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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Economía digital: Los desafíos para crear empleo decente

GINEBRA – Por Gerardo Juara, sobre el Foro Temático “Vías tecnológicas para acceder al trabajo decente”. OIT 2019.

Mundo Gremial

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El primer foro temático de esta semana ocurrió este lunes 17. Las “Vías tecnológicas para acceder al empleo decente” fueron debatidas por un panel integrado por Carlos Lopes, Miembro de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo, Profesor Honorario en la Universidad de Ciudad del Cabo; Eric Manzi, Secretario General de la Central de Trabajadores de Ruanda; Amandeep Singh Gill, Director del panel de la ONU HL sobre cooperación digital; May Makki, Oficial de Investigación y Programas de la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (AND); Hongren Zhu, Director General de CEC, China; precedidos por las exposiciones de alto nivel de Parminder Jeet Singh y del Sr. Sr. Andrés Ortega Klein.

Singh es Director Ejecutivo de IT for Change. Sus áreas de trabajo son las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, la gobernanza de Internet, la gobernanza electrónica y la economía digital. Ha trabajado como asesor especial del Foro para la Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y la Alianza Mundial en favor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Desarrollo, ha participado en dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas –el Grupo de Trabajo sobre Mejoras del Foro para la Gobernanza de Internet y el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la Cooperación, en cuestiones de política internacionales relativas a Internet– y fue el primer coordinador electo de la primera coalición mundial de la sociedad civil en el ámbito de la gobernanza de Internet (Internet Governance Caucus). También es miembro fundador de las coaliciones Just Net Coalition e Internet Rights and Principles Coalition.

El Profesor Ortega Klein es investigador principal en el Real Instituto Elcano, España, consultor independiente y Director del Observatorio de las Ideas. ha ocupado el cargo de Director del Departamento de Análisis y Estudios (Unidad de Políticas) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1994-1996 y 2008-2011). Es licenciado en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid) y posee una maestría en Relaciones Internacionales por London School of Economics (1979). Es miembro del Consejo del European Council on Foreign Relations (ECFR) y del patronato de la Fundación Ortega-Marañón.

Las exposiciones discurrieron sobre diferentes momentos de la revolución tecnológica y la necesidad, y posibilidad, de ejercer un control humano sobre la tecnología. Aquí va lo que creí entender. Desde ya disculpen la traición que supone toda traducción de la idea de otro.

Las exposiciones nos llevaron a poner la mirada sobre los diversos planos que se integran en el acto tecnológico.

Se debe reconocer que la automatización en sí misma tiene un potencial de destrucción actual e inmediata de puestos de trabajo, pero más aún, un poder de re-configuración de la economía (que suele denominarse Uberización de la economía) asimilándola inicialmente a la precarización en la creación de otros puestos, en otros lados, en otro tiempo, con otro contenido.

Si restringimos el análisis a la concordancia con el modelo conocido nos costará discriminar los impactos post acto pues estaremos negando la naturaleza estructural básica de las formas uberizadas de la nueva economía, porque ¿qué es la economía digital?

Un primer acercamiento nos lleva, por impulso de justicia social, a sostener que los choferes de Uber son empleados, de un tipo nuevo de empleo, titulares de un pequeño capital (su auto) pero vinculadas a una empresa que le provee inteligencia útil para el desarrollo de una actividad vinculante. Ocurre que llevar ese razonamiento de modo lineal nos pone entonces en línea de afirmar que los dueños de pequeñas fábricas, parte de de cadenas de suministro también lo serían.

Esta conclusión, ajena a las que el actual modelo de análisis nos permite, qué es lo que tiene en común, cuál es la línea que los une. Que en ambos casos, sobre la acción material, se produce una dinámica de generación de información de la que el organizador se apropia en su exclusivo beneficio.

Las plataformas que desarrollan inteligencia digital son el cerebro del sector. Todo lo demás es el cuerpo físico controlado por el cerebro. Ese cuerpo físico, propio de la vieja economía, se subordina a una nueva organización, útil eficiente y eficaz, de la economía digital.

El activo real de Uber (de las formas de organizar el trabajo como lo hace UBER) no es ser el mediador sino ser la inteligencia que ordena, acumula, aprende y reordena.

Esa cosecha de datos como materia prima se hace a través de los conductores y sus coches y entonces, sobre la relación material con los datos, surge la pregunta jurídica: ¿de quién son esos datos?

En el actual modelo económico laboral no existen reglas sobre la propiedad (ni sobre “la cosecha” de esos datos, ni sobre la utilización de esa información) nadie ha firmado un acuerdo sobre eso en nuestros modelos materiales, ¿quién debería ser el titular de esos datos?

Y este es el punto central para analizar la actual revolución digital: así como la industrial fue una revolución de la producción masiva, la actual es sobre la producción inteligente, y ese mayor valor, derivado del uso de datos y del proceso de generación de información, se denomina capital digital.

¿Qué desafíos genera para el trabajo decente esta mirada? En un escenario donde la participación del trabajador en la distribución del capital físico ya es un ítem en crisis, no tenemos un modelo para encarar cómo hacer participar al trabajador en la distribución de esta nueva forma de capital.

¿Cómo se remunera la contribución de los datos generados por la acción física del trabajador en los estadios posteriores de la producción?

Aparece en el caso un fenómeno nuevo: la acción física (la prestación) que se agota en el intercambio tarea-dinero, genera un nuevo valor, el dato, que no tiende a agotarse en un número limitado de usos, sino que puede permanecer como activo por tiempo casi indefinido.

Nos encontramos aquí frente a un fenómeno de remuneración baja -por la prestación física- pero acumulación alta -por el big data- . ¿Cómo se le pone precios a los datos generados por el chofer de UBER? Sólo pareciera posible articular una respuesta reconociendo un derecho de origen individual y de ejercicio colectivo, ¿un devengamiento de valor en datos convertible en remuneración por el paso del tiempo?

Puesto de esta manera, ¿podemos los trabajadores afirmar un derecho sobre los datos (propios y generados por nuestro hacer) y sobre el empleo de ellos?

Hay algunas respuestas. La India dice que los datos son de la comunidad que los aporta. Algunas formas de organización proponen su inclusión en los contratos como límites en el tiempo y en el uso, tomando la experiencia que provee la propiedad intelectual como rama cercana del derecho.

Tomo un ejemplo del dirigente sindical Eric Manzi: “con la introducción en Ruanda de la telefonía digital cientos de jóvenes encontraron en la venta de tarjetas telefónicas una fuente de ingresos superior al salario medio a través de una actividad informal. Cuando el sistema estuvo consolidado, el paso siguiente fue pasar de las tarjetas telefónicas (soporte físico) a la carga virtual. Esa fuente de trabajo desapareció rápidamente. Esos jóvenes quedaron, de un día para otro, aun más afuera del sistema laboral, no porque la empresa hubiera fracasado, sino porque no lo tuvo en cuenta en su reconversión. Amplió su ganancia y su productividad y se desprendió de sus “empleados” sin costo alguno”.

Lo que omite el relato del dirigente, y agrava la situación, es que la siembra y cosecha de datos necesarios para el armado de la red se hizo sobre el trabajo de esa fuerza informal, sólo remunerada por la venta de las tarjetas pero no por la otra tarea, la inmaterial.

Nos encontramos con un nuevo objeto dentro del comercio, un “bien común” que no procede de la naturaleza sino de la exclusiva acción humana, y más precisamente aún, de la acción humana laboral. Necesitamos formas legales de regulación de esa apropiación colectiva de datos, como parte de los beneficios de los que el trabajador es titular en razón de su fuerza de trabajo y rechazar la naturalización de la apropiación de hecho que los dueños de capital digital pretenden hacer

Hoy nos encontramos sometidos a una sola regla: ¡quien llega primero saca provecho!

Por la falta de reglas y la perplejidad de los actores sociales frente a un fenómeno de difícil configuración.

Sin fijar esas reglas de propiedad de datos y distribución de beneficios en la economía digital no hay garantía de que los nuevos empleos sean decentes, sino por el contrario, casi con seguridad esos trabajos ampliaran la brecha de desigualdad sin retorno, con las consecuencias que podemos imaginar.

Hay que despejar del debate de la Revolución Digital si la misma es deseable o preocupante ya que sólo se puede afirmar que es imparable, y como la taba, como cae, queda.

Esta revolución, del modo en que desarma y reestructura los espacios laborales, pauperizando las prestaciones de naturaleza material a favor de la inmaterial, pauperiza ya no a las clases pobres sino que vacía de oportunidades a la clase media, generando competencias entre clases medias de distintos países.

Estos dos espacios, el material y el de la economía de datos, re-configura en conjunto (uno desapareciendo y/o pauperizando, el otro acumulando capital a favor de una sola de las partes) la forma en que debemos ver el mundo del trabajo, y nos impone con urgencia plantear un nuevo contrato social que se asiente sobre una garantía universal que contenga:

  • Seguridad social universal.
  • Formación profesional permanente.
  • Salario básico garantizado.
  • Nuevas formas de ordenar el tiempo del trabajo.
  • Otro modelo tributario.
  • Diálogo social con información, consulta y co – decisión

La vía tecnológica, como herramienta de creación de empleo decente, no es nada si no se fijan normas que construyan el escenario de trabajo desde el inicio determinando claramente las reglas de manejo del plusvalor, o el valor digital de la tarea humana, siguiendo la ruta de su utilidad en tanto esta exista, es decir, aún más allá de la relación laboral (en el caso de los vendedores de tarjetas, mientras los datos generados por su trabajo sean útiles para la explotación del empleador).

Hasta aquí la descripción del fenómeno. ¿Por dónde camina el embrión de propuesta? Quizás las organizaciones sindicales deben mirar a sus hermanas las sociedades de gestión de derechos intelectuales, lo más cercano en administración de derechos intelectuales, es decir, en administración de intangibles derivados de la actividad humana.

Los sindicatos podrían empezar a pensar en alguna forma de negociación sobre la administración de los datos que generan los trabajadores, tomando estos como un derecho individual (derecho al dato generado por su actividad) de gestión colectiva (determinación en paritaria de un valor global a ser percibido y administrado por su organización sindical).

¿Bases para empezar el debate? Hagamos de la debilidad nuestra fuerza: los convenios vigentes, las leyes actuales, sólo reconocen remunerar lo que la economía física nos dejaba ver. Lo que la economía digital trajo hoy yace en un “baldío jurídico” que estamos a tiempo de alambrar.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cómo recuperar la confianza en los sindicatos

Por Elina Escudero y Martín Moreno de Quiero Saber ONG*

Mundo Gremial

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En Latinoamérica, la confianza en los sindicatos es un bien escaso. Entre 1995 y 2015, la ONG latinobarómetro realizó una encuesta anual de opinión pública que involucró, cada año, a unas 20,000 entrevistas en 18 países y representó a más de 600 millones de personas. En ellas se miden los niveles de confianza que los latinos depositamos en las instituciones y organizaciones de la democracia. Durante esos 20 años, el porcentaje de argentinos que contestó tener mucha o algo de confianza en los sindicatos fue, en promedio, del 27%; o dicho de otro modo, 7 de cada 10 argentinos no confía en los sindicatos.

Confianza en los Sindicatos 1995-2015

Es curioso analizar algunos datos contundentes. Primero, la confianza en los sindicatos no se mueve con el ciclo económico. Por ejemplo, tanto en 1995 como en 2008, dos momentos económicamente disimiles, los niveles de confianza en los gremios fueron iguales. Segundo, en 1995, las mujeres eran quienes más confiaban en los sindicatos. Año a año se fue perdiendo y los hombres comenzaron a registrar niveles de confianza más altos.

Para colmo de males, la desafección política de la ciudadanía que tuvo su epicentro en 2001, también incorporó a las organizaciones sindicales, contribuyendo a la deslegitimación de su actividad, de sus métodos, y a la construcción de un imaginario de casta (la Clase sindical). Este proceso ha sido “alentado”, no ocasionado, por algunos medios de comunicación que responden a determinados intereses económicos y políticos, contrapuestos a la idea de una representación política organizada de los trabajadores y trabajadoras.

El asunto de la confianza (y sus múltiples consecuencias) parece un misterio a develar. Sin embargo, no lo es. La alternancia en el poder y liderazgos que se perciban más horizontales, alcanzan para lograr un cambio en la situación.

De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Asuntos del Sur, donde se exploraron los resultados de estrategias gubernamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía, la fuente de donde esta emana no es estática. La era digital posibilitó el surgimiento de nuevos valores y perspectivas que promueven y crean relaciones más horizontales y colaborativas.

Pero, más allá del grado de deslegitimación institucional, el sindicalismo ha demostrado que sigue siendo un actor importante para la consecución y mantenimiento de la justicia social y las políticas redistributivas en beneficio de los sectores más desfavorecidos; un canal de expresión de las demandas sociales y un freno para la implementación de políticas económicas que tiendan a la concentración en beneficio del capital.

En este contexto, desarrollar estrategias que tiendan a generar mecanismos de transparencia institucional, rendición de cuentas y datos abiertos, no solo fortalecería institucionalmente a las organizaciones sindicales, sino que permitiría el apoyo social de una opinión pública favorable, necesaria para los procesos de negociación y tensión con las patronales y el Estado.

Cómo lograrlo o por dónde empezar cuando la tarea parece titánica. La clave podría estar en la creación de alianzas que permitan a las organizaciones “menos creíbles” trabajar en conjunto con aquéllas que han acumulado un mayor capital social. Así lo demuestran las recientes experiencias de innovación política donde la ciudadanía es involucrada a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la búsqueda de consensos sobre temas que generan controversia y críticas.

Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios ligados a los medios de transporte son, por ejemplo, un tema de alta sensibilidad para el conjunto de personas usuarias de estos servicios.

No desconocemos que cualquiera política implementada que se oriente hacia estos nuevos valores institucionales es un desafío: el carácter centralista de la conducción en algunos sindicatos y federaciones, su imagen negativa, la condena mediática, la desafección política, el ostracismo de algunos gremios y la falta de programas o lineamientos claros de gestión, son algunos de los obstáculos que se deben superar.

Pero el sindicalismo, además de sus tradicionales objetivos como la defensa de los derechos de afiliados y afiliadas y la representación en la negociación colectiva, tiene un horizonte que es aún más lejano: transformar la sociedad en más justa, democrática e inclusiva. Por eso, fomentar una práctica sindical “extra muros” es indispensable, más aún si la ambición es aportar un nuevo sujeto político que supere, de una vez y para siempre, al neoliberalismo en latinoamérica; un sindicalista presidente como Lula Da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Algunas experiencias muestran que se avanza, dando los primeros pasos y sin estándares claros, hacia prácticas en donde las organizaciones sindicales comienzan a supervisar los propios abusos e ineficiencias; la Unión de Obrera de la Construcción (UOCRA) permite a sus afiliados denunciar a representantes gremiales además de empresarios e inspectores a través de la web; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) publica desde el 2009, los balances contables del Consejo Directivo donde se detallan sus ingresos y egresos; el Secretario Adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, presenta desde hace 4 años, la Declaración Jurada de sus bienes y la da a conocer a través de la prensa.

Los esfuerzos son valorables pero los sindicatos (y los sindicalistas) aún están muy lejos de reaccionar adecuadamente ante una problemática que es propia del Siglo XXI: los instrumentos tradicionales de rendición de cuentas, que eran las elecciones, asambleas, congresos, etc. son insuficientes para garantizar la participación e involucramiento de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso, el paralelismo entre las estrategias de los políticos gobernantes y de los sindicalistas para recuperar los niveles de confianza, es pertinente; resulta evidente que los sindicatos y los políticos son “metidos en la misma bolsa” por el común de la gente. La diferencia radica en que los primeros afrontan el problema, los segundos lo niegan.

* Quiero Saber ONG  www.quierosaberiniciativa.com
Redes Sociales: @quierosaberic

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

A la deriva

Reina el malestar en los gremios marítimos que no tienen interlocutor ya que el Gobierno nacional aún no definió quién ocupará la Subsecretaria de puertos.

Pablo Maradei

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El check list de pendientes en el sector marítimo da cuenta de que el Gobierno nacional debe definir si se renuevan o cambian las licencias de los operadores del puerto de Buenos Aires que vencen a mediados de este año, trazar las directivas respecto a qué hacer con la Hidrovía: Alberto Fernández habló de “provincializar” su administración; y finalmente avanzar en la ejecución de los dragados.

“Estamos preocupados porque no hay diálogo y esto encierra algo aún mayor: no hay nombramiento porque no hay proyecto de qué hacer con, por ejemplo, la Hidrovía. Estamos con un sector muerto con el que el país no recauda nada”, analiza y dispara ante la consulta de Mundo Gremial Julio Insfrán, secretario general del Centro de Patrones de Cabotaje marítimo. Refiere a que los barcos que circulan por el río Paraná, y que para 2030 se proyecta que transportarán 60 millones de toneladas de carga llevando el flujo de dinero a los US$200.000 millones, son de bandera extranjera ya que no hay buques de bandera local y por lo tanto con tripulación argentina. Aunque la concesión de esta ruta termina en abril de 2021, la falta de definiciones, proyectos, inversiones hace que la Hidrovía no pueda ser explotada al máximo por nuestro país.

El único lineamiento que hubo hasta ahora lo dijo en diciembre ni bien asumido el propio presidente ante la Legislatura santafesina: “Lo que hablamos con Omar (Perotti, gobernador de Santa Fe) es que la Hidrovía sea gobernada por las provincias que usan la Hidrovía”. Actualmente esa administración la lleva adelante Nación. La propuesta de Alberto Fernández divide aguas. Por ejemplo: para Raúl Durdos, secretario general del SOMU: “Me parece bien porque federaliza el tema pero la participación debe ser equitativa entre las provincias”, señala a MG. Las provincias involucradas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Y los principales puertos agroexportadores se encuentran en Rosario y Timbúes.

Para otro secretario general que prefirió el anonimato “la federalización solo generará caos porque se amplían los interlocutores que a su vez tienen distintos objetivos y además hay que ver a quienes designan ya que no siempre saben del tema”.

En el organigrama del ministerio de Transporte aún falta completar el nombre de quien ocupará el raviol de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. “Es una decisión que tiene que tener el aval de la Casa Rosada”, cuenta a MG un secretario general que sigue la interna por los nombramientos. Esta cartera la maneja Sergio Massa a través del ministro Mario Meoni. El último apuntado para ir a Puertos es Franco La Porta; pero por ahora no hay certezas. “Vamos a apoyar a quien designen, preferimos gente que entienda del tema; y si no entiende lo guiaremos”, apunta Durdos. Vale mencionar que el tema viene manoseado: en un primer momento el que tenía todas las fichas era Sergio Goicoechea, quien tenía bajo su puño la negociación de la futura licitación de Puerto Nuevo. Premio consuelo: ¿Quedará como asesor?

Finalmente, el otro punto en discusión respecto a la Hidrovía es cómo generar competitividad: “En Argentina pagamos 35% de Ganancias, 21% de IVA y 5% de Ingresos Brutos. A eso hay que sumarle el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y la carga tributaria en el combustible. En Paraguay solo pagan 10% de Ganancias y 10% de IVA; y para colmo cargan combustible libre de impuesto. Así no se puede competir; el Estado argentino es el que tiene que bajar impuestos”, repasa Insfrán. Durdos agrega: “Estamos dispuestos a discutir convenios porque ¿de qué sirve tener un convenio si no hay actividad?”. En números: la relación es 200 buques paraguayos contra 1 argentino.

Justamente el Gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, querían impulsar un único convenio colectivo para la explotación de esta carretera marítima; algo que no se pudo lograr. ¿Se animará a tanto el gobierno de Alberto?

Atado a la Hidrovía, los dirigentes consultados apuntaron a que faltan dragar puertos como Diamante, Chaco, San Pedro y Santa Fe. También hay muchas quejas que desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, y hasta el puerto de Buenos Aires a través del canal Emilio Mitre, el calado que se alcanza al dragar no es el que dice el contrato multimillonario

Finalmente, y acaso el tema más urgente, es el puerto de Buenos Aires: el contrato de concesión de las operadoras vence en mayo y el llamado a licitación debía cerrarse el mes próximo: no se llegará con los tiempos. Seguramente habrá una prórroga temporal. Recalan en sus dársenas unos 800 buques por año.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Boicot estratégico contra las leyes del mercado: una actividad sindical lícita con participación ampliada

Por Pascual Daniel Persichella, abogado y politólogo

Mundo Gremial

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Desde que tenemos uso de razón venimos padeciendo el problema inflacionario; esto es, cualesquiera sean las definiciones técnicas del fenómeno, que los precios suben por el ascensor y los salarios -o en términos más generales- los ingresos en contraprestación por cualquier trabajo humano, suben por la escalera.

En gran medida las crisis económico sociales que se producen de un modo casi constante, importan la perdida del poder adquisitivo real de los salarios, causando desmejoramientos sistemáticos en las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de nuestra Patria, es decir, los trabajadores en sentido amplio; comprensivo el concepto, de todos aquellos que viven del producido de sus trabajos humanos, dependientes o independientes, formales o informales (obreros, trabajadores, empleados, profesionales, pequeños y medianos empresarios). Sujetos mayoritarios y principales del consumo interno.

Frente a ello, con un simplismo quizás excesivo, se puede decir que los gobiernos de Derecha sostienen que el Mercado y sus propias leyes corregirán la distorsión, lo que nunca ocurre. Es más, en Argentina vemos fenómenos que demuestran por quienes y para quienes están escritas “esas leyes del mercado”: observamos que, aunque baje la demanda de un producto, no necesariamente baja el precio.

Y los gobiernos Progresistas o Populares, que tienen la convicción ideológica de atacar esa carrera injusta entre precios y salarios, no logran ser eficaces de un modo sostenido, recalando o en controles estatales que generan mercados negros o en críticas de autoritarismo diversas, solventadas por grupos de presión interesados, mediante la generalidad de las vías mediáticas existentes.

Cualquiera sea la razón que se exponga, el resultado es único: el Poder real económico mantiene sus ganancias, el fenómeno de concentración de la riqueza y carencia de mecanismos sinceros de redistribución de la riqueza se acentúa. El paradigma del “fifty fifty” de los 70, de participación del salario en la Renta Nacional, se aleja. Sólo observando la evolución del salario en dólares, desde 2015 hasta 2019 se constata el fenómeno. Aunque la pérdida es constante cualquiera sea el parámetro de comparación.

Una de las pruebas, que por los caminos ortodoxos no llegaremos a pisos mínimos de Justicia Social y Humanismo propios del Siglo XXI; es que se atrasa discursivamente tanto que muchos siguen anhelando volver a 1910 en que “éramos el sexto País del mundo”. Lo que no se aclara es que ese parámetro medía una cuantía exportadora primaria suculenta que ingresaba quizás a los bolsillos de 1000 familias argentinas; y que el pueblo argentino estaba más hambreado que hoy. Lo que actualiza y ratifica que EL CAMPO NO SOMOS TODOS. Ello no implica desconocer la importancia de su actividad, pero en su justa medida.

Ante ello algo debemos hacer. Así; este escrito no es más que un papel de trabajo, un disparador provocativo para que; los que corresponda, tomen la posta y le pongan la ciencia, la técnica y la decisión política necesarias, formulen una acción concreta, que debería ser ejecutada con la conducción de todos los sindicatos argentinos, sin distinción alguna: en este punto TODOS, DEBERÍA SER TODOS.

Digo; por los sindicatos, atento a que su objeto fundamental es la defensa de los intereses de los trabajadores; y estos se entienden como todo cuanto se relacione con las condiciones de vida y de trabajo de ellos; debiendo ser la acción sindical un removedor de los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador (arts. 2 y 3, ley 23551); o no será nada. Y vaya si el tema precios – salarios es un escollo para la mayoría del Pueblo.

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN SINDICAL POSTULADA:

Imagino tres momentos.

1. El primero, de análisis técnico y riguroso, contando con la participación de profesionales especialistas, que siempre actúen en representación de sindicatos, asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, hoy constitucionalizadas en el artículo 43 de la Carta Magna; y/u otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la economía popular; en tanto sus fines comulguen con los objetivos de esta acción sindical.

Requerimiento de información a organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, competentes por razón de la materia precios y su formación.

Evaluación de toda la información relevada, arribando a una conclusión técnica, valiosa o disvaliosa, respecto del o de los precios de uno o varios productos o servicios concretos y determinados.

2. La o las conclusiones sobre el o los precios injustos o arbitrarios, debe elevarse periódicamente a una autoridad sindical política centralizada a nivel Nacional y Provincial. Esta autoridad, con todo el respaldo orgánico institucional sindical, divulgará suficientemente los fundamentos que sustentan la conclusión sobre precios injustos o arbitrarios para ese momento, en el ámbito nacional o provincial, según corresponda.

3. Junto con un programa de amplia e intensa divulgación, se propiciará el BOICOT, aconsejando no comprar, el o los productos o el o los servicios determinados; hasta que esa misma autoridad sindical política centralizada, informe que los precios se readecuaron a lo que los equipos técnicos consideren precios justos o razonables. También se podrá informar sobre productos o servicios sustitutos, a partir de la opinión técnica de profesionales y/u organizaciones, por razón de la materia.

CONDICIONANTE FUNDAMENTAL DE LA EFICACIA DE LA MEDIDA:

Debe hacerse una amplísima labor de concientización y divulgación sobre la eficacia de un BOICOT. El carácter defensivo de esta medida por parte de la sociedad, ante agentes económicos inescrupulosos; y el objetivo de repeler el daño económico de los precios injustos o arbitrarios, hasta el punto de lograr que los precios en cuestión se pongan en niveles justos o racionales.

También educar sobre que, ante el atropello de un poder económico indebido, existe el derecho de resistencia a esa opresión, que debe llegar, mediante una conducta masiva y sostenida; hasta el quebranto del agente económico, si este no declina su insaciable avaricia. O si reincide en su proceder.

El conjunto de la sociedad en acción también son EL MERCADO, y así como un día se construyó esa ley del mercado que siempre hace ganar a los agentes económicos fuertes; debemos ejecutar socialmente esta nueva Ley del MERCADO, que en verdad busca un equilibrio justo.

FUNDAMENTOS PRELIMINARES:

El principio fundamental del artículo 19 de la CN, establece que todo lo que no está prohibido por la Ley está permitido. En tal línea se deben encuadrar las específicas acciones sindicales lícitas, que están expresamente previsionadas en la Ley 23551, a lo largo y ancho de su texto y espíritu de garantía de la libertad sindical, pero de un modo especial, en la norma del artículo 5 inciso d), que establece como derecho de los sindicatos: “…realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. …”

La acción sindical que postulo en este papel de trabajo, para que la desarrollen los técnicos que saben y quienes tienen el poder político sindical; además de ser lícita; es un verdadero acto de resistencia a la opresión del Mercado.

Nota: Para los desprevenidos o ligeros en la apreciación, el Boicot postulado nada tiene que ver con el delito tipificado en el artículo 158 del Código Penal Argentino. Acá hay divulgación, fundamentación y promoción de una accionar sindical colectivo. No existe violencia alguna por parte de un trabajador respecto de otro trabajador.

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