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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Economía digital: Los desafíos para crear empleo decente

GINEBRA – Por Gerardo Juara, sobre el Foro Temático “Vías tecnológicas para acceder al trabajo decente”. OIT 2019.

Mundo Gremial

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El primer foro temático de esta semana ocurrió este lunes 17. Las “Vías tecnológicas para acceder al empleo decente” fueron debatidas por un panel integrado por Carlos Lopes, Miembro de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo, Profesor Honorario en la Universidad de Ciudad del Cabo; Eric Manzi, Secretario General de la Central de Trabajadores de Ruanda; Amandeep Singh Gill, Director del panel de la ONU HL sobre cooperación digital; May Makki, Oficial de Investigación y Programas de la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (AND); Hongren Zhu, Director General de CEC, China; precedidos por las exposiciones de alto nivel de Parminder Jeet Singh y del Sr. Sr. Andrés Ortega Klein.

Singh es Director Ejecutivo de IT for Change. Sus áreas de trabajo son las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, la gobernanza de Internet, la gobernanza electrónica y la economía digital. Ha trabajado como asesor especial del Foro para la Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y la Alianza Mundial en favor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Desarrollo, ha participado en dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas –el Grupo de Trabajo sobre Mejoras del Foro para la Gobernanza de Internet y el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la Cooperación, en cuestiones de política internacionales relativas a Internet– y fue el primer coordinador electo de la primera coalición mundial de la sociedad civil en el ámbito de la gobernanza de Internet (Internet Governance Caucus). También es miembro fundador de las coaliciones Just Net Coalition e Internet Rights and Principles Coalition.

El Profesor Ortega Klein es investigador principal en el Real Instituto Elcano, España, consultor independiente y Director del Observatorio de las Ideas. ha ocupado el cargo de Director del Departamento de Análisis y Estudios (Unidad de Políticas) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1994-1996 y 2008-2011). Es licenciado en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid) y posee una maestría en Relaciones Internacionales por London School of Economics (1979). Es miembro del Consejo del European Council on Foreign Relations (ECFR) y del patronato de la Fundación Ortega-Marañón.

Las exposiciones discurrieron sobre diferentes momentos de la revolución tecnológica y la necesidad, y posibilidad, de ejercer un control humano sobre la tecnología. Aquí va lo que creí entender. Desde ya disculpen la traición que supone toda traducción de la idea de otro.

Las exposiciones nos llevaron a poner la mirada sobre los diversos planos que se integran en el acto tecnológico.

Se debe reconocer que la automatización en sí misma tiene un potencial de destrucción actual e inmediata de puestos de trabajo, pero más aún, un poder de re-configuración de la economía (que suele denominarse Uberización de la economía) asimilándola inicialmente a la precarización en la creación de otros puestos, en otros lados, en otro tiempo, con otro contenido.

Si restringimos el análisis a la concordancia con el modelo conocido nos costará discriminar los impactos post acto pues estaremos negando la naturaleza estructural básica de las formas uberizadas de la nueva economía, porque ¿qué es la economía digital?

Un primer acercamiento nos lleva, por impulso de justicia social, a sostener que los choferes de Uber son empleados, de un tipo nuevo de empleo, titulares de un pequeño capital (su auto) pero vinculadas a una empresa que le provee inteligencia útil para el desarrollo de una actividad vinculante. Ocurre que llevar ese razonamiento de modo lineal nos pone entonces en línea de afirmar que los dueños de pequeñas fábricas, parte de de cadenas de suministro también lo serían.

Esta conclusión, ajena a las que el actual modelo de análisis nos permite, qué es lo que tiene en común, cuál es la línea que los une. Que en ambos casos, sobre la acción material, se produce una dinámica de generación de información de la que el organizador se apropia en su exclusivo beneficio.

Las plataformas que desarrollan inteligencia digital son el cerebro del sector. Todo lo demás es el cuerpo físico controlado por el cerebro. Ese cuerpo físico, propio de la vieja economía, se subordina a una nueva organización, útil eficiente y eficaz, de la economía digital.

El activo real de Uber (de las formas de organizar el trabajo como lo hace UBER) no es ser el mediador sino ser la inteligencia que ordena, acumula, aprende y reordena.

Esa cosecha de datos como materia prima se hace a través de los conductores y sus coches y entonces, sobre la relación material con los datos, surge la pregunta jurídica: ¿de quién son esos datos?

En el actual modelo económico laboral no existen reglas sobre la propiedad (ni sobre “la cosecha” de esos datos, ni sobre la utilización de esa información) nadie ha firmado un acuerdo sobre eso en nuestros modelos materiales, ¿quién debería ser el titular de esos datos?

Y este es el punto central para analizar la actual revolución digital: así como la industrial fue una revolución de la producción masiva, la actual es sobre la producción inteligente, y ese mayor valor, derivado del uso de datos y del proceso de generación de información, se denomina capital digital.

¿Qué desafíos genera para el trabajo decente esta mirada? En un escenario donde la participación del trabajador en la distribución del capital físico ya es un ítem en crisis, no tenemos un modelo para encarar cómo hacer participar al trabajador en la distribución de esta nueva forma de capital.

¿Cómo se remunera la contribución de los datos generados por la acción física del trabajador en los estadios posteriores de la producción?

Aparece en el caso un fenómeno nuevo: la acción física (la prestación) que se agota en el intercambio tarea-dinero, genera un nuevo valor, el dato, que no tiende a agotarse en un número limitado de usos, sino que puede permanecer como activo por tiempo casi indefinido.

Nos encontramos aquí frente a un fenómeno de remuneración baja -por la prestación física- pero acumulación alta -por el big data- . ¿Cómo se le pone precios a los datos generados por el chofer de UBER? Sólo pareciera posible articular una respuesta reconociendo un derecho de origen individual y de ejercicio colectivo, ¿un devengamiento de valor en datos convertible en remuneración por el paso del tiempo?

Puesto de esta manera, ¿podemos los trabajadores afirmar un derecho sobre los datos (propios y generados por nuestro hacer) y sobre el empleo de ellos?

Hay algunas respuestas. La India dice que los datos son de la comunidad que los aporta. Algunas formas de organización proponen su inclusión en los contratos como límites en el tiempo y en el uso, tomando la experiencia que provee la propiedad intelectual como rama cercana del derecho.

Tomo un ejemplo del dirigente sindical Eric Manzi: “con la introducción en Ruanda de la telefonía digital cientos de jóvenes encontraron en la venta de tarjetas telefónicas una fuente de ingresos superior al salario medio a través de una actividad informal. Cuando el sistema estuvo consolidado, el paso siguiente fue pasar de las tarjetas telefónicas (soporte físico) a la carga virtual. Esa fuente de trabajo desapareció rápidamente. Esos jóvenes quedaron, de un día para otro, aun más afuera del sistema laboral, no porque la empresa hubiera fracasado, sino porque no lo tuvo en cuenta en su reconversión. Amplió su ganancia y su productividad y se desprendió de sus “empleados” sin costo alguno”.

Lo que omite el relato del dirigente, y agrava la situación, es que la siembra y cosecha de datos necesarios para el armado de la red se hizo sobre el trabajo de esa fuerza informal, sólo remunerada por la venta de las tarjetas pero no por la otra tarea, la inmaterial.

Nos encontramos con un nuevo objeto dentro del comercio, un “bien común” que no procede de la naturaleza sino de la exclusiva acción humana, y más precisamente aún, de la acción humana laboral. Necesitamos formas legales de regulación de esa apropiación colectiva de datos, como parte de los beneficios de los que el trabajador es titular en razón de su fuerza de trabajo y rechazar la naturalización de la apropiación de hecho que los dueños de capital digital pretenden hacer

Hoy nos encontramos sometidos a una sola regla: ¡quien llega primero saca provecho!

Por la falta de reglas y la perplejidad de los actores sociales frente a un fenómeno de difícil configuración.

Sin fijar esas reglas de propiedad de datos y distribución de beneficios en la economía digital no hay garantía de que los nuevos empleos sean decentes, sino por el contrario, casi con seguridad esos trabajos ampliaran la brecha de desigualdad sin retorno, con las consecuencias que podemos imaginar.

Hay que despejar del debate de la Revolución Digital si la misma es deseable o preocupante ya que sólo se puede afirmar que es imparable, y como la taba, como cae, queda.

Esta revolución, del modo en que desarma y reestructura los espacios laborales, pauperizando las prestaciones de naturaleza material a favor de la inmaterial, pauperiza ya no a las clases pobres sino que vacía de oportunidades a la clase media, generando competencias entre clases medias de distintos países.

Estos dos espacios, el material y el de la economía de datos, re-configura en conjunto (uno desapareciendo y/o pauperizando, el otro acumulando capital a favor de una sola de las partes) la forma en que debemos ver el mundo del trabajo, y nos impone con urgencia plantear un nuevo contrato social que se asiente sobre una garantía universal que contenga:

  • Seguridad social universal.
  • Formación profesional permanente.
  • Salario básico garantizado.
  • Nuevas formas de ordenar el tiempo del trabajo.
  • Otro modelo tributario.
  • Diálogo social con información, consulta y co – decisión

La vía tecnológica, como herramienta de creación de empleo decente, no es nada si no se fijan normas que construyan el escenario de trabajo desde el inicio determinando claramente las reglas de manejo del plusvalor, o el valor digital de la tarea humana, siguiendo la ruta de su utilidad en tanto esta exista, es decir, aún más allá de la relación laboral (en el caso de los vendedores de tarjetas, mientras los datos generados por su trabajo sean útiles para la explotación del empleador).

Hasta aquí la descripción del fenómeno. ¿Por dónde camina el embrión de propuesta? Quizás las organizaciones sindicales deben mirar a sus hermanas las sociedades de gestión de derechos intelectuales, lo más cercano en administración de derechos intelectuales, es decir, en administración de intangibles derivados de la actividad humana.

Los sindicatos podrían empezar a pensar en alguna forma de negociación sobre la administración de los datos que generan los trabajadores, tomando estos como un derecho individual (derecho al dato generado por su actividad) de gestión colectiva (determinación en paritaria de un valor global a ser percibido y administrado por su organización sindical).

¿Bases para empezar el debate? Hagamos de la debilidad nuestra fuerza: los convenios vigentes, las leyes actuales, sólo reconocen remunerar lo que la economía física nos dejaba ver. Lo que la economía digital trajo hoy yace en un “baldío jurídico” que estamos a tiempo de alambrar.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Lo que no te cuentan del sindicalismo

La función social de los gremios que muchos prefieren ocultar. El caso de Pasteleros y la operación de los hermanos siameses.

Mundo Gremial

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Los diarios de mayor tirada del país se hicieron eco de la noticia: 44 médicos realizaron una operación inédita de 9 horas para separar a dos hermanos siameses.

Se destacó el valor de los médicos, de los colaboradores y de todo el personal del establecimiento médico, como debe ser. Antecedentes, curiosidades e historia de vida, también formaron parte de las publicaciones.

Todo merecido y, sin dudas, para destacar con mayúsculas.

Pero en todos los artículos, gráficos, radiales y televisivos, obviaron un dato. Un datazo. La operación de Gianluca y Santino fue solventada económicamente por la obra social Elevar, del Sindicato de Trabajadores Pasteleros.

La omisión, tal vez sin intención, no generaría ruido si nuestro país en la actualidad no transitara momentos de tensión entre el gobierno y los grandes formadores de opinión, por un lado, y las organizaciones gremiales, por el otro.

En el último tiempo, los agravios a los sindicatos se convirtieron en eje de campaña del oficialismo, y van en escalada al ritmo del proceso electoral, sin distinguir figuras, sectores ni estructura sindical.

Se engloba, se generaliza y se ataca: el sindicalismo, el culpable de todos los males.

En el medio, Canal 13 estrena una serie televisiva protagonizada por Julio Chávez, estereotipada y plagada de clichés, sobre la vida de un sindicalista, sumando otra munición a la guerra ya desatada.

Así las cosas, la función social de los sindicatos nunca es tapa de diarios. Gestión de turismo, acceso a hotelería y un extenso abanico de servicios sociales ocupan la mayor parte del tiempo de la vida institucional de los gremios, acompañado por la gestión que realizan en las obras sociales.

Se estima que en el país las más de 200 obras sociales, de mayor o menor tamaño, prestan servicios de salud a casi un 60% de la población. Sin ellas, el sistema de salud nacional sería inviable.

Las obras sociales sindicales se dedican a organizar la prestación de servicios de salud y hoy representan el mayor servicio proveedor de cobertura médica del país.

La cobertura de Elevar – Pasteleros en la intervención de los hermanos siameses es apenas una de las innumerables prestaciones sociales y de salud que son posibles a través de la buena administración y gestión de los aportes de los trabajadores. Aunque muchos eligen no contarlo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Una marca registrada de Cambiemos: las intervenciones a sindicatos

El Gobierno no sólo intervino gremios, que suman más de una decena, sino que también hizo lo propio con las obras sociales: al día de hoy existen 17 entidades con autoridades flojas de papel.

Pablo Maradei

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La lógica de las intervenciones a los sindicatos fue, y acaso lo sigue siendo, una marca distintiva del gobierno de Cambiemos. Las más mediáticas fueron la del SOMU, que terminó con Omar “Caballo” Suárez preso, y la del SOEME, cuyo titular Marcelo Balcedo también terminó en prisión. En ambos casos quedaron a la vista la vida de bon vivant de estos dirigentes sindicales.

Se suman a la lista el Sivendia (Canillitas), UPSRA (Vigiladores), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Federación de Azucareros (FEIA).

Bajo la gestión de Dante Sica se intervino la Asociación Sindical de Trabajadores de Industrias químicas, petroquímicas y explosivas. Y hay más, aunque el Ministerio de Producción y Trabajo no lo quiera informar ante el pedido de Mundo Gremial.

También es triste y mezquino ver a dirigentes sindicales de peso y como aves de rapiña operando con el Gobierno para quedarse con la conducción y por ende la caja del gremio una vez concluida la intervención.

Desde la estrategia política, cada gobierno amplifica su poder teniendo enfrente un enemigo: en la era Cambiemos ese blanco fueron y son los trabajadores que ligan el tiro junto a quienes son sus representantes.

Más allá de la definición y por lo expuesto los sindicalistas no son Carmelitas Descalzas; pero en lo conceptual, los trabajadores sufren el desamparo del Estado y los sindicatos las amenazas de intervención. O como se sabe pero se dice poco: el armado de expedientes judiciales multimillonarios que involucran a un juez federal de Comodoro Py y a funcionarios del ministerio de Trabajo de la era de Jorge Triaca para extorsionar a los gremios.

En este cierre de ciclo del primer ciclo de Cambiemos, la lógica de las intervenciones incluyó el avance gubernamental sobre las obras sociales sindicales. Al día de hoy se encuentran sin sus “autoridades naturales” ocho obras sociales.

En detalle son:

La Obra Social del Personal de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. En iguales condiciones está la Obra social del Personal de Luz y Fuerza, de Córdoba y la Asociación Gualeguaychú de Obras Sociales. Siguen la Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera y el Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Cierran OSDEPYM, que es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas; y la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada, OSTEP.

Haciendo un repaso ligero vemos al Correo: no hay que ser muy memorioso para recordar el affaire de la familia del Presidente con esa empresa. Carlos Menem lo privatizó en los noventa y el adjudicatario fue el Grupo Macri: no pagaban el canon como respuesta a que no les dejaban aumentar las tarifas. En 2001 fueron a concurso con una deuda de 300 millones de pesos/dólares y desde aquel año está intervenida la obra social. La propuesta del Grupo Macri fue de abonar aquel valor de manera nominal; es decir 300 millones de pesos sin contemplar ningún tipo de adicionales por inflación, intereses, etc. Actualmente está judicializado.

En cuanto a la obra social de la industria azucarera atrás de esta intervención, que data de noviembre de 2017, hay que poner el ojo en los intereses de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, respectivamente dueño y administrador del ingenio durante la dictadura, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad y por el secuestro de 29 trabajadores entre marzo y julio de 1976, en lo que se conoció como la “noche del apagón”. Estos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña mientras que en 2015 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la falta de mérito y revocó los procesamientos. Los demandantes apelaron y ahora se espera la definición de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el Instituto de Servicios Sociales Bancario se encuentra intervenido desde julio de 2018. Signo de pregunta: ¿Tendrá que ver con las posiciones políticas del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo?

Finalmente la obra social del SOEME, la OSTEP. Hablar del SOEME es hablar de la opulencia y la desfachatez de quien fuera su secretario general, Marcelo Balcedo. A este sindicalista, hoy preso, se le incautaron autos de lujo en una chacra con zoológico propio en Uruguay.
A su vez, a junio de 2019 existen 9 obras sociales a las cuales la Superintendencia de Servicios de Salud no les reconoció las autoridades.

Ellas son:

1- Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines.
2- Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina.
3- Obra Social para Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales y Regulares.
4- Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina.
5- Obra Social para Directivos, Técnicos y Empleados de John Deere Argentina.
6- Obra Social Cooperativa de Asistencia Mutua y Turismo del Personal de las Sociedades Pirelli LTDA.
7- Obra Social de la Asociación del Personal de Dirección y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo.
8- Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas que Actúan en Frutos del País.
9- Asociación de Obras Sociales de Rosario.

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El Desafío Palazzo

Por Gerardo Juara – Columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, acaba de lanzar un desafío a la empresa Mercado Libre, entre otras, anunciando que se sube al ring de los servicios digitales en busca de los afiliados que su estatuto y su convenio comprenden.

En ese desafío confrontará con la Federación de Empleados de Comercio, con la Unión Informática, con los trabajadores postales, los de estaciones de servicios, los empleados de farmacia, etc.

El premio de quien gane esta contienda es un colectivo de 6500 trabajadores “de plataforma”, y a nosotros nos da la oportunidad de plantear algunas opiniones sobre lo que vendrá.

La Asociación Bancaria va en busca de lo nuevo con la armadura de las viejas herramientas. Toma casi todo lo que el modelo sindical le provee y se dispone a la batalla “por la buenas o las malas”.

Voy a dedicarme a lo que ese reportaje dejó para el debate.

Con las herramientas del modelo, contra el modelo

La Asociación Bancaria (AB) plantea que los trabajadores de plataforma (TP) que realizan actividades bancarias y financieras les pertenecen por encontrarse alcanzados por su estatuto y su convenio.

Sostiene que la descripción de tareas tanto de uno como de otro le habilitan jurídicamente a solicitar se aplique a esos trabajadores su representación.

Comete, a la luz del modelo sindical, algunos errores:

– Primer error: el encuadre sindical

La representación gremial de un colectivo de trabajadores en una empresa determinada (y este será otro punto a debatir) se resuelve por la mayor o mejor correspondencia de la descripción contenida en la personería gremial, con la actividad principal realizada en la empresa o en el establecimiento.

Cuando se trata de sindicatos de actividad (y La Bancaria lo es en tanto agrupa, sin distinción de tareas, sean los que atiende la caja, cuentan el dinero, limpian los pisos o disparan ballestas a las palomas, a los trabajadores de bancos y financiaras) es la actividad del empleador la que define el encuadre, no la voluntad actual del sindicato (su voluntad está “congelada” en su personería de 1947) ni la del trabajador.

Ese encuadre gremial es lo que le permite al sindicato sentarse en la mesa de la negociación paritaria: el sindicato representado a TODOS los trabajadores de la actividad bancaria y financiera, y del otro lado de la mesa, las entidades que tienen como principal actividad la bancaria y la financiera.

Aquí radica el primer problema del “Desafio Palazzo”. Ni las farmacias, ni las estaciones de servicio, ni los mercados, ni los quioscos que prestan o reciben dinero y pagos, tienen como principal actividad la bancaria ni la financiera.

Las cámaras que los representan en sus paritarias, tampoco.

Conviene aquí hacer una aclaración: No importa que la AB tenga a la categoría que pretende representar en su estatuto: el estatuto es una regla interna, el modo en que los trabajadores (los bancarios, en este caso) deciden organizarse, formular sus planes de acción e invitar a otros trabajadores a sumarse a un proyecto. Pero no es el documento que nuestro sistema legal tiene en cuenta para definir la representatividad.

Si eso fuera posible, bastaría que alguno de los otros sindicatos “amenazados por el ‘Desafío Palazzo’” incorporen una cláusula que dijese algo así como “este sindicato ejerce la representación de todos los trabajadores de apellido Palazzo, los que estarán encuadrados en los convenios que esta organización suscriba” (si alguno lo hace, no se olviden de enviar los honorarios al domicilio habitual)

– Segundo error: (o problema) el criterio de la especialidad

La AE aspira, según su secretario general, a ser el Moyano del sector. Intenta replicar el proceso de expansión de la actividad de representación convencional que el sindicato de choferes de camiones llevó adelante en el periodo 2005-2015.

Es importante resaltar lo dinámico de ese período: por sobre la clásica respuesta del encuadramiento gremial (establecer el sindicato más representativo a través de la correspondencia de la personería), el contenido del acto administrativo que la otorga confrontado con el acto administrativo de la habilitación de la empresa o de aprobación de su objeto social estatutario, o la descripción de tareas obrante en el acta de inspección, los conflictos de encuadramiento, en un importante sector de la economía, empezaron a resolverse por el criterio de la especialidad, en dos variantes:

1) la especialidad del establecimiento, operando de forma independiente de la actividad principal (centro de distribución logístico en un establecimiento distinto al de la empresa principal, por ejemplo, una embotelladora de gaseosas, o un hipermercado).
2) la especialidad de la tarea, aún dentro del establecimiento: (por ejemplo, los tiradores de ballestas antes mencionados).

Esta forma de encuadre tienen en cuenta al sujeto (al trabajador) y no a la actividad del empleador para definir cuál es el sindicato más representativo. En algún supuesto puede ser una buena respuesta, ya que se apoya en la identidad que el trabajador tiene con la organización sindical (el tirador de ballesta que trabaja en el banco se sentirá más cercano en su identidad con el Sindicato de Tiradores de ballestas, arquería y afines, antes que con el empleado bancario que concilia cuentas) haciendo más eficaz la relación intrasindical.

Pero… en la medida en que la especialidad permite tomar como unidad de referencia al sujeto antes que a la empresa, habrá más sindicatos por unidad de explotación y esto dividirá la fuerza sindical y en la experiencia a la que se remite el “Desafio Palazzo” el impacto de la negociación colectiva en los trabajadores así “reencuadrados” ha ocurrido de modo indirecto.

Bancos eran los de antes.

El “Desafío Palazzo” tiene dos virtudes: la primera, es que pone bien en claro que la cuarta revolución industrial es un problema que las organizaciones sindicales deben resolver lo antes posible. La segunda, es que el sindicalismo argentino, cuando ocurrió la tercera, pidió que le tacharan la doble.

Todos sabemos que los sindicatos son hijos del sistema productivo capitalista industrial y su modo de organización, su dinámica, y su actuación, son la forma en que el movimiento obrero se planta frente a ese modelo.

Esa tercera revolución, ocurrida a fines de los 90, compañera de ruta de la “sociedad de la información” dio por tierra con el modo de producción fordista-taylorista y empezó a perfilar otro tipo de empresas. Otra forma de organizar la producción, en sentido amplio. Mientras eso ocurrió, las formas de organización sindical poco cambiaron.

Si esa tercera revolución cambió el modo material de producir (descentralización, deslocalización, “just in time”), la cuarta, desmaterialización de la producción. Si antes alcanzaba ver cada acto físico, ahora hay que buscar en cada uno de ellos un “acto digital” para entender la escena completa.

Así como las empresas de energía fósil (las petroleras) tienen destino de recuerdo, y serán reemplazadas por múltiples fuentes y empresas de producción de energía renovable (incluso auto producción) y los sindicatos del sector (gas, petróleo, luz y fuerza) empiezan a confluir en una organización de grado superior “de la energía” (porque ahí se encuentra el elemento común), el sector de la producción de servicios empieza a padecer esa desmaterialización y los empleos que antes estaban en los sólidos bancos ahora están en la evanescente nube.

El “Desafío Palazzo” dará una batalla contra molinos de la economía industrial (bancos, estaciones de servicios, supermercados) que también están huyendo hacia las nuevas formas de la economía 4.0. puede que tenga algunos éxitos, más “por las malas” -no será la primera vez que un encuadre en la sede administrativa o judicial sea más parecido a las piruetas del Cirque du Soleil que a una conclusión razonada del derecho vigente- pero ambos, el perseguidor y el perseguido, muy probablemente terminen con poco entre sus manos.

La economía 4.0 es la que está “moviendo” esos trabajos de los bancos a las farmacias, pero no físicamente, sino digitalmente. Esos cambios ocurren en otro ámbito, donde las formas de organización sindical no llegan porque no se han adaptado.

Un sindicalismo eficaz en “la nube” deberá aceptar un modelo de sindicato colaborativo. No se asusten, no es con la patronal, sino entre organizaciones: evitar entrar en el desplazamiento de personerías sino avanzar en la formación de coaliciones sindicales que permitan ampliar el espacio representativo en las negociaciones. Aceptar acuerdos o convenios de actividad, empresa, proyecto, etc. Animarse a actuar en espejo con la economía 4.0.

Porque, como decía el viejo Carlos, con la nueva economía, todo lo sólido se desvanece en el aire.

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