El Gobierno en la mira por intervenciones a obras sociales: el caso de OSPICHA

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno nacional puso en marcha un agresivo plan de fiscalización sobre las obras sociales, liderado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud). Con el argumento de combatir irregularidades, se intervinieron o declararon en crisis múltiples entidades, afectando a gremios de diversa envergadura. Sin embargo, el caso de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA) expone serias contradicciones en los procedimientos de la SSSalud, levantando sospechas sobre un posible modus operandi para apropiarse de los fondos de estas organizaciones.

La SSSalud, dependiente del Ministerio de Salud, intensificó desde 2024 las auditorías a obras sociales, justificando intervenciones y bajas del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) por supuestos incumplimientos. En lo que va de 2025, se intervinieron al menos ocho obras sociales y doce fueron declaradas en crisis, según datos oficiales. Estas medidas, que incluyen la designación de interventores y la exigencia de planes de contingencia, generaron críticas por su impacto en los afiliados y por la falta de transparencia en los procesos.

En paralelo, la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, dispuesta en febrero de 2025, redujo significativamente los ingresos de entidades sindicales con menor estructura. Según fuentes gubernamentales, esta medida busca “transparentar” el sistema, pero para los gremios representa un golpe directo a sus finanzas, ya que las obras sociales manejan millonarios fondos provenientes de aportes de trabajadores y subsidios estatales.

Las intervenciones a las obras sociales son aprobadas y ejecutadas por Claudio Adrián Stivelman, nuevo Superintendente de Servicios de Salud y ex Gerente General del organismo, tras análisis previo de Miguel Dómina, Gerente de Control Prestacional.

OSPICHA: un caso testigo de irregularidades en la fiscalización

El caso de OSPICHA, intervenida por 180 días mediante el Decreto 230/2025, es paradigmático. La SSSalud justificó la medida tras una auditoría que detectó supuestas irregularidades en la documentación, pagos y cobertura médico-asistencial. Sin embargo, un informe del sector legal de OSPICHA desmiente estas acusaciones con pruebas concretas, revelando inconsistencias graves en el accionar del organismo fiscalizador.

Padrón de beneficiarios: La SSSalud afirmó que OSPICHA presentó un padrón con 8.329 beneficiarios, pero con una diferencia de 2.119 afiliados no registrados. OSPICHA respondió que nunca envió un padrón de 12.476 beneficiarios, como sugirió la Superintendencia, y que el organismo no pudo presentar comprobantes que validaran su acusación. Esta contradicción evidencia una falta de certeza en los datos utilizados para sancionar.

Plan Médico Asistencial (PMA): La SSSalud señaló incumplimientos en la presentación del PMA, pero OSPICHA aportó comprobantes TAD que confirman la carga de este documento para los períodos 2024 y 2025. La omisión de estas pruebas por parte del organismo vulnera el principio de exhaustividad administrativa.

Salud mental y programas preventivos: La auditoría acusó a OSPICHA de no contar con un equipo de salud mental ni programas preventivos. Sin embargo, la obra social presentó constancias enviadas tanto en la auditoría como por correo electrónico a funcionarios de la SSSalud, lo que desmiente estas afirmaciones.

Deudas y situación financiera: La SSSalud afirmó que OSPICHA adeudaba $16.588.777 en Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y poseía inversiones en plazos fijos por más de $3.180 millones. OSPICHA refutó ambas acusaciones, demostrando que la deuda ya había sido cancelada y que no existían tales inversiones, lo que pone en duda la veracidad de los informes oficiales.

¿Un plan para controlar las cajas sindicales?

Críticos del Gobierno sostienen que estas intervenciones buscan debilitar a los gremios, especialmente aquellos con menor peso político, para redirigir los fondos de las obras sociales hacia otros fines. La designación de interventores, como Graciano Iván Corte en OSPICHA, y la facultad del Ministerio de Salud para extender plazos de intervención refuerzan esta percepción. Además, el endurecimiento de sanciones y la creación de un Ranking Público de Cumplimiento, según la Resolución 951/2025, podrían ser herramientas para presionar a las entidades a alinearse con los objetivos oficiales.

Las intervenciones y bajas de obras sociales no solo afectan a los gremios, sino también a los afiliados. Aunque la SSSalud asegura que los beneficiarios mantendrán su cobertura mediante la libre elección de otra obra social, la transición puede generar interrupciones en la atención médica, especialmente en casos de tratamientos de alta complejidad.

El caso de OSPICHA pone en evidencia un accionar cuestionable por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, con auditorías que omiten pruebas, utilizan datos erróneos y vulneran el debido proceso. Estas prácticas sugieren un posible intento del Gobierno de controlar las millonarias cajas sindicales, debilitando a los gremios en el proceso.

Mientras el oficialismo defiende estas medidas como un esfuerzo por transparentar el sistema, las pruebas aportadas por OSPICHA y otras entidades señalan una fiscalización arbitraria que podría tener motivaciones políticas más que técnicas. La continuidad de estas políticas, sin correcciones, amenaza con agravar las tensiones con los sindicatos y comprometer el acceso a la salud de miles de trabajadores.