Llamativo: los descamisados del presente, los cabecitas negra del siglo XXI, los descartados de la globalización son rechazados por una parte importante de la dirigencia de la clase trabajadora que, claro está, es peronista y revindica -supuestamente más allá del relato discursivo- los postulados del General de defender a los más indefensos. Hablamos de la intención de los movimientos sociales de incorporarse a la CGT como gremio confederado en representación de los trabajadores de la Economía Popular. La peregrinación de este grupo a Azopardo ya tiene recorridos más de tres años; es decir: comenzó al tiempito de que Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid relanzaran la CGT unificada allá por agosto de 2016.
Para todos los gustos: siempre contaron con el aval del portuario, el rechazo del estacionero y una posición pendulante de Daer, aunque proclive a su incorporación. Primó el rechazo porque los mandaron a hacer los deberes y crear un sindicato con todas las de la ley para que pueda ser aceptado. Hace poco más de un mes volvieron a la carga y presentaron en sociedad la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que congrega a la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la CCC (Corriente Clasista Combativa), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. Operan para que este año el ministerio de Trabajo les otorgue la personería gremial ya que el expediente, aseguran, cuenta con el sello de “recibido” de la Mesa de Entradas de dicha cartera.
Es cierto que los dirigentes que los rechazan hablan de que “no son trabajadores” porque no cuentan con un recibo de sueldo, con derechos, obra social y por lo tanto que no encuadran en los postulados para ser un gremio como los que anidan en la CGT. Esa pelea conceptual también la vienen dando las organizaciones populares: para la opinión pública son “planeros”, pero ellos se ocuparon de que lo que reciben del Estado mensualmente sea un “Salario Social Complementario”. Salario es sueldo, sueldo es trabajo. La definición de que son “trabajadores de la economía popular” también va en ese sentido. El duelo filosófico, entonces, está planteado. Otra grieta más a las tantas ya existentes.
Sin embargo, por estas horas los tiempos cambiaron y aquellos dirigentes refractarios a esa comunión aún les queda ser herejes a su pensamiento y pegar el volantazo: es que el gobierno, en cabeza de Alberto Fernández, es peronista y hay sintonía con el Papa Francisco y, a su vez, también comulga como puente el omnipresente y vaticanista Gustavo Béliz. Y a todo eso le sumamos que todo dirigente que se precie de tener poder tiene en su despacho la foto con Francisco. En un vértice todo se une.
“Alberto a través de Béliz tiene una mirada plena de lo que Francisco piensa de los movimientos populares”, apuntala Gildo Onorato, de la CTEO, en charla con Mundo Gremial. Esta semana hubo una muestra de ese lazo: el Ejecutivo nacional lanzó el plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo por el que 50.000 trabajadores de la Economía Popular y que perciben el Salario Social Complementario o pertenecen al programa “Hacemos Futuro”, actualmente con una asignación de $8.500, vayan a pintar y/o refaccionar escuelas. Por este trabajo se les pagarán otros $8.500 mensuales durante el tiempo que duren las obras de refacción de escuelas. Este plus se abonará con fondos provinciales que son de 200.000 pesos por escuela. Tener en cuenta que durante toda la era Cambiemos las organizaciones pidieron que se les otorgara el 25% de la obra pública “para hacer trabajos de pico y pala” (es decir obras de bacheo, pintado y refacciones, por ejemplo); algo que nunca fue concedido.
Para Onorato “el respaldo que hemos obtenido del presidente y a posterior durante el lanzamiento del programa nos hace pensar que vamos a obtener la personería gremial”. Considera “importante construir la unidad de la clase trabajadora y hoy la CGT es la principal organización obrera de América Latina en cuanto a su capacidad de defender los derechos de la clase trabajadora. Más allá de las críticas hacia algunos dirigentes o algunas de sus decisiones entendemos que es el principal instrumento de la clase trabajadora”.
Pero claro no son las buenas intenciones o las voluntades o encuadramientos gremiales lo que incide a la hora de que puedan o no participar en la CGT, sino en darles con su incorporación el poder de voto que les pueden conferir a la UTEP los posibles 500.000 trabajadores aglutinados en la economía popular. Es que la UTEP entra en el concepto de “grandes gremios de servicios” y por lo tanto podría contar con numerosos congresales en un Confederal. Y más: según la OIT uno de los sectores que más crecerá en el tiempo es “el cuidado de las personas”; es decir niñeras o cuidadores de ancianos. Justamente los trabajadores de este sector.
Durante la era Cambiemos, en la última reunión del Consejo del Salario, el secretario general de la CTEP, Esteban Castro, participó como veedor “y este año aspiramos que sea parte con voz y voto”, aseguran desde la UTEP. Si el Gobierno decide jugar esa carta política atención que avanzan un casillero importante.
El pulso de la calle
Los dirigentes sociales preparan para el 12 de febrero una gran movilización en el centro porteño: será para rechazar la presencia de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Nada que se lea como un acto contra el Gobierno; por el contrario al Ejecutivo le viene bien mostrar el hambre de la gente. “Tenemos que apoyar con mucha fortaleza para que el Gobierno genere la mejor negociación posible teniendo en cuenta que la verdadera deuda es con el pueblo y con los sufren”, explica Onorato. Y completa: “A pesar de que en otros momentos históricos pudimos desendeudarnos las consecuencias sociales de los acuerdos de los noventas y de principios del siglo XXI todavía no se han resuelto. Por eso denunciamos al gobierno de Macri en su momento sabiendo que la estructuralización de las desigualdades iban a crecer y no nos equivocamos. Tenemos que construir un gran frente para fortalecer la posición del gobierno y rechazar lo que quieran imponer los acreedores que son perjudiciales a los derechos de argentinos”.
