El líder de Canillitas propone implementar el impuesto a la riqueza hasta terminar de pagarle al FMI

El senador provincial Omar Plaini del Frente de Todos, hizo consideraciones polémicas al referirse al “Aporte Solidario y Extraordinario” a las grandes fortunas, sancionado en el Congreso en diciembre de 2020, y considerar que se debería implementar hasta que se termine de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

En este sentido, el secretario general del gremio de canillitas, cuestionó: “Este último endeudamiento de Argentina fue una estafa, una irresponsabilidad, no solamente del gobierno anterior, del ingeniero (Mauricio) Macri, sino también del propio FMI, que violentó su propio reglamento”.

Así las cosas, para el legislador, el préstamo de 44 mil millones de dólares “fue una movida geopolítica que hizo el propio Trump porque quería convertirlo al ingeniero Macri en el líder de América Latina por las coincidencias ideológicas entre ellos”.

Sobre esto, sentenció que “no se puede aceptar una vez más esto; no se puede aceptar que lo pague el pueblo argentino, los jubilados y el pueblo trabajador”.

Y agregó: “Esta vez no lo debe pagar el hombre y la mujer de a pie con el esfuerzo de su trabajo; de allí que yo vengo sugiriendo que aquel gravamen a las grandes fortunas, que se les cobró el año pasado, quede en forma permanente hasta tanto se termine de cumplir con el pago de los 44 mil millones de dólares”.

Plaini pidió también, que se sancione “otra ley para que todos los argentinos que tienen fondos activos y bienes en el exterior también hagan un aporte. Creo que sería la mejor manera de resolver esta estafa, que paguen los que más tienen. Hay que instrumentarlo a través de leyes, pero por ahí caminaría la solución a este problema”.
Asimismo, aseguró que el “Aporte Solidario y Extraordinario” por única vez se sancionó el 4 de diciembre de 2020. El gravamen alcanzó a los patrimonios de las personas físicas que hubieran declarado en el impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos, con alícuotas progresivas hasta las fortunas de más de 3.000 millones de pesos.

La norma estableció que los recursos extraordinarios iban destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).