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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El fantasma de los despidos en tiempo de Coronavirus

Por Raúl Ferrara* (columnista de Mundo Gremial)

Mundo Gremial

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La agenda política y mediática de los últimos días se encuentra atravesada unánimemente por la pandemia del Coronovirus COVID-19, su impacto en la comunidad, y las medidas que los gobiernos en general y el nuestro particular viene arbitrando en forma dinámica para contener su propagación y mitigar los efectos sobre los pacientes infectados.

Rápido de reflejos, el Ministro de Trabajo Claudio Moroni dictó una serie de medidas tendientes a facilitar las recomendaciones de la autoridad sanitaria de “cuarentena” respecto de los trabajadores y trabajadores re-ingresantes al país desde las zonas de mayor incidencia del COVID-19 y la protección de los colectivos de trabajadores y trabajadoras con mayor riesgo estableciendo un sistema de licencias pagas, evitando también la circulación y aglomeración de personas a través del trabajo remoto (Resoluciones MTEYSS Nº 178, 184, 202 y 207/2020). La emergencia requiere decisiones rápidas y extraordinarias y en ese sentido parecen encaminados todos los estamentos del estado sin distinción de geografías ni colores políticos.

Un aspecto que aun no está instalado pero que empieza a preocupar a algunos sectores y que ya es tema de agenda central en otras latitudes es, en general, cómo impactarán el COVID-19 y estas medidas en el nivel de empleo y, en particular, si las circunstancias publicas y notorias de retracción de la economía serán consideradas causales objetivas para el despido de trabajadores y trabajadoras con el consiguiente pago de la mitad de las indemnizaciones legales (art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Recordemos que se encuentra vigente el DNU 34/2019 que estableció por 180 días el pago del doble de las indemnizaciones para los despidos sin causa por lo que, si efectivamente las circunstancias justifican los despidos por “falta o disminución de trabajo no imputable al empleador”, existiría causa y los trabajadores percibirían 25% de la indemnización por antigüedad que les correspondería durante la vigencia del citado DNU.

El impacto negativo en la ya frágil economía argentina posiblemente se incremente y en algunos sectores seguramente sea mayor como en el gastronómico, turístico y entretenimiento, pero la mayor extensión en el tiempo de la pandemia y de las medidas afectará inexorablemente a todos los sectores.

A pesar de ese escenario, a priori alarmante, el actual ordenamiento jurídico ofrece algunas herramientas que, usadas adecuadamente, pueden ser útiles para evitar una catarata de despidos.

Por un lado, el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) regulado por la Ley Nº 24.013 (arts. 98 a 105) y sus reglamentaciones, y el Procedimiento especial establecido por el Decreto Nº 328/88, establecen la necesidad de instar un proceso administrativo ante la autoridad del trabajo en forma previa a comunicar de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas (o incluso reducciones de la jornada laboral en el caso del Decreto Nº 328/88). Si bien no es objeto del presente analizar los aspectos procedimentales, lo cierto es que su finalidad es encontrar mecanismos alternativos que permitan atender circunstancias no imputables al empleador, con el menor impacto posible.

La necesaria promoción de este tipo de procesos impone al empleador que pretenda abonar la mitad (hoy un cuarto) de las indemnizaciones legales una importante carga adicional y la intervención estatal y de las organizaciones gremiales. El uso adecuado y prudencial de esta herramienta puede evitar los despidos y todo indica que en primer término se hará uso de la anticipación de licencias anuales ordinarias, suspensiones con pago de asignaciones no remunerativas en porcentajes a determinar, reducciones de jornada o combinaciones de todas estas. La negociación colectiva debería erigirse como la piedra fundamental sobre la cual definir los caminos a seguir, más allá del marco jurídico en el que se desarrolle.

Recientemente la cartera de trabajo nacional había limitado por Resolución Nº 101/20 del 18 de febrero de 2020 la posibilidad de que las autoridades del trabajo provinciales homologuen acuerdos en los que se disponga de recursos de la seguridad social como sucede en aquellos que incluyen pago de asignaciones no remunerativas. La medida fue criticada en aquel momento en algunos foros por escindir la atención y resolución del conflicto pues todo acuerdo celebrado ante la autoridad laboral local -que es la que atiende la gran mayoría de conflictos laborales- quedaba sujeto a una aprobación de la autoridad nacional que no había participado del mismo. Mas allá de que la norma puso el foco en el cuidado de las arcas públicas y la sustentabilidad del sistema previsional, el nuevo contexto tal vez requiera la flexibilización de la norma para atender una coyuntura en la que el dinamismo y la respuesta rápida serán fundamentales.

Otra herramienta que seguramente actúe positivamente en la emergencia será la ampliación del ya histórico Programa de Recuperación Productiva (REPRO) nacido en el año 2002 a la luz de la crisis imperante en aquel entonces y que, por medio de la asignación de recursos directamente al trabajador de una empresa en crisis para completar su salario, ha demostrado su efectividad como herramienta para la preservación de los puestos de trabajo. El fortalecimiento presupuestario del programa y la simplificación de la gestión administrativa se presentan como medidas saludables.

Es evidente entonces que la ampliación del seguro de desempleo para los trabajadores y trabajadoras que sean afectados por despidos con motivo del impacto de la situación sanitaria en la economía se presenta como herramienta de última instancia pues importa el fracaso de las medidas preservadoras del empleo al focalizarse en la minimización del daño ocasionado por despidos ya consumados.

Mas allá de la implementación de nuevas medidas, las ya disponibles en nuestro ordenamiento -con los ajustes que sean necesarios por la dinámica de la coyuntura- nos dan un buen punto de partida para la contención del fantasma de los despidos masivos que empieza a preocupar trabajadores y trabajadoras, y también a empresarios.

*Ferrara es abogado laboralista y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se ha desempeñado como docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

España y el Covid-19: la fuerte presencia del Estado evitó despidos masivos

En charla con Mundo Gremial, Cristina Faciaben Lacorte, referente sindical de la principal Confederación obrera española, resaltó el apoyo estatal y el diálogo social tripartito.

Pablo Maradei

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Cristina Faciaben Lacorte - CCOO España

Es tan cierto que el comportamiento del mercado laboral español es tan diferente al argentino como que el CoVid 19 afectó a ambos países por igual en cuanto a toxicidad; no así en cómo cada uno enfrentó la pandemia si de cuarentenas y cantidad de fallecidos hablamos.

Repasemos: en España el confinamiento arrancó el 14 de marzo y tuvo cinco prórrogas de dos semanas cada una. La evolución recorrió un camino de un aislamiento laxo los primeros 15 días ni bien se lanzó para luego restringir muy fuerte la circulación de gente para llegar a hoy, en plena época estival, a tener las playas habilitadas, pero con protocolo. En cuanto al turismo, principal fuente de ingresos, está golpeadísimo porque recién esta semana la Unión Europea habilitó dicha actividad, pero solo para el ingreso de 15 países de todos los continentes. Quedaron afuera los que más aportan divisas como EE.UU., Brasil y Rusia.

Ahora algunos datos oficiales del mercado laboral español que arrojó el 1° trimestre de 2020, previo a la pandemia (la población total ronda los 50 millones):

– Población Ocupada: 19.681.000
– Sector Público: 3.248.000 (16,5%)
– Sector Privado: 16.433.000 (83,5%)
– Población Desocupada: 3.313.000
– Tasa de Trabajadores temporales 21%

Mundo Gremial quiso saber ¿cómo fue atravesar la pandemia y cómo fue encarar la pospandemia en España? Pero la extensa charla abrió un intercambio en el que se abordaron las características laborales de España, que difieren ampliamente de las argentinas. Y acaso nos haga reflexionar sobre lo que se ha conseguido en materia laboral en nuestro país para cada uno sacar sus propias conclusiones.

Entrevistamos a Cristina Faciaben Lacorte, que forma parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Dato: desde 1990 es la central obrera con mayor representatividad de trabajadores contando con un millón de representados. Faciaben Lacorte es catalana y ejerce la titularidad de la Secretaría Internacional y de Cooperación y su afiliación es viene por el sector industrial, puntualmente de la rama del metal.

Cristina Faciaben Lacorte – CCOO España

-¿Cómo se encararon los procesos de cuarentena?

Acá hemos tenido como todo el mundo esa dicotomía entre salud y economía, éramos todos muy conscientes de que o cerrábamos o la pandemia se nos iba de las manos y yo creo que es lo que se ha hecho en Argentina con el confinamiento. Es ejemplar lo que ha ocurrido en España en cuanto al diálogo social y tripartito entre empresarios, sindicatos y gobiernos para llegar a acuerdos; aunque al principio hubo reticencias del sector empresario respecto a lo que podría llegar a pasar.

-Este jueves, España dio a conocer las cifras de la Encuesta de Población Activa: ¿qué resultados arrojaron los números?

-Se vio que a pesar de haberse destruido empleo también se han evitado los despidos gracias a los Expedientes de Regulación Temporal, que alcanzaron a 3,5 millones de personas (18% de la Población Ocupada). Esta ayuda excepcional se dio por el CoVid y por el cual las empresas mandaron a sus trabajadores a la casa, pero siguieron percibiendo, por parte del Estado, un 70% del salario.

-¿De esos 3,5 millones se sabe cuántos se quedaron sin trabajo definitivamente?

-Es difícil y prematuro saber ese número. Pero el mercado de trabajo español se regula a través de los despidos. Somos líderes en Europa en dar trabajo temporal, que actualmente ronda un 26%, por lo que deshacerse de trabajadores es muy sencillo. Y la situación es más grave aún: lo que han generado las últimas reformas laborales, principalmente la última de 2012, es que no se exige causalidad para despedir.

-Pero, ¿no se indemniza al personal?

Lo que se impuso es una indemnización de 8 días por año trabajo, eso es lo mismo que nada. El problema no solo es la temporalidad sino la durabilidad de los contratos: la contratación puede ser por día o por semana y hay trabajadores que llegan a tener 10 recontrataciones en un mes lo que da una inestabilidad y precarización total. Eso puede dar un pago de indemnización de apenas 3 euros. Nosotros llevamos huelgas generales y llamando a que se derogue esta ley que impulsó el PP (Partido Popular).

-¿Esta precariedad se da un tipo de trabajo o atraviesa a toda la masa laboral?

Todos empezamos con contratos temporales en nuestra juventud pero esto se fue alterando con el tiempo y hoy hay personas de 40 años que jamás han tenido en su vida un contrato de trabajo indefinido. Es dramático lo que vivimos; y te digo que incluye a cualquier nivel de formación.

-Retomo lo que me mencionaste de la Reforma Laboral de 2012: siempre que se negocia reformar es para generar más trabajo. ¿Fue así en España?

-Las reformas no han generado empleo. Y con un agravante: La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y la competitividad del empresario se basa en reducir costes salariales y de producción; no es por la vía de la diferenciación o calidad. Las reformas laborales le han facilitado a los empresarios poder disponer de la fuerza de trabajo al valor más bajo posible. Y esto es viable porque nuestro pleno empleo implica un 8% de desempleo de base, por lo que siempre hay un ejército de desempleados dispuestos a trabajar.

¿Con este panorama que me contás en qué se pusieron de acuerdo en el diálogo tripartito?

Lo principal fue lo de los expedientes de regulación que ha evitado los despidos masivos que serán mantenidos hasta septiembre siempre y cuando no vuelva un rebrote masivo. Otro elemento fue el tema de otorgar liquidez para empresas (créditos), fijar moratorias para el pago de alquileres y de hipotecas; subsidios para autónomos que no pudieron seguir trabajando y otro para empleadas domésticas. Y lo que fue la estrella fue la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que es una ayuda que va de los 462 a los 1.000 euros dependiendo de los miembros de la unidad familiar para todos aquellos que no tengan ingresos.

-¿A cuánta gente alcanzó?

-No se sabe a ciencia cierta porque entró en vigencia en junio pero se estima que alcanzó a 3 millones de personas (NdR: en una familia lo cobra uno de sus miembros, pero alcanza a todo el grupo familiar) y esto seguirá más allá del CoVid siempre y cuando ese grupo familiar no tenga ingresos. Pero también se ha contemplado que si esa persona consiguiera un trabajo precario se mantendrá el IMV.

-¿Cómo queda el Teletrabajo en la pospandemia?

-Hay mucha gente teletrabajando porque lo que se quiere es evitar el transporte público y aglomeraciones en las empresa y el ministerio está trabajando en una ley y nosotros contamos con un proyecto. Pero hay resistencia empresarial que ya han salido a decir que con ‘teletrabajo podemos contratar a portugueses’ para infundir miedo porque el salario medio portugués es más bajo que el nuestro. Lo que está claro es que las empresas van a poder reducir costos, pero les va a generar otras erogaciones como son el consumo eléctrico, el equipo informático entre otras cosas.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Programa para la generación de trabajo genuino y decente

Por Lucas Fernández Aparicio (ExSecretario de Trabajo de la Nación)

Mundo Gremial

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Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha demostrado estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo en medidas de contención dirigidas principalmente a cubrir las
necesidades básicas de los ciudadanos, preservar los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir.

Estas son medidas de corto plazo, que atienden la coyuntura y asisten las necesidades más urgentes de las empresas y los sectores más vulnerables. Si algo nos dejó en claro esta pandemia es que, cuando la situación se complica, recurrimos directamente a tocar la puerta del Estado pidiendo asistencia y respuestas inmediatas, bajo la concepción que puede omni comprensivamente contener todos los daños.

Ahora bien, el Estado asumió el papel protagónico de ser prestamista, pagador y asegurador de los recursos básicos, pero la asistencia económica por parte del gobierno nacional para atender la crisis de producción y trabajo no será eterna ni suficiente, tampoco debería serlo. Su prolongación en el tiempo tendrá los límites naturales de las cosas finitas, de hecho, los presupuestos nacionales lo son.

Teniendo en cuenta lo antedicho y como en toda crisis, nos enfrentamos a una oportunidad de transformación. Transformar una cultura que es contraria a la defensa del trabajo por una que concientice a los actores del sistema laboral y a la comunidad de su importancia vital y la necesidad de generarlo, mantenerlo y protegerlo entre todos.

Necesitamos innovar mediante el diseño e implementación de soluciones colaborativas y constructivas que corrijan problemas sistémicos que nos hacen caer continuamente en la trampa cíclica de no poder crecer. Sabemos cual es el mejor camino para salir adelante, el diálogo. Pero al diálogo hay que incentivarlo. Cotidianamente lo incentivamos en varios ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia y siempre con las mismas reglas. Creamos ambientes positivos y de confianza, hacemos partícipes a los involucrados en la toma de decisiones, ejercitamos la escucha, identificamos los temas de interés y los alineamos.

Aprovechar la oportunidad y nuestra capacidad colectiva.

“Nadie pone una moneda donde no gane una moneda y algo más, a no ser que sea filántropo o se encuentre realizando una acción solidaria”

Debemos ser conscientes que la generación de empleo no es responsabilidad exclusiva, y mucho menos excluyente, del Estado. El tiempo vivenciado como gestor de políticas públicas me dejó un aprendizaje: en los intentos de generación de espacios de diálogo, la participación del Estado suele estar subsumida a un rol de mediador, a una dimensión únicamente regulatoria o a cuestiones relacionadas con la facilitación de infraestructura, cuando en realidad debe sentarse en la misma mesa a negociar como una parte más. Esta es una de las razones fundamentales por la que no logra los resultados esperados, resultados que no le son indiferentes. Creo fundamental que el Estado debe asumir una participación proactiva, donde deba aportar al igual que los demás para la concreción y el logro de los objetivos planteados y consensuados entre las partes.

Programa para la generación de Trabajo Genuino y Decente

La propuesta de implementar un programa para la generación de trabajo genuino y decente se basa en establecer mecanismos de incentivos aplicados a negociaciones inteligentes y productivas por actividad económica. El Estado debe invertir el orden y generar una propuesta basada en incentivos económicos, financieros e impositivos dirigidos estratégicamente a aquellos que transiten el camino de lograr acuerdos inteligentes.

¿Qué logramos con esto? Básicamente dirigir los esfuerzos, finitos, del Estado y los recursos disponibles a aquellas actividades que hayan trabajado de manera colaborativa y constructiva en lograr la implementación de transformaciones consensuada necesarias para tener la potencia de generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Este recorrido implica transformar cultura.

Cuando hablo de transformaciones consensuadas, hablo de esos cambios que tanto los sectores, Empresarial y Sindical, como el propio Estado tienen en agenda hace décadas y que, por distintas razones, todas atendibles, siempre quedan postergados. Cualquier dirigente sindical o empresarial puede listarlos sin mucho esfuerzo.

Todas esas postergaciones paralizan, pero el mundo sigue en movimiento. Cuando algo se paraliza en un entorno que se mueve, no significa que se queda en el mismo lugar que estaba, significa que retrocede. En palabras de Otto Scharmer estamos viviendo en una época de enormes fracasos institucionales, que de manera colectiva dan lugar a resultados que nadie desea para nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual y necesitamos de una nueva conciencia y una nueva capacidad de liderazgo colectivo para hacer frente a los retos de manera más consciente, bien intencionada y estratégica.

La aplicación de programas de incentivos en latinoamérica y, hasta diría en el mundo, se basa en la lógica de estimular la concreción de objetivos claros y terminados, la generación
de empleo registrado, la aplicación de tecnologías de la información, pero quién define estos objetivos? o mejor dicho, como se definen? . Debemos invertir la lógica de los programas de incentivos para generar cambios culturales reales: debemos invertir en incentivos al diálogo.

Existen diversos elementos a tener en cuenta a la hora de pensar las actividades productivas y los ejes para trabajar con ellas. A modo de ejemplo: si la actividad es proveedora de insumos para otros sectores, si genera productos de exportación, cuál es el impacto que tiene en los índices de empleo registrado, cuáles son las posibilidades de creación de empleo, si cuenta con recursos humanos calificados, si cuenta con una alta presencia de PyMES o si tenía inversión proyectada previo a la pandemia.

El final del camino

El final del camino es que todas las partes ganen, incluso el propio Estado, ya que lo que eventualmente signifique un esfuerzo económico para este, le será retribuido con el crecimiento de las actividades productivas. En definitiva, lo hecho hasta aquí no ha dado resultado, porque los espacios de diálogo intentados no generaron la transformación cultural necesaria, empezando por el Estado, ni tampoco el crecimiento de la actividad económica, ni la mejora en la competitividad, ni en consecuencia la generación de trabajo genuino y decente. El crecimiento económico no ocurre de la nada. Se requieren herramientas básicas pero lo suficientemente potentes para impulsar el proceso de desarrollo, y se necesita aún más fuerza para mantenerlo. En el contexto económico actual y frente al futuro incierto que se presenta, la creación de espacios de diálogo que trabajen la resiliencia económica y mejoren la competitividad, impulsen la investigación, centren esfuerzos en desarrollar las habilidades del mañana y analicen la incorporación de nuevas tecnologías, es crucial.

Si los gobiernos son llamados a garantizar, de la noche a la mañana, la supervivencia de los trabajadores y de las empresas, su rol debe cambiar. La salida de la crisis y el posterior
desarrollo económico sostenido que mejore la competitividad de los sectores productivos y el nivel de vida de todos los argentinos, requiere de un abordaje estratégico e inteligente.

Finalmente una herramienta potente que forme parte de ese abordaje estratégico puede ser otorgar beneficios económicos a quienes estén dispuestos a dialogar la salida.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: 17 proyectos y una agenda legislativa poco eficaz

Por Gerardo Juara y Cintia Zippan (*)

Mundo Gremial

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Más de 10 proyectos de ley pretenden regular el teletrabajo. En líneas generales, casi todos concuerdan en la definición, con la salvedad de que el trabajo a distancia puede hacerse con medios informáticos (teletrabajo propiamente dicho), que debe respetarse el principio de igualdad, que ya está en el Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como regla general, en el 171 referido al salario, en el 187 respecto del trabajo joven. A su vez, siempre en la misma ley: el respeto a la dignidad del trabajador (artículos 68 y 75), las limitaciones al control (artículos 70 ,71 y el 72), el deber de seguridad sobre la persona (artículo 75), la limitación de la jornada (artículo 197 y en la ley 11544), la igualdad salarial (artículo 119 ) el derecho a la formación en igualdad de condiciones, (que ya la ley 24576 incorporara a la LCT en el año 1995) el reintegro de los gastos y los daños (articulo 76).

En fin, como puede apreciarse, más de 10 proyectos de ley tendientes a reafirmar que el teletrabajador estará protegido como si fuera un trabajador.

Claro, para esto deberá demostrar su relación de dependencia. Esto no sería un gran detalle si no fuera que, en el mar de propuestas donde nuestros legisladores diseñan su ley, solo el 65 por ciento de los trabajadores están registrados. Dicho de otro modo: uno de cada tres trabajadores está fuera del alcance de las protecciones de la ley. Este detalle debería llamar la atención de los legisladores porque la eficacia de las normas es también parte de su trabajo.

Una buena ley no sólo debe estar bien redactada (condición rara de encontrar) sino que debe ser eficaz. La eficacia depende de algunos elementos que solemos olvidar: que las conductas que describa y las sanciones que imponga sean de cumplimiento posible. Y es aquí donde aparece una pregunta: ¿si no hemos podido ser eficaces con las normas que regulan el trabajo “de cerca” como podremos ser eficaces con el trabajo “a distancia”?.

Dejamos a los legisladores un desafío: cuando vuelvan a sentar en el Congreso al bello ramillete de representantes empresarios, pregúnteles por el trabajo sin registrar. Mientras, podría despertar de su siesta al proyecto que incluye delitos contra los derechos de los trabajadores, el acoso laboral, penas de prisión por impulsar un lockout empresario y la pena carcelaria al que contrate trabajadores en forma clandestina, entre otros temas, que acunó (hasta adormecer) la Comisión de Derecho Penal.

¿Estamos diciendo que no debería regularse el teletrabajo? No. Debería, al igual que los otros temas señalados. Lo que queremos advertir es que la agenda legislativa parece “tribunera” y como tal, poco eficaz, pues corre el riesgo de lanzar al teletrabajo a la bolsa de la informalidad de hecho, dada la acreditada ineficiencia en fiscalizar el empleo real. ¿Cuál es el Estado (Nacional, provincial, Municipal) que pueda fiscalizar el teletrabajo, el trabajo a distancia, e desmoralizado respecto del lugar físico, cuando no puede “encontrar” a los trabajadores “no registrados” en los despachos de pan, en las obras en construcción, en los estudios jurídicos y en el propio Estado?.

Mientras… deberíamos aprovechar el debate para hacer el camino inverso que hicieron algunos legisladores: en vez de poner en el proyecto lo que la LCT ya dice, hacerle decir a la LCT lo que hasta ahora calla. Por ejemplo: que la desconexión es un derecho de todos y no solo del teletrabajo, que las tareas de cuidado ameritan ser contempladas al igual que el derecho a conciliar la vida familiar con el trabajo, que la aplicación de la norma más favorable al trabajador debe contemplar las condiciones laborales del lugar del empleador o del beneficiario del resultado del trabajo (como incluyen dos de los proyectos analizados).

Esperemos a salir del túnel del aislamiento social preventivo obligatorio: revisemos nuestras experiencias y volvamos a armar una agenda legislativa real, eficaz y progresiva.

* Gerardo Juara es abogado laboralista y asesor sindical. Cintia es abogada y especialista en derecho del trabajo.

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