La Secretaría de Trabajo impugnó este martes las elecciones de autoridades en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, convocadas para este miércoles 16, tras las graves denuncias realizadas por afiliados del gremio.
La decisión fue resuelta por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) que encabeza Claudio Aquino, en base a un dictamen técnico realizado por funcionarios del área de Trabajo encargada de validar convocatorias a actos, congresos y elecciones gremiales.
En una disposición que lleva la firma de Aquino, la DNAS hizo lugar al pedido de impugnación formulado por los afiliados al SUPA Concepción y declaró la «ineficacia jurídica» de la asamblea general extraordinaria realizada el 20 de agosto pasado y del acto eleccionario convocada para este miércoles en el gremio portuario.
El organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, señaló que tanto la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria como los comicios «contienen vicios de origen» con «violaciones estatutarias y legales». El avance del proceso electoral era una bomba de tiempo para la cartera laboral y había generado fuerte ruido al interior del organismo por las notorias irregularidades detectadas.
El dictamen validó los argumentos esgrimidos por los trabajadores afiliados que aseguraron no haberse respetarse los plazos legales de convocatoria y publicidad en todo el proceso electoral, además de haber sido convocado por una persona que no tiene rango de Delegado Normalizador.
Grave denuncia por fraude electoral en gremio portuario compromete a funcionarios del Gobierno
Explicaron los denunciantes que el Delegado que llamó a elecciones no fue designado por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), entidad de segundo grado a la que se encuentra adherido el SUPA Concepción y la encargada de habilitar todo de nombramiento al encontrarse el sindicato de base en situación de acefalía.
La FEPA que conduce Marcelo Osores se había manifestado en respaldo a la denuncia presentada por los afiliados, con un llamamiento al estricto cumplimiento del estatuto social de la entidad sindical y los derechos constitucionales de libertad sindical.