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Fallos laborales

Empresas de colectivos deberán contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30%

Así lo establece un fallo judicial tras una denuncia por “discriminación de género” contra tres firmas del sector.

Mundo Gremial

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La Justicia ordenó a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30 por ciento de la planta, y reconoció que “hubo discriminación de género” contra aquellas que buscaron trabajo como choferes, informó este miércoles la Defensoría General de la Nación (DGN).

La sentencia, dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, también instó a las “autoridades ejecutivas y legislativas” a establecer una “reglamentación específica para compensar las ilegítimas desigualdades” con el fin de revertir la discriminación por género en el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo.

“La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares”, escribió la jueza Graciela González, quien también consideró probada la exclusión de las mujeres como choferes de colectivo.

Las empresas fueron demandadas por Érica Borda a través de un recurso de amparo, y la DGN brindó patrocinio jurídico tanto en el reclamo individual como en una acción colectiva con el fin de cuestionar la “discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género”.

El Ministerio de Producción y Trabajo también fue demandado en su calidad de autoridad de aplicación, para que adopte las medidas necesarias para terminar con las “prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector”, agregó la DGN en un comunicado.

La jueza dispuso que el Ministerio de Trabajo tenga en cuenta la sentencia al momento de “renegociar” el convenio colectivo de trabajo, a fin de actualizar su contenido a las “pautas culturales actuales”.

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Fallos laborales

Condenan al Estado por tener una empleada como “contratada” por 10 años

La denunciante trabajó mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, primero como cocinera y luego como mucama.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una trabajadora por haber encubierto durante diez años una designación permanente bajo un contrato indeterminado.

Lo hizo en el marco de la causa “Gutiérrez Elena Mercedes c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – FAA -Comando Personal- Círculo Personal Civ. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de seguridad”.

Los jueces admitieron el recurso interpuesto por la actora y reconoció su derecho a obtener una indemnización por $45.078,11.

Según publicó Diario Judicial, se juzgó al Estado Nacional por figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, teniendo especial consideración que la demandada no controvirtió la continuidad del vínculo durante diez años.

La actora narró que trabajó bajo las ordenes de la demandada como cocinera y mucama desde el 1 de diciembre de 1996, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en las sedes sitas en Mariano Acosta 2850, de esta ciudad, y General Paz 250, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.

Además, apuntó que el vínculo laboral fue mediante sucesivas suscripciones de contratos de locación de servicios, a los que calificó como fraudulentos y manifiestamente nulos, en virtud de las previsiones de los artículos 12, 13, 14, 21, 23 y concordantes de la ley de contrato de trabajo.

Entendieron los jueces que “la figura de la contratación sucesiva importa un supuesto ilegal en el actuar de la administración y la ruptura de tal continuidad da derecho a su reparación”.

Por lo antedicho, interpuso demanda contra la Fuerza Aérea Argentina – Comando de Personal – Círculo del Personal Civil (en adelante, FAA), a efectos de reclamar en concepto de indemnización por despido sin causa, el cobro de $45.078 más el reajuste por desvalorización monetaria e intereses desde que cada suma fuera adeudada y hasta la fecha de efectivo pago.

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Fallos laborales

Declaran inconstitucional el DNU de Macri que baja indemnizaciones

Un juez laboral calificó de “aberrante” el DNU y cuestionó el carácter retroactivo de la norma.

Mundo Gremial

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Poco tardó en llegar el primer fallo contra el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669/2019 del presidente Mauricio Macri.

Se trata del DNU por el cual se redujeron las indemnizaciones que deben pagar las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) ante accidentes laborales que incapaciten a los trabajadores.

El juez Alejandro Aníbal Segura, titular del Juzgado del Trabajo 41 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró este miércoles la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Artículo 3º” del decreto.

El fallo responde a la acción judicial iniciada por el periodista deportivo Miguel Ángel “Tití” Fernández contra la ART que desconoció las incapacidades laborales que padeció por la sobrecarga de trabajo en un escenario de estrés post-traumático, ya que ocurrieron después de la muerte de su hija Soledad durante la cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

En 118 páginas, el magistrado rechazó los argumentos del DNU de Macri: “Declaro formalmente que el DNU 669/2019 no resulta aplicable al presente caso por inconstitucional e inconvencional, debiéndose estar, en lo pertinente a la forma de cálculo del crédito laboral consagrado en el presente pronunciamiento”.

El cuestionado decreto de Macri había recibido el lunes pasado un dictamen en contra presentado por el fiscal Gabriel De Vedia, que dio curso a un amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Capital Federal.

Al hacer lugar a esa cautelar, el titular de la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº3 pidió suspender la aplicación del decreto que modificó el cálculo de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigentes en la ley 24.557.

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Fallos laborales

La Corte ordenó incorporar sumas no remunerativas al salario de un policía

Lo hizo tras un fallo unánime en el caso Fabián Bosso, y sienta un precedente para otros 2800 casos similares pudiéndose extender al resto de los empleados públicos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en un fallo unánime que las sumas no remunerativas que percibieron los trabajadores de la Policía Federal deben incorporarse al los haberes mensuales. La medida, que le exige al Estado la incorporación de esos adicionales a los haberes regulares salariales, sienta jurisprudencia para otros 2800 reclamos análogos que llegaron a la Corte y podrían extenderse al resto de los empleados públicos.

El este caso, la Corte se expidió sobre la causa presentada por Fabián Bosso, donde resolvió por unanimidad que “las sumas pagadas al personal en actividad de la Policía Federal Argentina por los suplementos ‘servicio externo uniformado’ y ‘apoyo operativo’, creados por el decreto 2140/2013 -y sus modificatorios-, deben considerarse remunerativas y bonificables y, en consecuencia, incorporarse al ‘haber mensual’”, según detalló el fallo.

En mayo pasado la Corte ya se había expedido de un modo similar en la causa Carla Sosa admitiendo “un reclamo salarial análogo del personal de las Fuerzas Armadas”.

De la resolución votada por unanimidad participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y remarcaron que “de acuerdo con la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965), toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del haber mensual”.

El fallo, por otra parte, sienta un precedente para los 2800 casos similares que fueron recibidos en la Justicia y que se presume, podría extenderse al resto de los empleados del Estado. Algunas voces avezadas en la temática entienden que este es un claro revés de la Corte hacia la administración pública dado que existen grandes posibilidades de que se inicie un efecto “cascada” con los cientos de casos presentados y sea imposible cuantificar.

 

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