El desafío de pasar de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda

Quien gane las elecciones de octubre encontrará en la política de subsidios a las empresas privadas uno de los principales desafíos. Así lo señalan economistas de distintas vertientes, que apuntan que, desde 2006, los subsidios crecieron vertiginosamente hasta representar el 12% del total del gasto público. La contracara de esta espiralización es el congelamiento de las tarifas de energía y transporte para los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que desde hace cinco años viene funcionando como ancla inflacionaria .

Las estimaciones privadas indican que los subsidios sumarán $70.000 millones este año, un salto del 35% sobre los valores de 2010. Los analistas consultados por iEco coinciden en que no se pueden cortar de cuajo y aconsejan que se pase del esquema actual centrado en subsidiar la oferta a otro que ponga el eje en subsidiar la demanda.

Marina Dal Poggetto, del estudio Bein, señala que “en el primer trimestre los subsidios se duplicaron respecto al año pasado. Aunque estimamos que el resto del año no mantendrán una tasa de crecimiento tan alta, creemos que el número de $70.000 millones es bastante razonable como proyección devengada, lo que equivaldría al 3,7% del PBI”. Rodrigo Alvarez, de Ecolatina, apunta que en 2010 los subsidios crecieron 48%, “mientras este año tienen un piso de aumento del 38%”.

En los últimos años, el Gobierno hizo pocos intentos por desarmar este esquema que beneficia casi únicamente a los que habitan en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano (ver recuadro). Hubo aumentos de los boletos en los colectivos en 2007 y en 2008 y ese mismo año se comenzó a desmantelar el paquete de subsidios para gas y electricidad de los hogares de consumos altos. En 2009, el impacto de la crisis internacional frenó estas políticas y los subsidios volvieron a crecer. Y lo mismo ocurrió el año pasado, cuando el efecto del aumento del precio de la carne sobre la inflación general desalentó cualquier intento de recomponer las tarifas.

Marcelo Capello, del IERAL, el instituto dependiente de la Fundación Meditarránea, sostiene que el esquema actual de subsidios “desincentiva inversiones en energía” y, a la vez, “incentiva una demanda excesiva”. Esto deriva “en una insuficiencia del servicio, especialmente en electricidad y gas en determinadas épocas del año”. A esto se suma que las empresas de transporte tienen tal dependencia de los subsidios que terminan siendo “semipúblicas”. En este sentido, un informe del Equipo de Gestión Económica y Social (EGES) muestra que “el mayor incentivo para las empresas ya no está en brindar mejor servicio a más pasajeros, ya que reciben sus ganancias por los susbidios con independencia de a cuántos pasajeros transporten”.

Para los analistas, la estrategia de salida del esquema de subsidios incluye un aumento gradual de las tarifas, –a tono con la inflación real–, la instrumentación de una tarifa social, una campaña que concientice en el uso eficiente de la energía y una reducción de los impuestos que recaen sobre los servicios públicos para que el costo final que pagan los usuarios no se incremente tanto.

La opinión generalizada es que el actual contexto económico haría viable las subas tarifarias escalonanadas. “Margen para avanzar con el desarmado hay, lo que no hay es margen para hacerlo de una vez”, dice Dal Poggetto. “Hay consenso en que no se puede destinar el 12% del gasto público a mantener las tarifas congeladas”, insiste.

“Lo mejor sería un desarme gradual”, opina Alvarez. Para este economista, el esquema actual termina beneficiando a usuarios que tienen recursos suficientes como para pagar las tarifas reales. “Sería deseable avanzar hacia un esquema de subsidio a la demanda, pero lo veo poco probable porque no hay un interés claro del gobierno actual”.

“En algún momento hay que pagar el costo político”, asegura Mariano Lamothe, de Abeceb. “Hay que generar la conciencia de que en otras partes del país se paga mucho más; el interior no puede estar subsidiando el consumo del área metropolitana”.

“Hay que licuar los subsidios con aumentos de las tarifas en línea con la inflación, en un escenario de mediano plazo”, dice Dal Poggetto. Y coincide con Lamothe en que “si las tarifas siguen congeladas, los servicios terminarán siendo gratis”.

“Con la economía creciendo a este ritmo hay mayores posibilidades de que la gente se banque un aumento de tarifas”, señala Alvarez. “Es preciso lograr que los usuarios entiendan que la situación está totalmente descompensada en términos de precios relativos: hoy sale más caro pedir una pizza a domicilio que pagar el costo mensual del gas”, ejemplifica.

Econométrica plantea que, este año, los subsidios llegarán al 3,6% del PBI, una magnitud que contrasta con el monto del 0,6% del producto que se destina al costo fiscal de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza al 75% de los menores de edad pobres.

Con tal peso de los subsidios en el gasto público, en el próximo gobierno, “un rebalanceo tarifario es inevitable”, dice Lamothe. “También hay que hacer foco en aumentar la eficiencia energética con medidas como la utilización de lámparas de bajo consumo. Hoy la energía es muy barata y esto hace que la gente no realice un consumo eficiente”.

“Los actuales subsidios son inequitativos y debieran ser modificados”, apunta Nadín Argañaraz, del IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Y sostiene que pasando de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda “se puede llegar a una asignación mucho más precisa y beneficiar realmente a quién más necesita”.

Para Dal Poggetto una alternativa al esquema actual sería implementar una tarifa social para los sectores más pobres. También para Capello la reestructuración debería arrancar por la eliminación de los subsidios en electricidad y gas para las familias de altos recursos. “En Transporte, la transición deberá ser seguramente más larga que en aquellos dos casos”, observa.

En esta línea, el informe del Equipo de Gestión Económica EGES señala que la instrumentación del boleto electrónico (SUBE) puede ser un paso adelante en los subsidios diferenciados, ya que al identificar a cada usuario se pueden otorgar beneficios personales de acuerdo a la condición, la localidad que habite o si es beneficiario de planes sociales.

Además de subsidios selectivos, Capello señala que la suba de tarifas “debería acompañarse de una reducción de las tasas e impuestos que gravan el consumo de electricidad y gas, dado que sobre estos recaen tasas superiores que sobre el promedio de la economía (tasas especiales en IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales)”.

Desde Econométrica indican que la solución sería “reconvertir los subsidios indirectos y generalizados por otro esquema de subsidios directos y focalizados”. Para avanzar en esta línea habría que utilizar la plataforma que otorga la Anses a través de la AUH y las jubilaciones. “Esto permitirá quitar presión sobre las cuentas del estado sin desatender las necesidades de los sectoress más vulnerables”.

“Es un tema de prioridades,” dice Alvarez y se pregunta: “¿cuántas asignaciones universales se podrían pagar con lo que se destina a subsidiar a los sectores medios y altos?”. Según el IARAF, en 2010, las partidas de la administración nacional destinadas a Seguridad Interior, Educación y Cultura, Salud y Vivienda sumaron $48.500 millones, cifra semejante a la destinada a estos subsidios.