A un año del primer positivo de COVID-19 Paraguay sorprende al mundo con una grave crisis sanitaria y política. Bajo la consigna «Estoy para el Marzo Paraguayo 2021» (mes cargado de historia para los movimientos políticos violentos) se vienen desarrollando masivas movilizaciones populares pidiendo la destitución del presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete. «Fuera Marito» es el grito y la consigna en los carteles que acompañan las protestas y desmedida la represión que que hirió a decenas de manifestantes con balas de goma.
Pese a los elogios que había cosechado el gobierno en la gestión de la pandemia, lo cierto es que en las últimas semanas la realidad denunciada por los gremios de la salud y educación reveló a todos el estado profundo de los servicios públicos con el crecimiento vertiginoso del número de contagios y muertes.
En la primera semana de marzo los medios nacionales y las redes sociales se hicieron eco de las protestas de familiares de víctimas que suplicaban y lloraba ante las cámaras por la falta de insumos en los hospitales. Sumado a ellos médicos y trabajadores de salud expusieron la saturación de los servicios sanitarios y la escasez de vacunas para la población (solo 4.000 vacunas Sputnik para la primera etapa). A esto debe sumarse la denuncia de escandalosos casos de corrupción sobre fondos de emergencia aprobados para luchar contra la pandemia.
Ahora bien corresponde poner en valor la actitud desplegada por los sindicatos de salud y educación que salvaguardando los intereses de sus afiliados y la sociedad en general en momentos en que el presidente todavía contestaba a las críticas expresando, «No se preocupen por lo que escuchan. Yo hace rato ya no leo nada, por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo y con mucha esperanza en el futuro”.
En agosto de 2020 el Sindicato Nacional de Médicos publicó una nota donde denunciaba la falta de antibióticos de cabecera en los cuidados intensivos, además de que no hay relajantes musculares ni sedantes para los pacientes en terapia intensiva.
Ya en diciembre en una entrevista el Dr. Lilio Irala Secretario General del Sindicato explicaba al diario ABC que la situación se había agravado de agosto a diciembre y que si bien muchos pacientes estaban internados en nosocomios públicos los familiares debían procurar adquirir los fármacos para la terapia intensiva y los diversos tratamientos en el sector privado o bien procurarse desde el extranjero en forma irregular es decir recurriendo al contrabando. Extrañaba que “Todo termina siendo parte de una cadena de corrupción, de impunidad, corruptos que terminan impunes. La impunidad alimenta la corrupción, el descaro, la desvergüenza de actores que intentan lucrar con el sufrimiento, el padecimiento y la necesidad de nuestra gente”.
La semana pasada varios gremios de enfermería llevaron adelante protestas y el fin de semana encabezaron las movilizaciones que fueron reprimidas. Así también fue noticia semanas antes que enfermeros/as vendían panchos y pollos para solventar los medicamentos de sus compañeros que se habían infectado en el trabajo y permanecían internados.
Por su parte el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (SITRAHC) luego de los incidentes solicitó por medio de un comunicado al presidente de la República, al presidente del Congreso, y al ministro del Interior, que cesen el uso de la fuerza pública para evitar que continúen los hechos de violencia, “Los ciudadanos paraguayos solo hacen uso del derecho constitucional de manifestarse públicamente ante un escenario catastrófico que envuelve a nuestro país en situación de pandemia”.
En educación a fines de febrero la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron un paro general para 2 de marzo, día de reinicio de las clases presenciales en el sector público. En conferencia de prensa las centrales sindicales expresaron que no están dadas las condiciones para el retorno a clases y exigían la provisión de vacunas para todos los maestros, la reparación de instituciones en mal estado, la implementación gradual del salario básico profesional docente y subsanar las graves carencias educativas en cuanto a tecnología, lo cual se traduce en la provisión de herramientas (notebooks, internet, etc) para poder trabajar.
Todas estas demandas y denuncias fueron realizadas ante una fuerte presión social enfrentando en solitario al aparato estatal que acusaba a los sindicatos de educación de estar en contra de las recomendaciones de UNICEF. Lo cierto es que el Ministro de Educación y Salud debieron dejar sus respectivas carteras hace pocos días.
Pese a tener pocas horas en su cargo el Ministro de Salud entiende que el inicio de clases debe aplazarse dos semanas y desde la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) le contestaron que el reinicio de clases debe esperar al menos hasta Semana Santa.
Los pronósticos de los especialistas coinciden en un aumento sostenido de la conflictividad social en la región que afectará sin dudas el rico cronograma electoral del sur del continente. El caso de Paraguay puede resultar paradigmático para los sindicatos, los efectos negativos de la pandemia no son materia opinable. Revisar el rol que tienen los gremios pese a los compromisos políticos asumidos resulta una decisión acertada. La historia del movimiento sindical paraguayo es breve en relación a sus sus vecinos pero muy rica y sin dudas el posicionamiento de los sindicatos de salud y educación será bien recordado en los anales del movimiento sindical latinoamericano.
