Este miércoles se cumplió un año de los 357 despidos en Télam, la agencia estatal de noticias, y al día siguiente la justicia del Trabajo ordenó la reincorporación definitiva de 68 de esos trabajadores desafectados; revés para el Gobierno que mantiene esta cruzada que se convirtió en un hito de su gestión. No obstante, se espera que Télam apele ante la Corte Suprema. A su vez, hay otro centenar de periodistas a los que se reincorporó de manera preventiva a raíz de medidas cautelares y que esperan sentencia definitiva. Dato: la Casa Rosada, ante las primeras sentencias favorables a los trabajadores ocurridas en agosto del año pasado, le inició juicio político a los camaristas Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo como un modo de disciplinamiento.
No es la primera vez que el fuero laboral falla en contra de los intereses del Ejecutivo: basta recordar la multa por 10.000 millones de pesos, que el entonces ministerio de Trabajo, bajo tutela de Jorge Triaca, le impuso a Camioneros; todo esto en ámbito administrativo. El sindicato recurrió a la Justicia y todo terminó en una sanción pecuniaria que le hizo cosquillas a la abultada cuenta corriente que tiene el gremio de los Moyano. Y un dato más: Trabajo tenía encarpetada una segunda multa, también por desacatar una conciliación obligatoria, pero para evitar el bochorno, hizo violín en bolsa y todo quedó a foja cero.
Último caso mediático: en febrero del año pasado, la Justicia le dio la razón a la Asociación Bancaria de aplicar la cláusula gatillo garantizada en el acuerdo paritario de 2017 cuando estaba empezando a discutir la paritaria de 2018.
Acaso el fuero laboral no escapa a las generales que imperan en el mundo judicial como es ser oficialista del Gobierno de turno -basta ver el accionar de muchos jueces federales de Comodoro Py-; lo que se traduce, por el clima de época imperante, inclinar la balanza en favor del Ejecutivo o las patronales en detrimento del sector trabajador. Sin embargo, en algunas salas de este fuero (principalmente la V) pareciera venir obrando un frontón de resistencia a los continuos embates por la libertad de acción que se les permite a las empresas por el nulo oficio de intermediario que debería ofrecer el actual ministerio de Producción y Trabajo a cargo de Dante Sica.
La balanza, claro está, debe impartir Justicia (con mayúscula) sea para el lado de los trabajadores o para el empresario siempre basándose los jueces en fundamentos jurídicos.
Una radiografía del fuero indica que coexisten los mismos 80 juzgados y las 10 salas de apelación desde hace 30 años con un crecimiento exponencial de la población: cobija a unos 2.000 trabajadores. Cada juzgado recibe $4.500 mensuales para cubrir gastos mientras que las salas perciben $4.000; lo que da en total $400.000 al mes. A esto se le suma, también en concepto de gastos, lo que reciben las intendencias; lo que no supera el millón y medio de pesos mensuales. El resto del presupuesto es salario, que alcanza el 90% del total.
Claro está, los juzgados están plagados de expedientes; muchos de ellos carcomidos por las ratas o corroídos por la humedad o el agua proveniente de las goteras.
Sobre este cuadro de situación, Gabriel Galeano, secretario adjunto de la comisión interna del Fuero del Trabajo-UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación), detalla a Mundo Gremial: “Quien puede dudar que la Justicia del Trabajo no puede seguir con la actual estructura, tanto por la cantidad de juzgados como de personal en cada uno ellos. Deberíamos proponer mudar todo el Fuero del Trabajo al Palacio de Justicia. Tal vez de esa manera los señores ministros logren captar cual es el verdadero cuadro de situación y saldrían de sus posturas de monjes recoletos y apuntarían al mundo de la justicia real, la ordinaria como se dice, la de todos los días. Ellos se pueden gastar cientos de miles de pesos del presupuesto para realizar congresos, pero no para un fuero donde el medio ambiente es de caos”.
El pico de demandas se produjo en el año 2016 alcanzando las 113.000; mientras que en 2018 rozaron las 80.000. La merma se explica porque desde 2017 empezó a regir una nueva reforma a la Ley de ART que obliga a todos aquellos trabajadores que se lesionan pasar por las comisiones médicas de su jurisdicción que son las encargadas de fijar el monto de resarcimiento al comprobar una incapacidad manifiesta y permanente ante un accidente de trabajo. Esta vía administrativa, que se puede apelar CON LIMITACIONES, logró lo que buscaba: desalentar iniciar acciones legales.
Para agosto de ese año, Mauricio Macri promovía esta normativa para erradicar «la mafia de los juicios laborales». Decía el Presidente: «Son un grupo de estudios y jueces laboralistas conducidos por Héctor Recalde (abogado laboralista vinculado al sector sindical) que le han hecho mucho daño a la Argentina. Convencen a un pibe que le haga juicio a la empresa porque saben que ganan al tener todo armadito llevándose ellos la mayor parte dejando a otros siete en la calle porque la Pyme cierra». Según Macri no toman personal porque el empresario «tiene miedo a estos comportamientos mafiosos».
Las numerosas fuentes consultadas para este trabajo coinciden en que el presupuesto del fuero es insuficiente y lo vinculan a una intencionalidad política. Nahuel Altieri, abogado especialista en derecho del trabajo y presidente de la Asociación Abogados del Fuero que nuclea cientos de abogados del sector, comenta a Mundo Gremial: «Hace más de tres años y medio ya habíamos advertido a la Corte y al Consejo de la Magistratura de esta situación y parece ser que no es una prioridad de ellos asignar recursos para el buen funcionamiento de la justicia; este reclamo lo venimos sosteniendo abogados y sindicatos faltando que se expida la Asociación de Magistrados que afecta a miles de trabajadores». Altieri fue el letrado patrocinante de un amparo por la crisis del Fuero que presentó junto a la agrupación política Encuentro de Abogados que encabeza Juan Pablo Godoy Vélez. Pese a que adhirieron 1.200 abogados a este amparo y todos los sindicatos del sector, la Justicia federal consideró que “no” se trataba de una “cuestión urgente”.
La falta de infraestructura se traduce en el estado de somnolencia en el que entran las causas. «Un trabajador que inicia una demanda debería tener sentencia al año o año y medio y hoy no baja de un promedio de entre 5 y 6 años», detalla Altieri. Y agrega un dato que violenta aún más la situación. En su exposición en el 10° Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral realizado en noviembre de 2018 detalló que las tasas que se aplican para ajustar los montos de sentencias definidas pierden contra distintos tipos de actualización.
Para ello tomó un caso real en el que una trabajadora fue despedida en agosto de 2013 y la Justicia dictó sentencia definitiva en octubre de 2018. La tasa de interés que se le aplicó fue del 183%.
Comparó con el IPC de CABA: fue del 421%.
Comparó contra la cotización del dólar: tuvo un alza del 748%.
Comparó con la evolución del RIPTE (índice vinculado a los riesgos del trabajo): alcanzó el 366%.
Una última conclusión que se desprende de este ejemplo real: al no aplicarse índices de actualización a los tiempos que corren la Justicia convalida un saqueo institucional a las clases trabajadoras.
