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Fallos laborales

Empresas de colectivos deberán contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30%

Así lo establece un fallo judicial tras una denuncia por “discriminación de género” contra tres firmas del sector.

Mundo Gremial

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La Justicia ordenó a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30 por ciento de la planta, y reconoció que “hubo discriminación de género” contra aquellas que buscaron trabajo como choferes, informó este miércoles la Defensoría General de la Nación (DGN).

La sentencia, dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, también instó a las “autoridades ejecutivas y legislativas” a establecer una “reglamentación específica para compensar las ilegítimas desigualdades” con el fin de revertir la discriminación por género en el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo.

“La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares”, escribió la jueza Graciela González, quien también consideró probada la exclusión de las mujeres como choferes de colectivo.

Las empresas fueron demandadas por Érica Borda a través de un recurso de amparo, y la DGN brindó patrocinio jurídico tanto en el reclamo individual como en una acción colectiva con el fin de cuestionar la “discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género”.

El Ministerio de Producción y Trabajo también fue demandado en su calidad de autoridad de aplicación, para que adopte las medidas necesarias para terminar con las “prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector”, agregó la DGN en un comunicado.

La jueza dispuso que el Ministerio de Trabajo tenga en cuenta la sentencia al momento de “renegociar” el convenio colectivo de trabajo, a fin de actualizar su contenido a las “pautas culturales actuales”.

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Fallos laborales

La justicia laboral falló a favor de trabajadores de Guapaletas

La empresa deberá abonar los salarios adeudados de marzo y abril en las próximas 48 horas.

Mundo Gremial

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La Justicia intimó a la empresa AFP Inversiones S.R.L. bajo la denominación Guapaletas a que regularice el pago de salarios de los trabajadores, de los meses de marzo y abril, estableciendo un período máximo de 48 horas.

El fiscal de Trabajo dio lugar a la medida cautelar solicitada por Arbey Londoño Perez en el marco de “los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/20, 297/20 y 329/20 creados para hacer frente al nuevo coronavirus, y que establecen medidas relativas a la protección de la salud de la población y la tutela del trabajo”.

Al mismo tiempo, el operario denunció haber trabajado en jornadas extendidas “de lunes a lunes, sin francos, en plena violación a la normativa legar” y con 54 horas extras “abonadas por fuera de toda registración”. Al mismo tiempo, otros trabajadores denunciaron no haber percibido ni un solo peso desde el comienzo de la cuarentena.

Cabe destacar que durante el transcurso de esta semana se conocieron otros casos similares en los que la reconocida heladería se encontraba involucrada. La empresa otorga sueldos de apenas $20.000 para encargados de local y las jornadas laborales exceden sus franjas de horario habituales.

“También hay irregularidades por rebajas salariales o pagos en cuotas. Y en la informalidad directamente se incumplen todas las leyes y los decretos vigentes”, explicaron trabajadores del sector.

Hasta el momento, la empresa recurrió a distintos mecanismos evasivos para deslindarse de la responsabilidad de pago a sus trabajadores, aunque este fallo de la justicia obliga a la empresa a cambiar de dirección.

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Fallos laborales

Fallo testigo: La Justicia protege la actividad sindical durante la cuaretena

Obligan a una entidad bancaria a garantizar el “efectivo cumplimiento de sus funciones sindicales” a un delegado de personal para dar relevar condiciones de bioseguridad.

Mundo Gremial

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La Justicia Nacional del Trabajo obligó a una entidad financiera a permitir la actividad sindical de los delegados de La Bancaria durante el aislamiento obligatorio.

La decisión fue adoptada por la jueza de primera instancia, Silvia Barrionuevo, tras la denuncia realidad por el delegado de la Asociación Bancaria en Banco Piano.

El fallo judicial, que se presenta como caso testigo en la cuarentena, ordena a la institución bancaria “se abstenga de impedir el ingreso como delegado de personal al establecimiento de la Casa Central”.

Según la magistrada, la empresa debe “garantizar (al representante gremial) el efectivo cumplimiento de sus funciones sindicales” en el relevamiento del cumplimiento de condiciones de bioseguridad del personal en el desempeño de las tareas laborales.

Banco Piano habían alegaron que sus empleados con fueros sindicales no estaban habilitados a cumplir con sus tareas de tutela al personal por no tratarse de una “actividad esencial” enla cuarentena obligatoria.

El denunciante fue Mariano Aníbal Martínez, delegado de la Asociación Bancaria en la entidad, quien denunció los incumplimientos del banco en materia de medidas preventivas y la imposibilidad de ingreso al establecimiento para exigir mayor resguardo a sus compañeros.

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Fallos laborales

Reconocen el derecho de inscripción a un gremio, más allá del número de afiliados

La Cámara Nacional del Trabajo reivindicó el derecho a la organización sindical “libre y democrática” en el marco de una causa iniciada por el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Promoción.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional del Trabajo reivindicó el derecho a la organización sindical “libre y democrática”, más allá de la cantidad de afiliados, al rechazar un recurso extraordinario contra una sentencia que ordenaba la inscripción como gremio del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Promoción (Satpro), consignaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de un expediente en el que el Ministerio de Trabajo de la Nación había presentado un recurso contra la sentencia que, según la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, le reconocía al Satpro su derecho a obtener personería gremial.

Basada en observaciones planteadas al listado de 88 afiliados presentado por el sindicato, la cartera laboral se había opuesto a la pretensión del gremio, que reclama su inscripción formal desde 2015.

En el fallo, ahora confirmado tras la desestimación del recurso extraordinario, la Sala IX de la Cámara había ponderado el derecho a la “organización sindical libre y democrática con la sola inscripción en un registro especial”, previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El tribunal recordó que el artículo 21 de la Ley 23.551 “establece los requisitos formales que debe contener la solicitud de inscripción gremial” y “no estipula cantidad alguna de afiliados, sino que sólo prevé la presentación de una lista” de los mismos.

Los camaristas Mario Fera y Alvaro Ballestrini remarcaron que del artículo 22 de la citada ley surge que, “cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa del trabajo dispondrá la inscripción en el registro especial”.

Los camaristas agregaron, en el fallo de julio último confirmado ahora, que esas normas sobre libertad y tutela sindical “no pueden ser interpretadas por la autoridad administrativa del trabajo más allá de las estrictas previsiones del legislador, so riesgo de afectar la garantía constitucional consagrada por el artículo 14 bis” y en tratados internacionales.

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