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Empresarios quieren poner pulseras con GPS a enfermeras para perseguirlas

La denuncia fue realizada por el gremio de la Sanidad que conduce Héctor Daer. Lanzaron una campaña de firmas.

Mundo Gremial

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La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina de Buenos Aires (ATSA Buenos Aires) denunció que los empresarios del sector proponen colocarles pulseras a las enfermeras para perseguirlas.

El gremio que conduce Héctor Daer alertó sobre la intención de la patronal del uso de pulseras geolocalizadas para las enfermeras en los establecimientos de salud bajo el argumento de mejorar la productividad.

“Con la excusa del avance tecnológico, el discurso del progreso y de la modernización, quieren retroceder en el tiempo y volver a épocas pasadas donde los derechos humanos no existían y la única ley que prevalecía era la de la explotación del hombre sobre el hombre”, señaló ATSA Buenos Aires.

Y denunció: “En pleno Siglo XXI, quieren poner pulseras en nuestras muñecas para perseguirnos, como si fuésemos criminales”.

La organización gremial repudió a los empresarios por “invertir en controlar nuestros cuerpos en lugar de invertir en mejorar nuestras condiciones de trabajo y la atención de los pacientes es la política del sector empresario, que piensa la salud como un negocio”.

“Nosotros no pensamos en números, pensamos en las personas. Por eso proponemos aumentar las dotaciones e invertir en capacitaciones para perfeccionarnos. Nuestra profesión no es un negocio. Ser enfermerx es cuidar, acompañar, contener, tratar y curar. Esas son las herramientas que usamos todos los días para mejorar nuestro trabajo”.

Según publicó Ámbito.com, el primer indicio lo tuvieron el año pasado los integrantes de la comisión gremial interna de la clínica de rehabilitación Ciarec, en el barrio porteño de Villa Urquiza, cuyas autoridades anunciaron entonces que tenían previsto incorporar las pulseras a la labor diaria del personal de enfermería.

Consistía, según los directivos, en un mecanismo que permitiría establecer en tiempo real el lugar de ubicación de cada empleado, el lapso entre el llamado de un paciente y el arribo del profesional a su habitación para atenderlo, y los plazos de permanencia en las oficinas de descanso del personal o fuera del establecimiento.

En ese marco, el sindicato lanzó una campaña en redes sociales bajo el hashtag #NoAlasPulserasEnEnfermería y una petición de repudio: “Queremos una inclusión de la tecnología en la actividad sanitaria de manera constructiva, que resguarde nuestros derechos, facilite procesos y mejore la atención”.

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Cerraron 33 mil kioscos durante el gobierno de Macri

Lo aseguró la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Es producto de la fuerte caída en ventas.

Mundo Gremial

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El líder de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Adrián Palacios, denunció que “con la caída de las ventas han cerrado muchos kioscos a nivel nacional” para ser más precisos anunció que “33 mil kioscos fueron cerrados en el gobierno de Mauricio Macri”.

Y aseguró que el Gobierno “por supuesto lo ha hecho a propósito contra la clase trabajadora, las Pymes. A los comercios no les ha tirado ningún centro y donde terminamos afectados, el consumo interno se derrumbó y el efecto es que cierran hasta las multinacionales”.

“El termómetro lo tenemos a diario el que hacía changas hoy no la hace y viene a pedir fiado en nuestro kiosco. Es el dueño del kiosco que no le da fiado cigarrillos ni bebidas alcohólicas, le da un paquete de fideos, un paquete de arroz, una lata de tomate y un quesito rayado para que ese vecino al que conoce hace 40 años en el barrio, pueda enfrentar la situación como desocupado o jubilado, porque este gobierno les ha quitado todo. Desde los jubilados hasta los jóvenes ha quitado la comida de la boca”, dijo en diálogo con Agencia Comunas.

En este marco remarco que “hasta el día de hoy viene a pérdida la carga de SUBE en los kioscos porque es un débito y solo se utiliza para el transporte público. Por eso le pedimos a este gobierno varias soluciones, pero no aceptaron ninguna de nuestras propuestas”.

Por último, aseguró que con “el próximo gobierno de Alberto y Cristina los reclamos van a ser los mismos y vamos a tratar de que sea una política de Estado la carga de la SUBE para el transporte público y también en las provincias, donde una de las propuestas que hicimos era que el Banco Nación, y los bancos provinciales que son públicos tomen lo que es el crédito de la carga de transporte público y se lo otorguen al dueño del Kiosco como un crédito y después el kiosquero deposite lo que consume y necesite para su comercio”.

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Tandil: Una céramica suspendió a 40 empleados y amenaza con despidos

La ladrillera, asegura que no está en condiciones de hacerse cargo de los costos, sobre todo de las tarifas de luz y gas, como consecuencia de la caída en las ventas, por ende dejaran de producir ladrillos.

Mundo Gremial

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Como consecuencia de la caída de las ventas, la Cerámica Loimar, ubicada en Tandil, anunció a sus trabajadores que dejará de producir, por ende ya son cuarenta los suspendidos y hay amenazas de despidos. La cartera de Trabajo de la Provincia, dictó la conciliación indagatoria por 15 días.

Alberto Algañaraz, delegado de la planta, señaló: “Hemos venido para denunciar el apagado del horno de planta que es el que fabrica ladrillos” y agregó que el miércoles pasado, mantuvieron una reunión, en la cual “nos comunican que piensan trabajar con el horno de planta C, que es el que produce pisos. Hablan de hacerlo a full para poder seguir sosteniendo la empresa”, informó portal local El Eco.

El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino y dictó el inicio de un período de conciliación obligatoria en el conflicto en Loimar, que las partes deberán acatar por quince días mientras se avanza en un proceso de negociación.

Encargados de la plata informaron que “van a llegar cerca de 40 suspensiones y que podría llegar a haber desvinculaciones, hablaban de 10, 11 ó 13”.

En este sentido, los trabajadores de la ladrillera decidieron que en cuanto les informen del primer despido irán a paro y no descartaron adelantar la medida a partir del impacto que genera la notificación de los telegramas que confirman las suspensiones.

 

 

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Empresa tabacalera cerró su fábrica en Goya y dejó 220 trabajadores en la calle

Massalin Particulares llevaba más de 60 años de trabajo en la provincia correntina.

Mundo Gremial

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La compañía tabacalera Massalín Particulares anuncío el cierre de su fábrica en la localidad correntina de Goya,  a través de un comunicado y dejará sin trabajo a 220 familias. La empresa adujo la medida a la caída de ventas y a la presión fiscal.

La firma, que se encuentra afiliada a la reconocida marca Philip Morris Internacional afirmó que “lamenta verse obligada a desvincular a alrededor de 220 empleados que desarrollaban actividades en el establecimiento que operó por más de 65 años”.

Al mismo tiempo, desde Massalín Particulares anunciaron que mudarán todas las líneas de producción a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Merlo, la cual recibirá unos 30 operarios relocalizados.

“Todas las desvinculaciones se harán con absoluto respeto de la legislación laboral. Adicionalmente a los paquetes indemnizatorios, la compañía otorgará beneficios para los trabajadores despedidos y está colaborando en la puesta en marcha de un plan de asistencia a la comunidad de Goya”, aclararon en el comunicado.

La empresa es la compañía líder de cigarrillos en el país. Cuenta con 2.100 trabajadores, además de los centros de compra y acopio de tabaco en distintas provincias. Además cuenta con una planta de procesamiento de tabaco en Rosario de Lerma, Salta.

Desde la compañía también argumentaron que las empresas de la actividad que cumplen con los requerimientos fiscales en el país, soportan “una carga fiscal de casi el 80% del precio de venta al consumidor”, lo que implica una de las presiones tributarias más fuertes del mundo.

Explicaron, en consecuencia, que la ventas se redujeron considerablemente debido al “aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes”, avaladas por medicas cautelares otorgadas por la Justicia Federal.

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