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INTERNACIONAL

En América Latina más de la mitad de los trabajadores no cotiza para la seguridad social

Un nuevo informe sobre el estado de la protección social en la región destaca que se registran avances en la cobertura, pero persisten brechas que deben ser atendidas de forma imperiosa, y alerta sobre la necesidad de hacer frente a los desafíos que trae consigo el futuro del trabajo.

Mundo Gremial

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De acuerdo con un nuevo informe de OIT presentado hoy en la Ciudad de México, en América Latina más de la mitad de los trabajadores no cotizan a un sistema de seguridad social para enfrentar riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo y aquellos asociados a la vejez; en el mismo se destaca la necesidad de  generar acciones contundentes para cerrar las brechas de cobertura existentes en la actualidad y las que se presentarán en el futuro.

El Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien presentó el informe detalló:“Hablamos de unos 145 millones de trabajadores que no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, lo cual puede impactar su futuro y el de sus familias” y sumo que “en los últimos años han habido progresos innegables, pero persisten grandes brechas de cobertura que deben ser atendidas de forma imperiosa”, 

 El análisis de la OIT abarca diferentes prestaciones, desde las pensiones para los adultos mayores, a seguros de desempleo, cobertura de salud o transferencias para garantizar ingresos a familias con niñas y niños, incluyendo tanto la cobertura contributiva como la no contributiva. La cobertura contributiva a la protección social en materia de pensiones, que es aquella relacionada con el empleo, aumentó de 36,6 a 44,6% entre 2005 y 2015. Se considera que esta fue una evolución positiva, aunque el dato pone en evidencia que 55 % de la población ocupada aún no realiza ninguna cotización.

Salazar planteó que “la protección social es un componente fundamental del desarrollo económico y social, esencial para tener éxito en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, e hizo notar que frente a la incertidumbre generada por el futuro del trabajo “es urgente tomar medidas para reducir las deficiencias que registra la región”.

El informe indica que la cobertura contributiva es asimétrica por sectores y regiones. Se concentra mayoritariamente en los asalariados públicos, donde alcanza a 80 %, y privados, con 62,5 %, mientras que los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, tienen tasas de apenas 15 %y el trabajo doméstico de 26,6 %.

 Es notoriamente más alta en la región del Cono Sur (incluyendo Brasil), donde llega a 58,6 %, en comparación con los países Andinos donde llegó a 31,4 % o de Centroamérica y México, donde alcanzó a 31,2 %. Sólo seis de 16 países incluidos en la muestra tienen cobertura contributiva por encima de 50 % de los ocupados.

En  el periodo analizado de 2005 a 2015 mejoró más la cobertura contributiva de las mujeres que la de los hombres. A nivel regional, la tasa de las mujeres de 45,3 % es mayor que la de los hombres, de 44,2 %.

 Por ultimó el informe también recalca que “siendo una región con una desigualdad exacerbada, América Latina traslada las importantes desigualdades de sus mercados laborales a la seguridad social”.

 

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INFORMACIÓN GENERAL

Un estudio de la ISP demuestra que la justicia fiscal es posible en América Latina

La publicación de la Internacional de Servicios Públicos indaga sobre las diferencias de tributación entre países latinoamericanos y países de la OCDE, y genera propuestas para avanzar a un cobro de impuestos más igualitario y eficiente.

Mundo Gremial

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La publicación “¿La justicia fiscal es posible en América Latina?”, lanzada el 30 de agosto, analiza las diferencias de tributación entre países latinoamericanos y países de la OCDE, apuntando caminos para un cobro de impuestos más igualitario y eficiente.

La iniciativa es una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la fundación alemana Friedrich Ebert (FES) y el economista brasileño Eduardo Fagnani.

En los últimos años estamos viviendo bajo un momento de austeridad fiscal y recorte de inversiones públicas en América Latina. En ese contexto, entre otras medidas, diversos gobiernos están impulsando y defendiendo la realización de reformas tributarias como parte del paquete de reformas necesarias para recuperar la economía.

Sin embargo, esas propuestas de reformas tributarias tienen algo en común: ninguna tiene como reto cambiar la estructura desigual del cobro de impuestos en nuestra región.

Por el contrario, en general, mantienen la lógica de concentrar la parte más grande de la recaudación sobre el consumo, en lugar de tributar proporcionalmente más la renta y el patrimonio, al paso que no se revisan los privilegios tributarios frecuentemente concedidos a la porción más rica de la sociedad y a las grandes empresas trasnacionales – estos elementos son los que caracterizan la regresividad de los sistemas tributarios en América Latina.

Para comprender cómo funciona la tributación en América Latina y buscar alternativas técnicamente viables para reformas progresivas es que nació la publicación ¿La justicia fiscal es posible en América Latina?, organizada por Gabriel Casnati y elaborada por los economistas brasileños Pedro de Carvalho Jr. y Eduardo Fagnani.

El estudio, una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), fue lanzando el viernes pasado en la página web y las redes sociales de la ISP y en las redes sociales del periódico Le Monde Diplomatique Brasil y Le Monde Diplomatique Chile.

Con base en un análisis comparativo entre la estructura de impuestos de los países latinoamericanos frente a los miembros da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formada mayoritariamente por naciones desarrolladas, la publicación presenta propuestas de reformas tributarias que si implementadas aproximarían los niveles de carga tributaria de los dos grupos de países, sin necesariamente aumentar la carga tributaria total.

Para ello, son presentadas propuestas elaboradas conjuntamente por el movimiento sindical y académico en Brasil, Chile y Costa Rica.

LEER Y DESCARGAR EL ESTUDIO: http://bit.ly/2lPRHeF

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Fallos laborales

Madrid: Repartidores de plataforma digital “son empleados y no autónomos”

Lo estableció la Justicia madrileña en un caso que marca precedente. El fallo condena a la empresa Deliveroo – Roofoods Spain.

Mundo Gremial

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El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

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CONGRESO OIT | GINEBRA 2019

CONTUA y la ISP piden por la libertad sindical y el diálogo social en El Salvador

GINEBRA (Enviado Especial) – Así lo expresó el argentino Walter Merkis, líder de la FATUN, en representación de los organizaciones gremiales internacionales.

Mundo Gremial

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La Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas (CONTUA) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) reclamaron por el cese de las violaciones a los derechos sindicales en El Salvador.

El pedido fue expuesto en la reunión de Comisión de Aplicación de Normas por el argentino Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad integrante de CONTUA y la ISP.

El Caso El Salvador resultó elegido entre las 24 problemáticas mundiales a tratar durante la 108 Conferencia Internacional del Trabajo.

La política antisindical en el país es gravísima, a tal modo que se derivó en el despido de la de la secretaria general del sindicato de la electricidad, Roxana Maribel Deras Acosta, “fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece”, denunció Merkis ante la OIT.

En el caso planteado, se evidencia el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, en medio de un parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano, el ámbito donde deberían dialogar el Estado, trabajadores y empleadores.

Merkis, secretario general de la FATUN

Merkis expresó la solidaridad de la FATUN, CONTUA e ISP con los trabajadores salvadoreños y pidió que “se destraben inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo”.

“Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables”, señaló en su discurso ante la Comisión de Normas.

En ese marco, instó al nuevo Presidente de El Salvador Nayib Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, al tiempo que solicitó a las autoridades de la OIT que pongan a disposición todas las herramientas y asistencia técnica para permitir el diálogo tripartito y el cese de las violaciones a los derechos sindicales en el país.

El discurso completo de Merkis en la Comisión de Aplicación de Normas 2019

“Gracias señor Presidente.

Tomamos la palabra en el caso de El Salvador, en nombre de la Internacional de Servicios Públicos y la CONTUA, en apoyo a los trabajadores salvadoreños que sufren una permanente violación de sus derechos sindicales.

El caso planteado por los Expertos trata sobre el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, caso que ya lleva tiempo de análisis en la Comisión, y no se logra solución real al problema de la parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano.

Se deben destrabar inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo. Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables.

Resaltamos la necesidad de la buena fe para promover el diálogo, porque de nada sirven las normas jurídicas más perfectas si los gobiernos y los actores sociales actúan con dilación en el nombramiento de representantes, no acuerdan los temas a tratar, o bloquean el quórum de funcionamiento y la toma de decisiones.

Señor presidente, hay un gobierno nuevo en El Salvador. Hace apenas unos días han asumido las nuevas autoridades, y desde el movimiento sindical instamos al Presidente Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, dialoguen con los actores sociales, y encuentren rápidamente una dinámica de trabajo por la vía pertinente para retomar las tareas del Consejo Superior del Trabajo.

Pero también queremos señalar, que en esta casa, en la OIT, en sus distintos órganos de control, están tramitando decenas de denuncias por casos de violación a los Convenios Fundamentales del Trabajo en El Salvador, por lo que también llamamos al nuevo Gobierno a dar respuestas a estas cuestiones, en forma urgente y cambiar el rumbo de las políticas laborales violatorias de los derechos sindicales.

Especialmente queremos reseñar la situación que se vive en el sector público, y poner como ejemplo a los sindicatos del sector eléctrico afiliados a la ISP que desde 2014, vienen denunciando prácticas anti-sindicales con campañas de desafiliación impulsadas por los representantes del gobierno y de las empresas bajo amenazas de despido a los trabajadores sindicalizados, la desarticulación de la negociación colectiva llegando a la supresión de la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, y el acoso a las estructuras sindicales con la judicialización sistemática de los conflictos sociales.

La situación es tan grave, que inclusive existe un avanzado proceso de despedido en contra de la secretaria general del sindicato de la electricidad, compañera Roxana Maribel Deras Acosta, fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece.

Instamos al gobierno a atender este caso, el de Roxana Deras, porque si no lo hace, haremos de él nuestra bandera, y estaremos aquí en esta Comisión el año próximo por el Convenio 87, y antes estaremos en Naciones Unidas, y en los órganos de derechos humanos de la OEA reclamando justicia, y denunciando a los responsables.

Reclamamos diálogo en las relaciones laborales en el sector público, el cese de las políticas anti-sindicales impulsadas por el gobierno anterior, y especialmente, deben cesar ya, ahora, sin demoras, las persecuciones y el acoso a los y las sindicalistas en El Salvador.

Decíamos antes, que desde hace muy pocos días, hay un nuevo gobierno en El Salvador, y entendemos que esta nueva gestión tiene la oportunidad de hacer las cosas como corresponde, revertir la situación, y administrar las relaciones laborales con respeto a la libertad sindical y al diálogo tripartito. Esperamos decisiones y señales en ese sentido.

La OIT puede colaborar con el nuevo gobierno, y con los actores sociales, brindando asistencia técnica. Nosotros desde el movimiento sindical estamos dispuestos a sentarnos en la mesa tripartita si paran las agresiones, y se establece un clima de respeto y confianza.

Gracias”.

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