El modelo Cresta Roja

La valoración de los actos de gobierno, y su impacto en la sociedad, exige la mesura de los canales mediante los cuales se informan y transmiten. Va de suyo que aún las más modernas tesis sobre comunicación política reportan el clásico criterio del contenido subordinado a la foto, objetivando la frase: “una imagen vale más que mil palabras”, en lo que ha hechos políticos se refiere.

Esta mención nos permite echar luz al análisis de la circunstancia elegida para comunicar públicamente, mediante el formato institucional, la decisión del Ejecutivo nacional de vetar la ley de emergencia ocupacional recientemente sancionada por el Congreso.

Así frente a un auditorio celosamente elegido, se convocó a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, cuya continuidad se produjo gracias a la intervención de la actual gestión; y acompañado de funcionarios de la cartera laboral nacional, se informó le decisión del veto.

De esta manera, el contenido de un anuncio conocido por todos, completa su significado con lo expresado por la foto, por el escenario y los espectadores presentes, como símbolo de la respuesta con que se abordara la conflictividad de un complejo mercado laboral.

Con toda claridad, la gestión nacional adopta la alternativa del veto, sendero constitucionalmente válido pero republicánamente reprochable, y contrapone a la decisión legislativa de prohibir los despidos e incrementar al doble las indemnizaciones surgidas como consecuencias de aquel, la matriz de política pública desplegada en Cresta Roja como ejemplo de solución y modelo de rol estatal.

Sin embrago, a poco que se analiza la situación de Cresta Roja, vemos como sus extremos cristalizan criterios de intervención evidentemente perjudiciales para el mundo de los trabajadores asalariados.

No se trata de olvidar la acuciante situación por la que pasaba la empresa, de emergencia y crisis indudables; sino de justipreciar la dimensión de la respuesta acogida que, lejos de cuestionar jurídicamente su adopción, pone el alerta a los trabajadores de empresas con similares dificultades.

De un universo de casi 4 mil trabajadores, que en su esplendor ascendió a casi los 6 mil, la actualidad -y como consecuencia de la intervención estatal- observa la incorporación de apenas 1.200 de ellos. Número de trabajadores que debieron aceptar a costa de su reincorporación una rebaja del 20% de su salario y, lo que resulta más gravoso aún, dejar de lado la aplicación del CCT correspondiente a su actividad, adoptando un acuerdo-convenio de empresa.

Las consecuencias profundamente perniciosas se evidencian de manera mayúscula. La rebaja salarial, la perdida de los derechos y condiciones de trabajo reconocidos por el convenio de actividad cuya aplicación debieron abandonar, apenas sirvió para la reincorporación de un poco más del cuarto de los trabajadores afectados. Ello materializa un arquetipo de política pública conocida en el mundo del trabajo como “negociación a la baja”.

El Modelo Cresta Roja, como parámetro de injerencia pública en el binomio capital-trabajo y sus dificultades, se presenta concluyentemente negativo.

Frente a ello, la hipótesis de mínima exige reconocer un error en la foto del hecho político del último viernes, como criterio de comunicación política de decisiones de gobierno, al menos, controvertida. La hipótesis de máxima ordena modificar la matriz de intervención pública en materia de relaciones de trabajo, en un escenario donde problemáticas semejantes se reproducirán como consecuencia de un mercado interno de volumen recesivo.

Un contrate de ambas nos indica un enfoque actual donde la política decisivamente se traduzca en transformar realidades, pero para mejora de quienes históricamente más lo necesitaron: los trabajadores.