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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El Fuero Laboral, un dolor de cabeza para el Gobierno

La justicia del Trabajo ordenó este jueves reincorporar de manera definitiva a 68 de los 357 despedidos. Se suma a otros fallos en los que se le puso un freno al avance del Ejecutivo y los empresarios sobre el sector trabajador.

Pablo Maradei

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Este miércoles se cumplió un año de los 357 despidos en Télam, la agencia estatal de noticias, y al día siguiente la justicia del Trabajo ordenó la reincorporación definitiva de 68 de esos trabajadores desafectados; revés para el Gobierno que mantiene esta cruzada que se convirtió en un hito de su gestión. No obstante, se espera que Télam apele ante la Corte Suprema. A su vez, hay otro centenar de periodistas a los que se reincorporó de manera preventiva a raíz de medidas cautelares y que esperan sentencia definitiva. Dato: la Casa Rosada, ante las primeras sentencias favorables a los trabajadores ocurridas en agosto del año pasado, le inició juicio político a los camaristas Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo como un modo de disciplinamiento.

No es la primera vez que el fuero laboral falla en contra de los intereses del Ejecutivo: basta recordar la multa por 10.000 millones de pesos, que el entonces ministerio de Trabajo, bajo tutela de Jorge Triaca, le impuso a Camioneros; todo esto en ámbito administrativo. El sindicato recurrió a la Justicia y todo terminó en una sanción pecuniaria que le hizo cosquillas a la abultada cuenta corriente que tiene el gremio de los Moyano. Y un dato más: Trabajo tenía encarpetada una segunda multa, también por desacatar una conciliación obligatoria, pero para evitar el bochorno, hizo violín en bolsa y todo quedó a foja cero.

Último caso mediático: en febrero del año pasado, la Justicia le dio la razón a la Asociación Bancaria de aplicar la cláusula gatillo garantizada en el acuerdo paritario de 2017 cuando estaba empezando a discutir la paritaria de 2018.

Acaso el fuero laboral no escapa a las generales que imperan en el mundo judicial como es ser oficialista del Gobierno de turno -basta ver el accionar de muchos jueces federales de Comodoro Py-; lo que se traduce, por el clima de época imperante, inclinar la balanza en favor del Ejecutivo o las patronales en detrimento del sector trabajador. Sin embargo, en algunas salas de este fuero (principalmente la V) pareciera venir obrando un frontón de resistencia a los continuos embates por la libertad de acción que se les permite a las empresas por el nulo oficio de intermediario que debería ofrecer el actual ministerio de Producción y Trabajo a cargo de Dante Sica.

La balanza, claro está, debe impartir Justicia (con mayúscula) sea para el lado de los trabajadores o para el empresario siempre basándose los jueces en fundamentos jurídicos.

Una radiografía del fuero indica que coexisten los mismos 80 juzgados y las 10 salas de apelación desde hace 30 años con un crecimiento exponencial de la población: cobija a unos 2.000 trabajadores. Cada juzgado recibe $4.500 mensuales para cubrir gastos mientras que las salas perciben $4.000; lo que da en total $400.000 al mes. A esto se le suma, también en concepto de gastos, lo que reciben las intendencias; lo que no supera el millón y medio de pesos mensuales. El resto del presupuesto es salario, que alcanza el 90% del total.

Claro está, los juzgados están plagados de expedientes; muchos de ellos carcomidos por las ratas o corroídos por la humedad o el agua proveniente de las goteras.

Sobre este cuadro de situación, Gabriel Galeano, secretario adjunto de la comisión interna del Fuero del Trabajo-UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación), detalla a Mundo Gremial: “Quien puede dudar que la Justicia del Trabajo no puede seguir con la actual estructura, tanto por la cantidad de juzgados como de personal en cada uno ellos. Deberíamos proponer mudar todo el Fuero del Trabajo al Palacio de Justicia. Tal vez de esa manera los señores ministros logren captar cual es el verdadero cuadro de situación y saldrían de sus posturas de monjes recoletos y apuntarían al mundo de la justicia real, la ordinaria como se dice, la de todos los días. Ellos se pueden gastar cientos de miles de pesos del presupuesto para realizar congresos, pero no para un fuero donde el medio ambiente es de caos”.

El pico de demandas se produjo en el año 2016 alcanzando las 113.000; mientras que en 2018 rozaron las 80.000. La merma se explica porque desde 2017 empezó a regir una nueva reforma a la Ley de ART que obliga a todos aquellos trabajadores que se lesionan pasar por las comisiones médicas de su jurisdicción que son las encargadas de fijar el monto de resarcimiento al comprobar una incapacidad manifiesta y permanente ante un accidente de trabajo. Esta vía administrativa, que se puede apelar CON LIMITACIONES, logró lo que buscaba: desalentar iniciar acciones legales.

Para agosto de ese año, Mauricio Macri promovía esta normativa para erradicar “la mafia de los juicios laborales”. Decía el Presidente: “Son un grupo de estudios y jueces laboralistas conducidos por Héctor Recalde (abogado laboralista vinculado al sector sindical) que le han hecho mucho daño a la Argentina. Convencen a un pibe que le haga juicio a la empresa porque saben que ganan al tener todo armadito llevándose ellos la mayor parte dejando a otros siete en la calle porque la Pyme cierra”. Según Macri no toman personal porque el empresario “tiene miedo a estos comportamientos mafiosos”.

Las numerosas fuentes consultadas para este trabajo coinciden en que el presupuesto del fuero es insuficiente y lo vinculan a una intencionalidad política. Nahuel Altieri, abogado especialista en derecho del trabajo y presidente de la Asociación Abogados del Fuero que nuclea cientos de abogados del sector, comenta a Mundo Gremial: “Hace más de tres años y medio ya habíamos advertido a la Corte y al Consejo de la Magistratura de esta situación y parece ser que no es una prioridad de ellos asignar recursos para el buen funcionamiento de la justicia; este reclamo lo venimos sosteniendo abogados y sindicatos faltando que se expida la Asociación de Magistrados que afecta a miles de trabajadores”. Altieri fue el letrado patrocinante de un amparo por la crisis del Fuero que presentó junto a la agrupación política Encuentro de Abogados que encabeza Juan Pablo Godoy Vélez. Pese a que adhirieron 1.200 abogados a este amparo y todos los sindicatos del sector, la Justicia federal consideró que “no” se trataba de una “cuestión urgente”.

La falta de infraestructura se traduce en el estado de somnolencia en el que entran las causas. “Un trabajador que inicia una demanda debería tener sentencia al año o año y medio y hoy no baja de un promedio de entre 5 y 6 años”, detalla Altieri. Y agrega un dato que violenta aún más la situación. En su exposición en el 10° Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral realizado en noviembre de 2018 detalló que las tasas que se aplican para ajustar los montos de sentencias definidas pierden contra distintos tipos de actualización.

Para ello tomó un caso real en el que una trabajadora fue despedida en agosto de 2013 y la Justicia dictó sentencia definitiva en octubre de 2018. La tasa de interés que se le aplicó fue del 183%.

Comparó con el IPC de CABA: fue del 421%.
Comparó contra la cotización del dólar: tuvo un alza del 748%.
Comparó con la evolución del RIPTE (índice vinculado a los riesgos del trabajo): alcanzó el 366%.

Una última conclusión que se desprende de este ejemplo real: al no aplicarse índices de actualización a los tiempos que corren la Justicia convalida un saqueo institucional a las clases trabajadoras.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La CGT: entre la desinformación y la no información

La Confederación General del Trabajo no cuenta con canales oficiales de información, algo que deja al desnudo no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad.

Pablo Maradei

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En la edición del domingo 23 de mayo de “El cohete a la luna”, Horacio Verbitsky publicó su columna dominical llamada “Los 100 de Macrì”. Arrancaba así: “Hace una semana El Cohete a la Luna informó sobre el Top Ten de la fuga de capitales durante el gobierno de Maurizio Macrì. Se ve que hay demasiados temas importantes, porque nadie en la prensa comercial se dio por enterado”. Realidad más ironía.

Hace una semana Mundo Gremial publicaba: “¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web”. En este caso la repercusión que tuvo de lecturas no se condijo con una reacción de parte de la conducción de la CGT: si uno entra a nic.ar y se dirige al buscador de dominios va a encontrar que tanto “cgt.org.ar” como “cgtra.org.ar” continúan liberados.

A saber: cualquier organismo, ONG, Fundación que tenga las mismas siglas se lo puede quedar presentando los papeles correspondientes en Cancillería. Convengamos que si uno escucha o piensa en las siglas CGT la ligazón racional y conceptual se direcciona al sindicalismo y no a otra institución.

Todo lo contrario, pero para mal, pasa en la dirección de Facebook: “CGT RA Organización”. Esa cuenta la maneja Camioneros. En la foto de portada se lo ve a Pablo Moyano como si hubiera concluido un acto para empezar a responder las preguntas de la prensa. El último posteo es del 27 de mayo y muestra una actividad del gremio bajo el Hashtag “cruzada solidaria” en la que se ve una larga cola de compatriotas esperando recibir un plato de comida. Y así podríamos seguir cada uno de los posteos que hace Camioneros en la página web de la CGT RA. Cosa de guapos.

En Twitter si uno busca CGT, lo más parecido a una cuenta oficial es “C.G.T. Oficial” básicamente porque allí está el clásico logo de la Confederación General del Trabajo argentina. El último posteo es de diciembre de 2017: avisan de un paro.

En este crisol virtual que nos da el sindicalismo tradicional quedan al desnudo, no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad; una arista más del ADN argentino: no nos gusta estar a raya con las normas. Eso sí, si viajamos al extranjero nos maravillamos de ver cómo funcionan las cosas.

Cuentan las malas lenguas, aunque es algo que desde Camioneros desmintieron para esta nota, que es que cuando existían las tres centrales obreras (época que precedió al triunvirato formado en agosto de 2016 y que tenían de titulares a Caló, Moyano y Barrionuevo) la CGT de Moyano tenía activa la web de la CGTRA.ORG, pero la URL (la dirección virtual) estaba en manos de los metalúrgicos con las rencillas del caso.

También es cierto que mantener activas las redes es un arma de doble filo: si se lanza un espacio de comunicación virtual es necesario tenerlo vivo con información; y si una entidad no publica nada desde hace más de 2 años como pasa con el Twitter de la CGT lo que termina mostrando es una foto de abandono.

A contramano nos encontramos con que la mayoría de los gremios informan de sus actividades no solo en las páginas webs sino también en sus redes sociales. Las más pobretonas por lo menos informan del horario del camping junto a los teléfonos y fotos de los hoteles: recordar que el afiliado paga por eso.

El secretismo y lo inorgánico son dos herramientas históricas del sindicalismo; permiten la divergencia de criterios, definiciones según quien te las diga; pero por sobre todo permiten la maleabilidad en cualquiera de los temas. Algún distraído podría pensar que estamos hablando de democracia. Pensar que la ex SIDE, que vive del secretismo, tiene página web: no van enumerar los espías ni las operaciones que hagan pero informan de cuestiones institucionales.

Estamos en el siglo XXI y con un futuro incierto y plagado por la tecnología, con una discusión permanente que nos indaga como sociedad mundial respecto a los cambios de paradigmas laborales. A eso le sumamos la Co-Vid-19. La CGT no podría encargar informes a especialistas; coordinar acciones conjuntas con otras centrales obreras e informar. Pareciera no estar a la altura de las circunstancias.

El tema es infinito como una página web bien armada: en el Conversatorio que propone Mundo Gremial para este martes 2 de junio a las 18 horas continuaremos indagando sobre este tema de la mano del periodista Francisco Basualdo y de Pablo Pérez Paladino, politólogo y docente universitario, además de ser consultor en comunicación política y asuntos públicos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: ¿El futuro del trabajo que queremos?

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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Uno de los grandes debates que ha instalado la pandemia de COVID19 es el de “la nueva normalidad”. Esta figura -que puede parecer una abstracción- se empieza a consolidar como una realidad inminente a partir de algunos discursos que naturalizan situaciones otrora excepcionales.

Desde una mirada positiva, la postpandemia se avizora como una oportunidad para revalorizar el rol de los Estados que intervienen con políticas públicas para modificar la realidad en contraposición con los que dejan librada al mercado el abordaje de la política social y sanitaria de la pandemia.

Sin embargo, existe también una mirada que merece un llamado de atención desde el mundo del trabajo y que no podemos soslayar. En estas últimas semanas hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que -aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.

Todos hemos escuchado como se destacan las virtudes de esa modalidad laboral, que justificarían su extensión masiva tanto en el sector privado como en el sector público. La primera reflexión que nos permitimos es que no puede calificarse como “teletrabajo” a las tareas que actualmente realizan desde sus hogares millones de trabajadores: no ha existido una planificación, diseño e implementación de esos puestos de trabajo para ser realizados en esas condiciones. Tampoco ha habido un acuerdo de voluntades previo: los trabajadores que hoy realizan esa modalidad de trabajo no fueran contratados bajo esas condiciones y tampoco fueron consultados sobre la aceptación de la misma. Por ello, queda claro que se trata de una implementación nacida de la necesidad urgente de adoptar una medida de emergencia frente a una situación sanitaria que puso en riesgo la vida y la salud de los 45 millones de habitantes de nuestro país.

A pesar de ello, la figura y el debate se han instalado, y pretendemos arrimar una mirada crítica sobre la modalidad, pero sin caer en una posición arcaica o anti tecnológica. Ser crítico no implica negarse en forma dogmática, sino plantear reservas fundadas sobre una extensión masiva y apresurada y sin un profundo estudio y un adecuado marco regulatorio.

La Organización Internacional del Trabajo ya en 2016 en el “Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros” elaboró un documento que señalaba que los teletrabajadores “están expuestos a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad profesional con las responsabilidades familiares”.

A aquellas dificultades que -4 años antes de la pandemia- planteaba la OIT, podría agregarse que la deslocalización del trabajo y el aislamiento del teletrabajador rompen el pensamiento colectivo debilitando su posición como trabajadores: en muchos casos no se conocerán entre sí y ni siquiera sabrán de la existencia de otros pares. Ello genera, además, la desaparición de horarios o jornada de trabajo, con una tendencia a extender la misma para alcanzar nuevos estándares impuestos unilateralmente; el teletrabajador podría convertirse en un trabajador a destajo e incluso incorporar a su propia familia a la realización de tele tareas para aumentar su productividad. Se agrega también la potencial falta de provisión de elementos de trabajo que implica, en los hechos, que es el trabajador quien asume costos de la explotación; la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral y la inexistencia o desconocimiento del derecho a la desconexión, importarían, en muchos casos, que el teletrabajo sea una verdadera trampa: bajo la apariencia de “el trabajo del futuro” podría esconderse una peligrosa nueva forma de explotación laboral.

Frente a esos problemas, deben necesariamente adoptarse medidas de resguardo: un marco regulatorio adecuado, pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial; un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos; acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes; la determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador; la determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios. En igual sentido, creemos que, debería ponerse especial énfasis en la atención de los riesgos psicosociales de esta modalidad, reforzando los sistemas de prevención y atención dentro del sistema general de riesgos del trabajo. Otro factor para considerar es el de implementar mecanismos que posibiliten el ejercicio del poder de policía estatal: la realización de tareas en domicilios particulares podría ser el instrumento para mantener en la clandestinidad a teletrabajadores o para asegurar que la violación del eventual marco regulatorio quede impune. Un registro público de empresas que empleen teletrabajadores y de sus teletrabajadores sumado a sistemas informáticos seguros pero que permitan a las administraciones del trabajo el acceso y monitoreo de la trazabilidad de las tareas remotas podría resultar indispensable para evitar la vulneración de derechos.

Más allá de las reservas y posibles soluciones que hemos planteado, también existen otros interrogantes relacionados con el potencial de extensión del teletrabajo en nuestro país. El reciente informe de Ramiro Albrieu para CIPPEC concluye que “el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras”.

Es decir, con el actual estado de situación menos de 1 de cada 5 trabajos podría -potencialmente- realizarse en forma remota. Ello pone en evidencia que, además de los problemas regulatorios, nuestro país debería, para incorporar al teletrabajo como modalidad laboral masiva, resolver el retraso tecnológico del entramado productivo, efectuar una reingeniería de procesos pensando al teletrabajo como un eslabón más del mismo y resolver las necesidades de conectividad hogareña y de mejora en las aptitudes de los potenciales teletrabajadores.

Creemos entonces que, ante este cuadro de situación, una mirada prudente es indispensable para evitar que, en la “nueva normalidad”, el teletrabajo sea la excusa para convencernos que, deslocalizando el trabajo, atomizando y ocultando en sus domicilios a trabajadores y trabajadoras, trasladando costos y sobrecargando la jornada de trabajo vamos caminando hacia el futuro cuando en realidad podríamos estar entregando mansamente conquistas de más de 100 años de luchas obreras.

El desafío es enorme y, por ello no debemos caer en el facilismo de creer que el primer día de la postpandemia nos encontrará a todos teletrabajando ni en el obstruccionismo de prohibirlo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web

Año 2020. Una institución del peso en la economía y las características de la CGT no tiene “espacio de referencia” en el mundo virtual. Un problema de fondo que la pandemia expone.

Juan Manuel Morena

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Discutamos el teletrabajo, la nueva revolución industrial, rompamos los nuevos paradigmas de la educación con las nuevas herramientas, con una institución que no tiene ni página web ni redes sociales.

Hoy los presidentes y líderes mundiales comunican medidas por Twitter o en un video de Instagram. Y de eso podemos hablar toda la nota, o escribir varios artículos con especialistas.

Pero que en el año 2020 una institución del peso en la economía y las características de la CGT, no tenga su página web, habla a las claras de un problema de fondo. Y este contexto de pandemia, lo expone.

No estamos hablando de un canal de comunicación. Estamos hablando de un espacio de referencia, donde se encuentran las acciones, estudios, posiciones y muchos elementos centrales para la vida de las instituciones en este siglo.

En el aspecto comunicacional, la CGT queda a la merced del funcionamiento inorgánico. Pero cuando se quejan del maltrato en algunos medios, tienen que recordar la buena imagen empieza por casa. Si los canales, redes y distintas herramientas comunicacionales de la central fuesen oficiales, podrían ellos tener mejor tratamiento.

Que la CGT comunique bien tiene que ser una responsabilidad social. Cuando este tema en alguna oportunidad lo debatí en Twitter, los defensores del estado actual me decían que ellos se enteran por sus sindicatos de base de lo que comunica la central. Lo que ellos no entienden, y lo que la conducción debe contemplar, es que la CGT representa al universo de los trabajadores, no solo a los sindicatos y a sus afiliados. Y eso lo tiene que hacer valer.

Cuando uno googlea CGT sale en primera posición la página web de la secretaría que coordina Gerardo Martínez (Internacional) y después aparece Wikipedia, el Consejo Económico y Social, Facebook (una página extraña que le da 1,7 de valoración sobre 5 puntos), la Izquierda Diario, diario La Nación y, por último, Infobae. Esto es en la primera página de resultados de búsqueda, la que los especialistas en posicionamiento SEO marcan como la importante.

Si regalás el espacio y no lo ocupás en el motor de búsqueda, no te quejes de lo que pasa en los medios. Porque en ese espacio aparece lo que vos querés comunicar.

Y cuando se pregunta porque sucede esto en la CGT, la respuesta es: “la página web no figura en el estatuto, entonces nadie se quiere hacer responsable”. Traducción: nadie tiene la responsabilidad y el que quiere hacerlo tiene que asumir el costo de financiamiento y la responsabilidad del funcionamiento. Por lógica, entendiendo la antigüedad del propio estatuto, la secretaría de prensa debería ser la responsable. Pero en los pasillos dicen que Jorge Sola no es afecto a trabajar.

Cuando uno observa lo que Martínez hace en su sindicato (UOCRA) y en la secretaría de Relaciones Internacionales en materia de comunicación, o el aparato de prensa y cultural que tiene desarrollado Víctor Santa María (SUTERH), se da cuenta que capacidad para poder desarrollarlo sobra.

Hay un principio griego en filosofía que dice quien no puede lo menos, no puede lo más. Podríamos decir en este caso quien no quiere lo menos, no quiere lo más. Como puede la CGT en este contexto discutir temas de teletrabajo y plataformas si no puede desarrollar su espacio virtual. Si no habilita canales de consulta para trabajadores en contextos aislados. En esencial que la central de trabajadores más poderosa de Latinoamérica se fortalezca en estos temas.

Una página web no resuelve nada en sí mismo. Pero mejorar estos canales puede ayudar mucho a mejorar la imagen (Responsabilidad social sindical, RSS), conectar a muchos trabajadores, mejorar la información a periodistas no especializados. A transparentar cuestiones que exceden a los gremios confederados, como las resoluciones del comité arbitral, órgano que resuelve cuestiones fundamentales de agremiación.

Hay que fortalecer las instituciones y hay que hacerlas más poderosas, una CGT que comunique mejor, va a ser más poderosa.

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