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El gobierno fijó el nuevo salario mínimo en 12.500 pesos

Se llegará a ese valor recién en junio del próximo año. Las centrales sindicales rechazaron lo dispuesto por el Ejecutivo nacional.

Mundo Gremial

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El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo, luego de que autoridades de la CGT y de las dos CTA no llegaran a un acuerdo con referentes del sector empresario en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La suba que llevará el salario mínimo de los actuales 10.000 a 12.500 pesos se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado.

Como se preveía, el Ministerio que dirige Jorge Triaca debió fijar el aumento de manera unilateral, debido a que no hubo acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios durante el plenario, quienes quedaron muy lejos en sus respectivas posturas.

Los sindicalistas reclamaban llevar el salario mínimo a 19.600 pesos (valor de la canasta básica que mide el INDEC), mientras los empresarios ofrecieron una suba del 20% (12.000 pesos).

A su vez, se incrementaron los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo que serán $2.488 y $3.982 a partir de septiembre, $2.628 y $4.205 a partir de diciembre, $2.767 y $4.428 desde marzo de 2019 y $2.907 y $4.652 a partir de junio de 2019, informó Trabajo en un comunicado.

En un principio había trascendido que la CGT reclamaría al menos un 30% de aumento del haber mínimo, en línea con la inflación que se espera para este año, pero cuando la reunión del Consejo ya se estaba realizando emitió un comunicado en el que informó que iba a pedir subirlo a 19.600 pesos (un incremento superior al 90%).

La reunión se realizó en la sede de Trabajo de la Avenida Alem, donde por la mañana se reunieron las comisiones técnicas (Salario Mínimo Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo; Empleo; Formación Profesional; Productividad y Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social), mientras que a la tarde se llevó a cabo el plenario que finalizó sin entendimiento.

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Exigen el pago de salarios adeudados en cadenas de comidas rápidas KFC y Wendy’s

El sindicato de Pasteleros reunió a trabajadores y representantes de las empresas para entablar una mesa de diálogo. Esperan audiencia en Trabajo.

Mundo Gremial

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Los trabajadores de las cadenas de comidas rápidas KFC y Wendy’s reclamaron la falta de pago de salarios y el medio aguinaldo de junio.

Las quejas fueron presentadas ante el Sindicato de Pasteleros de la Ciudad y Gran Buenos Aires que rápidamente inició acciones ante el ministerio de Trabajo y las autoridades de las firmas.

KFC y Wendy’s adeudan parte de los sueldos desde el inicio de la cuarentena obligatoria e incumplieron con el pago en tiempo y forma del salario anual complementario (SAC).

Ante las denuncias de los trabajadores, el gremio de Pasteleros que conduce Luis Hlebowicz, avanzó en presentaciones formales para exigir el cumplimiento de las obligaciones como empleador generando un espacio de diálogo entre los empleados y representantes de la empresa.

La reunión se concretó el pasado jueves al mediodía en la Escuela de Pastelería del sindicato con participación de unos 30 trabajadores y trabajadoras, miembros de las marcas e integrantes de Comisión Directiva y asesores legales de Pasteleros.

En el encuentro, realizado bajo estricto cumplimiento de distanciamiento social y protocolos sanitarios (de acuerdo a la superficie del espacio destinado se permitió sólo la participación de 30 personas), tuvo como objetivo acercar posiciones y esclarecer la situación que generó conflicto en los distintos locales de las cadenas de servicios rápidos.

Los representantes de la empresa se comprometieron a dar una respuesta por escrito, a más tardar el próximo martes 14 de julio, al petitorio efectuado por el sindicato y el conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Por parte de Pasteleros se hicieron presentes el Secretario de Organización Gremial de Buenos Aires, Marcelo Gasso, los abogados Leandro Laurito y Paulo Martínez, junto a otros colaboradores del sindicato.

Al finalizar la reunión, los trabajadores agradecieron la rápida intervención del gremio y la participación activa y fuerte en representación de los derechos de los empleados.

Además de la gestión en privado ante la empresa, la organización generó una denuncia ante el ministerio de Trabajo para oficializar los reclamos “quedando a la espera de una pronta respuesta de la cartera laboral y la consecuente convocatoria a audiencia”, explicó el gremio.

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Masiva caravana en defensa de los puestos de trabajo y la intervención de Vicentin

Fue convocada por el Sindicato de Aceiteros. La caravana de más de siete cuadras de largo recorrió gran parte de la ciudad.

Mundo Gremial

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Organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron este jueves en caravana en Rosario en defensa de los puestos laborales de la empresa Vicentin y en apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la compañía.

Los representantes de más de 30 organizaciones comenzaron la jornada coordinada por el Sindicato de Aceiteros local con una concentración en la plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario.

“Esta jornada de lucha se da en el marco de un ‘ruidazo’ nacional convocado por los compañeros de Vicentin en (la localidad santafesina de) Avellaneda”, dijo a Télam, Marco Pozzi, del sindicato local de aceiteros.

A la izquierda, Daniel Yofra, titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros

Pozzi agregó que “es fundamental que se asegure la continuidad laboral de todos los trabajadores de Vicentin y acompañar la intervención, que permitiría al Estado tener una empresa testigo para fijar los precios de la canasta básica de alimentos en búsqueda de la soberanía alimentaria, y apoyar también a los pequeños productores comunitarios o barriales”.

Además, insistió con el reclamo gremial de que “se investigue el ‘toco de guita’ que se llevaron los dueños de Vicentin en la última etapa del macrismo, que fue acompañada por el despido de unos 50 trabajadores”.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a la Terminal del Puerto Rosario exhibiendo banderas y consignas en una caravana de unas siete cuadras y terminaron en el Monumento Nacional a la Bandera.

Vicentin. Parte de la dirigencia sindical y política que respaldó la caravana en Rosario

“El 9 de julio de 1816 fue proclamada la independencia de Argentina en Tucumán y no es casual que nos encontremos hoy acá defendiendo los valores de la libertad, la igualdad, la independencia y la soberanía”, expresaron los dirigentes en un documento conjunto que hicieron público en el acto.

Los manifestantes agregaron que se decidió “culminar la caravana y hacer el acto en el Monumento porque tiene una gran fuerza simbólica”. El documento resaltó que “la familia Vicentin ocupa el puesto 26 entre las 50 más ricas de Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares” y expresó su “respaldo” a la intervención oficial en la empresa.

“Saludamos el hecho de que el Estado intervenga con una empresa testigo en el mercado de carne y de granos, un sector estratégico en la economía nacional que, al día de la fecha, se encuentra mayormente extranjerizado”, añadió la misiva conjunta.

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Gremios piden establecer un salario universal de 17.000 pesos

Forma parte del reclamo efectuado por la CTA Autónoma en el marco de la campaña nacional “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”.

Mundo Gremial

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La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) informó que uno de los principales ejes de la campaña nacional “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”, que lanzó la semana anterior, debe ser “un salario universal de 17 mil pesos que garantice el acceso a bienes y servicios para la vida saludable”.

La central obrera que lideran Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria indicó en un comunicado que el salario universal representa “una política pública de justicia redistributiva y una eficaz medida para resolver los problemas de la pobreza e indigencia”, ya que “la etapa neoliberal de la crisis del capitalismo llevó al país a situaciones verdaderamente dramáticas”.

“La gran mayoría de trabajadores fue precarizada y empujada a la pobreza e indigencia. El peso perdió un 82 por ciento de su valor respecto del dólar desde 2015. El gobierno de Mauricio Macri terminó con un 35,4 por ciento de pobreza y con un desempleo por encima del 10 por ciento”, puntualizaron los dirigentes.

La CTA Autónoma explicó que esa propuesta fue pensada como universalización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a 4 mil pesos, sin “los condicionamientos que hoy dejan afuera a unos 4 millones de menores”, y debe ser articulada con “un salario universal de 17 mil pesos para la totalidad de la población que supere los 18 años y hasta los 65 años”, señaló el documento.

El salario universal es “una política pública de justicia redistributiva y una medida eficaz para resolver los problemas de pobreza e indigencia, y servirá para estimular la reactivación del mercado interno a través del consumo y la producción, además de reconocer como trabajo aquellas tareas indispensables para la vida como las de cuidados y las comunitarias, entre otras”, concluyó.

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