El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación y la AFIP, inspeccionaron días la fábrica de pizzetas y panificados Malú de la localidad de Burzaco. Se detectó más del 60% de trabajadores “en negro”. Además, el 40% restante había sido registrado recién en marzo de este año.
Por otro lado, desde el gremio que conduce Luis Hlebowicz resaltaron que los empleados y las empleadas estaban en condiciones laborales de evidente explotación y que los empleadores adeudan las cargas de todo tipo. Las inspecciones se realizaron en ambas plantas de la Fábrica Malú cuyo nombre fiscal es Panificadora Santa Monica SRL. Participaron ocho inspectores de la AFIP y cuatro del Ministerio de Trabajo del operativo que relevó datos de más de 40 trabajadores.
En estas inspecciones se registró que la antigüedad de los trabajadores y las trabajadores de estos espacios fabriles está entre dos y cinco años. Además, el sindicato recibió información acerca de amenazas de despido que recibió el personal de fábrica para que no declaren que son trabajadores de la firma. Desde el gremio sostuvieron que “al sector empresario no le pedimos más de lo que es justo”, en referencia al reclamo que llevan adelante para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La batalla contra la indiferencia empresarial
En un comunicado, la organización gremial explicó que una de las principales batallas que afronta el sindicato es contra la informalidad laboral. «El sector empresarial, lejos de asumir que son los actores principales en este problema, intentan justificar sus acciones. Frente a las irregularidades encontradas, Pasteleros exige que el empresariado no naturalice las acciones que no respetan los derechos laborales», señalaron.
La institución aseguró que en el último tiempo se intensificaron los controles en todos los lugares de trabajo de los afiliados y afiliadas, ya que además, hay empleadores que registran parcialmente a los empleados, con contratos de media jornada que ocultan una jornada completa. «Esto para evadir el pago de cargas sociales en detrimento del derecho de los trabajadores. Este tipo de acciones repercuten en la calidad de vida de miles de personas, ya que desfinancian el sistema solidario de salud y dificultan el acceso a un salario digno», sostuvo Pasteleros.