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INTERNACIONAL

EEUU: Crecen los controles sobre empresas para detectar trabajadores ilegales

Las autoridades aumentaron en un 60%  las auditorías en búsqueda de trabajadores no autorizados por su situación migratoria.

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El aumento en las auditorías y detenciones con fines de deportación comenzó a aumentar inmediatamente después de la asunción de Donald Trump a la presidencia en enero de 2017. Trump ordenó intensificar los controles de las diferentes agencias que intervienen en los operativos que encabeza en Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mostrando resultados positivos año a año. Los controles buscan satisfacer las promesas de campaña de combatir a la inmigración ilegal como forma de proteger a los trabajadores estadounidenses.

Desde la oposición por otra parte hacen referencia a algunos daños que podrían producirse en la industria y compañías que dependen de estos trabajadores. Entre el 1 de octubre de 2017 y el 4 de mayo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llevó adelante  2.282 auditorías en diferentes establecimientos productivos y comerciales según informó la agencia estatal. Esta cifra representa un aumento de casi el 60% en las auditorías, en comparación con las 1.360 realizadas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. Producto de estos controles hubo 594 empleadores detenidos bajo cargos criminales de inmigración en comparación con  139 detenciones del año fiscal pasado.

A estos se suman 610 cargos civiles en materia de inmigración en el mismo periodo, que deben compararse con los 172 en los 12 meses anteriores. Una ley federal de 1986 establece que son las compañías las que deben verificar que sus empleados tengan autorización para trabajar en Estados Unidos controlando sus documentos y confirmando con el gobierno la identidad del empleado y su permiso de trabajo haciéndose pasibles de multas y procesos criminales ante el incumplimiento.

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INTERNACIONAL

Colombia: Corte Suprema reconoce el derecho a huelga de trabajadores de salud en pandemia

El fallo reconoce el derecho a huelga y fija los criterios para su ejercicio en momentos que el sector reclama por mejores condiciones de trabajo

Mundo Gremial

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Foto: Cesar Melgarejo,El tiempo

En plena pandemia y con cifras muy altas de infectados y muertos en el país, el más alto tribunal de justicia de Colombia falló a favor de un sindicato del Hospital de Maicao reconociendo el derecho que le asistió a realizar una huelga. Si bien el caso es de 2018 fue resuelto por estos días y cambia un histórico criterio que mantenía vedado a los profesionales de la salud la posibilidad de ejercer el derecho de constitucional a la huelga.

En el documento se expresa que para declarar ilegal la huelga, el Hospital debía demostrar que se suspendió totalmente el servicio. “En este caso, solo está demostrado y no se discute, que se suspendió el servicio de consulta externa, pero no existen elementos de convicción que evidencien que ello puso en vilo la salud de los pacientes”, dijo la Corte.

El fallo fija los criterios a los que deberán someterse médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud para descontinuar sus tareas y que las huelgas no sea declaradas ilegales. En el caso en cuestión es el de los trabajadores del Hospital San José de Maicao (La Guajira) quienes llevaban ocho meses sin recibir sus salarios y convocaron a una huelga para los días 7 y 8 de marzo de 2018.

En ella cerraron los consultorios de atención externa por los días anunciados y continuaron sus labores dentro de la unidad sanitaria atendiendo a todos los pacientes que se encontraban internados. Una vez finalizada la huelga los directivos del hospital demandaron ante el Tribunal Superior de Riohacha por considerar que la huelga era ilegal y con la pretensión de recuperar de parte de los médicos los costos y pérdidas que había generado la medida de fuerza.

En primera instancia los directivos obtuvieron un fallo favorable condenando al sindicato, este fallo fue apelado y llevado a la Corte Supremo quedando a cargo de la magistrada Clara Cecilia Dueñas y la sala laboral de dicha Corte.

En estos días en que los profesionales de la salud protestan por las malas condiciones de trabajo durante la pandemia contando infectados y fallecidos se conoció el fallo de 45 páginas reconociendo el ejercicio al derecho a huelga.

Uno de los principales escollos a sortear estaba ligado a que es un sector que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido como servicios esenciales, es decir, cuya suspensión supone “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.

El alto tribunal insistió en hallarle valor a lo que subyacía a esa protesta: “Está dirigida a la defensa del derecho a la salud de los usuarios, mediante la denuncia, contestación y visibilización del conflicto ante la ciudadanía, los medios de comunicación y los poderes públicos” y sobre el contexto en que prestan tareas los trabajadores expresa: “Respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracteriza por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuficiencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral”.

Agrega que “para la Corte es claro que el impago prolongado de las remuneraciones de los trabajadores de la salud es una cuestión grave que afecta el mínimo vital del trabajador y de su familia, pues los priva de bienes básicos como la alimentación, vestuario, vivienda, educación y otras necesidades elementales de la vida corriente. Paralelamente, es un problema que también afecta en forma directa e inmediata la prestación hospitalaria, pues ocasiona pérdida de la calidad del servicio, insatisfacción, ausentismos, alta rotación, estrés y ansiedad, de suerte que por mucho que se quiera contener el conflicto, estas situaciones llevan a los trabajadores en estado de angustia y desespero a tomar medidas extremas como el paro”.

Por estos días la prensa sigue analizando los alcances del fallo que a su vez se a pronunciado sobre: “El reconocimiento de la huelga como derecho humano y fundamental y no como una sanción que implicaba el respeto por el debido proceso en favor de los empresarios; La posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales; La eliminación de requisitos en las huelgas diferentes a la contractual; La ampliación de las tipologías de las
huelgas permitidas en Colombia y la incorporación de recomendaciones de la OCDE”.

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INTERNACIONAL

Brasil: Repartidores de plataformas pararon y movilizaron bajo la consigna “Precio justo”

En México también hubo una fuerte movilizacion en el marco del Tercer paro internacional de trabajadores de reparto.

Mundo Gremial

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Img. Yahoo

Este miércoles 1 de julio, miles de repartidores que trabajan con las plataformas Uber Eats, Rappi, Ifood o James se declararon en huelga y se movilizaron por las principales ciudades de Brasil para denunciar retribuciones muy bajas, malas condiciones laborales y falta de medidas para combatir el coronavirus.

Los repartidores se congregaron en las principales arterias de Sao Paulo participando con bicicletas y motos con las que trabajan y cargando sobre sus espaldas las grandes cajas que identifican a la plataforma a la que pertenecen. A su vez la prensa brasileña registró una decena de movilizaciones en diferentes ciudades, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte.

Hay entregas en qué ganamos 1 real por kilómetro recorrido, a veces 70 centavos por kilómetro recorrido. Eso significa que tienes que hacer 10, 20 entregas para llegar a una cantidad de 80 o 100 reales” (entre 15 y 19 dólares aproximadamente), relató indignado a la AFP José Valdo, un repartidor de 31 años que trabaja para Ifood, Rappi y Uber Eats. Para llegar a eso, tienes que estar trabajando en la calle 12 o 14 horas”, agregó.

Los repartidores reclaman un aumento del valor por kilómetro recorrido y del mínimo por entrega, más protección contra accidentes, refrigerios diarios y otras medidas para salir de la informalidad.

A estos reclamos se suma que durante la pandemia, que ha obligado a los restaurantes a servir únicamente a domicilio y el trabajo de los repartidores fue declarado esencial. En este contexto los repartidores denuncian que deben proveerse de mascarillas y alcohol en gel En el capítulo mexicano del paro la consigna elegida fue “Ni un repartidor menos” y se hizo énfasis en un bono de emergencia ya que los ingresos han caído “hasta en un 50%” por la pandemia y piden además indemnizaciones a familiares de repartidores que han fallecido en los últimos tres meses.

A su vez denuncian bloqueos arbitrarios de las cuentas de los trabajadores/trabajadores y piden protocolos por COVID-19, como pruebas, cuarentena y compensación a repartidores que tengan contacto con casos positivos.

Este miércoles 1 de julio fue la tercer medida de fuerza coordinada ( la primera el 22 de abril y el 29 de mayo) por trabajadores de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Costa Rica.

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INTERNACIONAL

Perú: Estatales ingresarán en horarios diferenciados para aliviar al transporte público y evitar aglomeraciones

La medida fue acordada con sindicatos y es parte del plan de levantamiento de la cuarentena.

Mundo Gremial

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Foto: presidenciaperu. Gestion.pe

El sector estatal de Perú retoma sus actividades presenciales y la atención al público desde este 1 de julio y en horarios diferenciados, en función del decreto supremo que dispone una cuarentena focalizada para siete regiones y un sector de la población desde esa fecha. El presidente de la República, Martín Vizcarra explicó en conferencia de prensa que la medida es para evitar aglomeraciones y contagios en los paraderos.

De esta forma los funcionarios y servidores públicos que no brindan atención a los ciudadanos tendrán que ingresar antes de las 7 a.m. y en el caso de las personas que brindan atención al público, el horario de ingreso será después de las 10:00 a.m “A levantarse temprano y a llegar temprano cuando todavía no hay una carga intensa de pasajeros en los buses”, expresó el jefe de Estado.

“Ustedes saben que normalmente todos los centros laborales de la administración pública y de la actividad privada inician su hora de trabajo entre 8 y 9 de la mañana, lo que quiere decir que entre 6 y 8 de la mañana y desde antes están los paraderos y los micros llenos de gente porque todos ingresan a la misma hora y salen a la misma hora. Tenemos que hacer uso de horarios diferenciados y en eso todos tenemos que hacer el esfuerzo”, indicó Vizcarra.

Días previos al anuncio el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos Salinas; y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, mantuvieron reuniones con representantes sindicales de servidores públicos a fin de plantear acciones para fortalecer la implementación de protocolos sanitarios en los centros de labores durante la reanudación de actividades.

 

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