Diputados del PRO visitaron SanCor y amenazaron con encarcelar a los trabajadores en huelga

Los legisladores nacionales del PRO de Santa Fe, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz arribaron a la sede central de SanCor para amenazar y agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de “delincuentes” y afirmando que “no van a parar hasta verlos en la cárcel”.

Razzini es una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB). Los tres dirigentes cuentan con el aval de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno nacional.

En un comunicado titulado “Éramos pocos y llegó la casta”, el Cuerpo de Delegados del Personal de SanCor apuntó con los diputados: “estos vulgares agitadores, que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza».

Según relataron los trabajadores, los legisladores confesaron que «hace poco se interesaron por el tema SanCor, cuando los trabajadores en conflicto que luchan por su sueldo tienen toda una vida trabajando en la empresa» y dijeron»que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito, cuando vemos diariamente tanto en los Concejos Deliberantes de cualquier municipio, en las legislaturas provinciales y en el Honorable Congreso de la Nación las tremendas discusiones y acusaciones de todo tipo y calibre entre diputados/as y senadores/as calificándose unos a otros de tira bombas, traidores a la patria, coimeros, apretadores, etc., etc. y hasta con intentos de irse a las manos”.

Por otra parte señalaron que “estos personajes consideran a las y los trabajadores, ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo”.

Los legisladores del PRO señalaron su pertenencia al MEAB, cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto «contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga» que es un derecho constitucional.

Por último, consigna el comunicado de los delegados y del personal de SanCor que “demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras; a querer hacer política con la leña de un árbol caído. Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes”.