En medio de un clima de descontento social y tensiones económicas, varios dirigentes de la seccional Mendoza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) quedaron imputados por “entorpecimiento de la vía pública”, por lo que denuncian que la Justicia y el Gobierno provincial intenta criminalizar la protesta social.
Según informaron desde la organización sindical, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, la adjunta Adriana Iranzo, Roberto Podio y Romina Castro, están acusados de violar durante las protestas en 2022, el artículo 194 del Código Penal argentino, que castiga con penas de prisión de entre 3 meses y 2 años.
Los abogados que defienden a los sindicalistas argumentaron que las manifestaciones fueron ordenadas, evitando interrumpir el flujo vehicular en áreas públicas, y que la imputación no es más que “un intento de criminalizar la legítima lucha por derechos laborales”, utilizando el artículo 194 como base legal para reprimir las medidas de fuerza.
“Estas acciones representan una peligrosa tendencia hacia la criminalización de las manifestaciones, afectando a quienes lideran la lucha por mejoras salariales y laborales en un país donde la inflación y el ajuste económico han exacerbado las tensiones sociales”, señalaron en un comunicado.
Cabe destacar que el próximo 8 de octubre se espera que un juez resuelva las nulidades planteadas por la defensa, lo que podría llevar al caso a juicio formal, lo que ha desatado un debate más amplio sobre el derecho a la protesta social en un contexto de crecientes ajustes económicos.
Además, el gremio señaló que los fiscales Fernando Giunta y Darío Tagua, encargados de la acusación, tienen vínculos con el gobierno provincial, lo que ha generado sospechas sobre la imparcialidad del proceso, atacando el legítimo reclamo de los trabajadores y pudiendo redefinir los límites de la protesta social y su legitimidad.
