el escenario acercó testimonios desgarradores: «Hoy vine como todos los días a las 3 de la mañana y me encuentro que tenía restringido el paso. Cerca de las 10 de la mañana ya tenía el telegrama en casa. Dentro de dos meses voy a cumplir 7 años en la empresa», dijo uno de los operarios, y aseguró que en el último salario ya contaron con la reducción del 50% de su sueldo.
El plan para pasar la escoba
En diciembre, la empresa presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, argumentando dificultades económicas.
El plan buscaba despedir a 700 empleados o reducir salarios eliminando adicionales equivalentes al 21% de los sueldos. Aunque logró el aval del Gobierno nacional, el rechazo del sindicato frenó inicialmente los despidos, que ahora comenzaron a ejecutarse.