Tras el fracaso en diciembre, donde no pudo alcanzar un acuerdo en el Senado con el PJ por desavenencias con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano, el gobierno nacional vuelve a insistir en llevar adelante la Reforma Laboral. La estrategia oficial es que el paquete de leyes sea aprobado durante el Mundial.
De este modo, el Gobierno envió al Congreso tres capítulos de su proyecto de Reforma Laboral, es decir, no completa como lo preveía hacer el año pasado. En esta primera tanda, el oficialismo buscará avanzar con el blanqueo de trabajadores informales, las pasantías como capacitación laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.
En este sentido, el plan de blanqueo laboral prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. Este punto busca regularizar la situación laboral lo 4,5 millones de asalariados que actualmente están en negro, y que, por lo tanto, no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.
Sin embardo, a pesar que el blanqueo cuenta con el aval de la CGT, de allí se desprende un punto que va a generar resistencia, es decir, el fondo de cese laboral que incluye una modificatoria al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por el cual se modifica el cálculo de la indemnización por despido. Se señala que: “Quedan excluidos de la base salarial prevista en el párrafo anterior, el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.
La segunda iniciativa de esta primera etapa será la denominada capacitación laboral continua, que no únicamente abriría paso a las pasantías como modalidad de capacitación y no como un vínculo laboral, sino que apuntaría a reconvertir oficios que están desapareciendo. Este ítem tendría el aval de un sector de la CGT, pero no es unánime como lo es el blanqueo.
El tercer proyecto es el de la agencia de tecnología médica, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales. Es una propuesta elaborada codo a codo con los equipos médicos de los gremios y que Macri se las prometió a los dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento, en parte, proviene de la caja de las prestadoras sindicales.
En el caso de la regularización del trabajador, el texto propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.
No obstante, uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).
Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo «reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador».
Esta semana el oficialismo llevará a las comisiones del Senado el paquete de leyes denominado Reforma Laboral. Consideran que pueden lograr un acuerdo con la CGT que les permita un trámite exprés en la Cámara Alta con el respaldo mediante del senador Miguel Ángel Pichetto.
En tanto, en Diputados la situación es más compleja. El hasta principal articulador de los deseos parlamentarios de Macri se encuentra en retirada. Resulta, entonces, difícil poder vislumbrar qué rol tendrá Monzó frente a un peronismo no kirchnerista que comienza a delinear un discurso en común contra el gobierno como se evidenció en la sesión especial para tratar las subas en las tarifas.
El Mundial es en el momento propicio piensan Casa Rosada y le prenden una vela a Messi y a sus muchachos.
