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Empresas de seguridad privada: Un Estado paralelo

Critican el escaso personal para realizar controles en Ciudad de Buenos Aires y Provincia. Aseguran que existe “escaso o nulo” cumplimiento de la legislación vigente.

Mundo Gremial

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Desde el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), que agrupa a vigiladores, custodios y trabajadores de seguridad privada denuncian una impresionante cantidad de empresas de seguridad privada sin ningún tipo de control en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Christian López, secretario general de SUTCA, describió el escaso control que tienen las empresas de seguridad privada y aseguró que “en un lugar tan sensible como es la seguridad es inaudito que el Estado mire para otro lado y que no fiscalice”.

Sumadas la Ciudad de Buenos Aires y la provincia hay 983 empresas de seguridad privada habilitadas que emplean en la actualidad a 85.500 trabajadores. A esto hay que sumarles las empresas no habilitadas y los trabajadores en negro e incluso aquellos que si bien tienen una relación formal con su empleador no fueron dados de alta ante las autoridades correspondientes.

En ese marco, vale destacar que los trabajadores que realizan custodia de mercadería en tránsito van armados. Para fiscalizar existen en estas zonas dos sectores: en la Provincia de Buenos Aires la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada y en la Ciudad de Buenos Aires la Dirección General de Seguridad Privada. “Ambas con escaso personal y con poca vocación para el control. Esto anticipa la desorganización que se vive en el sector y el escaso o nulo cumplimiento de la legislación vigente”, advirtió el sindicato.

Christian López, secretario general SUTCA

Es sorprendente la cantidad de empresas de seguridad privada existentes en todo el ámbito nacional. López informó que son exactamente 2.382 que emplean a 150.000 trabajadores. Pero aclaró: “A estos números hay que sumarles siempre los trabajadores informales que superan la media nacional. En las provincias del NOA y NEA las cifras son escandalosas. Incluso son responsables los Estados Provinciales y Municipales que son los principales empleadores. Todo esto sumado a la existencia de un gremio cómplice de este descalabro, la ya casi desaparecida Upsra”.

Para finalizar, López pidió que “la seguridad debe dejar de ser solo un tema electoral tratado livianamente y que se rija solo por las leyes del mercado. Definitivamente y de una vez por todas hay que tomar la cuestión con la seriedad que se merece. Y el control es fundamental”.

Y agregó: “No puede tolerarse más que estas empresas conformen un Estado dentro de otro Estado y que cuenten con la libertad absoluta para hacer lo que quieran. Hablamos de una cantidad importante de trabajadores. De un porcentaje elevado de compañías no habilitadas, de trabajadores en la misma circunstancia y de una informalidad inaceptable para un sector tan sensible. En esto debe haber una fuerte decisión política al respecto. No hay más excusas. Los organismos controladores deben estar alejados de los intereses empresarios. Suena a chiste que en muchas provincias aún hoy las empresas de seguridad sean fiscalizadas por las policías locales. Resulta así que comisarios retirados son controlados por sus propios pares. También es vergonzoso que en aquellos organismos civiles de control haya un límite tan difuso entre los intereses empresarios y el deber del Estado de controlar. Nos gustaría que la justicia y la AFIP, que por estos días están tan activas y preocupadas en la vida de los sindicatos, muestren la misma celeridad en investigar y actuar sobre las innumerables y flagrantes irregularidades que ocurre en la actividad, que hasta los propios integrantes del directorio de la Cámara Patronal poseen cooperativas de seguridad, figura que esconde una verdadera estafa laboral, que les quita derechos a los trabajadores y que posibilita la evasión de aportes patronales y la elusión de impuestos al fisco”.

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