El gobierno de Kicillof intervino en la paritaria de Comercio ante la no homologación de Nación

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen que avala la validez del Artículo 10 de la paritaria del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el cual establece el pago de montos no remunerativos. La resolución cobra importancia, ya que establece la efectivización de los montos incluso sin la homologación del acuerdo nacional, dilatada por el techo salarial que busca imponer en las negociaciones colectivas el gobierno de Javier Milei.

La decisión ministerial, solicitada por el SEC Lanús-Avellaneda, surgió por la denuncia del gremio mercantil a algunas empresas que, aprovechando la falta de homologación del convenio paritario a nivel nacional, se negaban a abonar estos montos a sus empleados, desoyendo lo previamente suscripto por las Cámaras empresariales.

El dictamen provincial establece que corresponde abonar el pago a cuenta hasta que la paritaria sea homologada definitivamente. Asimismo, la resolución especifica que los pagos no remunerativos pueden ser efectuados antes de la homologación, conforme a lo pactado en la instancia de negociación colectiva.

Desde la cartera laboral que conduce Walter Correa, destacaron en un comunicado de prensa que esta medida «resuelve la incertidumbre de los trabajadores que tenían un acuerdo firmado y garantiza el cumplimiento de los acuerdos laborales», brindando «tranquilidad a los trabajadores que no estaban percibiendo ese pago debido a la falta de homologación», apunta el documento.

Desde trabajo también resaltaron que la intervención de Provincia en el conflicto se fundamenta en la búsqueda de mantener la paz social y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en un contexto donde el Gobierno nacional ha impuesto un «cepo a la negociación colectiva y no homologó el acuerdo» alcanzado entre el gremio y las cámaras del sector.

Al respecto, el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, enfatizó que «el pronunciamiento del Ministerio es una clara demostración de que en la Provincia de Buenos Aires se cumple con la Constitución provincial que garantiza la defensa de los principios del derecho del trabajo tales como progresividad, irrenunciabilidad de los derechos y justicia social”, ponderó el funcionario.