Más de cincuenta docentes se han declarado en huelga de hambre desde el 12 de julio pasado en demanda de un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Ecuador.
La reforma a la Ley de educación intercultural bilingüe fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en marzo pasado. En ella se establece la figura de jubilación especial para docentes y aumento del salario básico del profesor, de USD 817 a 1000.
Esta reforma fue cuestionada por diferentes planteos y suspendidos sus efectos en mayo pasado con los pronunciamientos del Segundo y Tercer Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional cuando admitieron a trámite las dos acciones de inconstitucionalidad.
Los planteos fueron realizados por Álvaro Galarza, representante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess). El otro pedido es de un abogado independiente. Entre los argumentos se destaca que la Ley no establece mecanismo de financiamiento.
En junio pasado los docentes agrupados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) comenzaron encadenándose a la Corte Constitucional y desde más de 12 días optaron por la huelga de hambre.
La medida de fuerza se viene desarrollando en cuatro ciudades, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo y Quito donde acampan en las inmediaciones del Congreso. En el día de ayer la UNE comunicó que 8 docentes debieron ser llevados a diferentes centros de salud para ser atendidos.
La presidenta del gremio de profesores, Isabel Vargas, responsabilizó a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) por la salud de los docentes, estudiantes y padres de familia que son parte de la medida.
«Nosotros hacemos un llamado a los nueve jueces de la Corte Constitucional, en las manos de ellos está la vida de 55 compañeros que cumplen la medida, (…) las reformas a la LOEI significan derechos, reparación y justicia» dijo a periodistas.
Se han pronunciado en respaldo de los docentes la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)