La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la central sindical más grande del mundo. Fue creada el 1 de noviembre de 2006, a partir de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). El año pasado, su tradicional INDICE GLOBAL DE LOS DERECHOS daba cuenta del deterioro regional colocando a Brasil en el 3º lugar del ranking mundial de los peores países para los trabajadores (solo superado por Argelia y Bangladesh) y a la Argentina en la categoría 4 de “Violaciones sistemáticas de los derechos”.
Sin embargo, frente a la pandemia de COVID-19, la central ha elaborado un informe que destaca a los gobiernos que establecieron políticas de protección de los trabajadores, a partir del análisis objetivo las cinco demandas de mayor impacto: baja remunerada por enfermedad, ayudas salariales y financieras a autónomos, moratorias para pago de créditos, alquileres o hipotecas y, además de sanidad gratuita.
Nuestro país fue destacado dentro de los 12 países cuyos gobiernos muestran al mundo cómo proteger vidas, empleos e ingresos. Notable cambio de rumbo si tenemos en cuenta que hace menos de un año integrábamos el grupo de países con violaciones sistemáticas de derechos laborales…
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI afirmó que “El apoyo directo de Gobiernos a la economía real es la única forma en que los trabajadores podrán permanecer en sus casas y alimentar a sus familias mientras la economía permanece bloqueada. Estos 12 países establecen estándares sobre lo que los Gobiernos pueden aportar a los trabajadores y deberían ser emulados por muchos otros Gobiernos en todo el mundo. Persisten importantes lagunas en algunos países y los sindicatos siguen presionando para que se cubran”.
Las respuestas positivas ante la pandemia mostradas por estos doce países han sido el resultado no solo de la decisión política de los gobiernos sino del diálogo social y el tripartismo.
Por el contrario, el gobierno Brasil mantiene la tendencia de la que daba cuenta el índice 2019 de CSI, y los sindicatos lograron impedir la puesta en marcha de parte de las medidas que anunció Bolsonaro, que implicaban la suspensión de los contratos de trabajo sin compensación. De hecho, de acuerdo a las conclusiones de la encuesta, es el único país de los que participaron que “considera que el coronavirus no representa una grave amenaza a la salud pública o la economía nacional”.
En sintonía con los lineamientos que enunciaba la CSI, se ha pronunciado el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al referir que: “Los trabajadores y las Pymes están frente a una catástrofe tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Tenemos que movernos juntos, rápido y decisivamente. Las medidas urgentes y correctas pueden ser la diferencia entre la supervivencia y el colapso.”
Recordemos que la agencia prevé que la crisis por el COVID-19 a nivel mundial hará desaparecer 6,7 por ciento de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.
Coincidentemente, el Santo Padre, nuestro ex Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, en la misa de Santa Marta, rezó “por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden: los mafiosos, los usureros y muchos otros. Que el Señor toque sus corazones y los convierta”.
En su encíclica Laudato si’ repite que es «prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”. Pero también sostiene que «ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo» (LS 128) y reconoce que para eso hace falta producir riqueza, y que por esa misma razón también son necesarios los empresarios: «La actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos» (LS 129). Pero le compete al Estado un papel activo y creativo para favorecer un tipo de economía que genere puestos de trabajo, por encima del objetivo del beneficio o de la mera libertad de mercado, en busca de la equidad social.
Resaltamos el esfuerzo del gobierno argentino en esta línea, enfrentando con liderazgo esta crisis sanitaria al colocar a las personas en primer lugar y abordando las consecuencias económicas de la pandemia con una visión de Estado presente, emitiendo medidas sobre la economía real para atravesarla con el menor daño posible. Es postura humanista se contrapone a la de los agoreros y predicadores del liberalismo que pretenden que el mercado y la economía se antepongan a las personas, consideradas elementos de descarte, en los términos del Papa Francisco: «Hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo: es la cultura del descarte».
* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)
* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ
